El abogado general, España y la patente unitaria

21 noviembre 2014

La entrada en el Congreso del Proyecto de Ley de Patentes corre paralela a la controversia relativa a la patente europea con efecto unitario, cuyo Reglamento está en espera de entrar en vigor, en fecha aún incierta por estar lejos del número de ratificaciones necesarias.
En ese contexto, han visto la luz esta semana las conclusiones del abogado general Sr Yves Bot en los Asuntos C-146/13 (Reino de España contra Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea) y C-147/13 Reino de España contra Consejo de la Unión Europea referidos respectivamente a la aplicación y al establecimiento de una “cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria”: en definitiva la aprobación del Reglamento a pesar de la oposición española -e italiana- por la existencia de una discriminación lingüística, al preverse que la solicitud de patente unitaria pueda presentarse en alemán, inglés o francés y en caso de hacerlo en otro idioma requiera traducción a una de estas. La opinión del Sr Bot es contraria a la posición española, y señala que (C-147/13, número 50) “aunque el régimen lingüístico elegido implica efectivamente una restricción del uso de las lenguas, persigue un objetivo legítimo de reducción de los costes de traducción”. Como es sabido, el TJUE sigue con mucha frecuencia las conclusiones del abogado general.

En fin, justo la semana pasada, en feliz coincidencia temporal con las últimas novedades, tuve ocasión de asistir a las conferencias de los profesores Massaguer y Garcia Vidal referidas respectivamente al Anteproyecto de Ley de Patentes y al Reglamento 1260/2012, ambas en el marco de la V Jornada de Barcelona de Propiedad Industrial y aunque desde luego estoy muy lejos de ser un experto en la materia me considero ahora un usuario (bien) informado.

Aprobado por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Patentes

15 noviembre 2014

A falta de que vea la luz el texto del Proyecto, y podamos compararlo con el Anteproyecto -del que presumiblemente no se apartará en exceso- podemos ver la nota de prensa oficial:

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE PATENTES

Moderniza la legislación para fomentar la innovación, el emprendimiento y la internacionalización de las empresas.
El objeto principal es fortalecer el sistema español de patentes, al pasar de un marco en el que lo importante era fomentar la iniciativa de patentar a un nuevo marco en el que se quiere primar la actividad verdaderamente inventiva, innovadora y novedosa.
Se simplifican los procedimientos y se adapta la normativa al marco internacional de propiedad industrial, con lo que se favorece la internacionalización de las empresas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley que revisa el marco legal de la propiedad industrial en España mediante una profunda renovación de la Ley de Patentes de 1986, vigente hasta la fecha. El objeto principal es fortalecer el sistema español de patentes, pasando de un marco en el que lo importante era fomentar la iniciativa de patentar a un nuevo marco en el que se quiere primar la actividad verdaderamente inventiva, innovadora y novedosa.

Para ello, se pasa de patentes “débiles”, que generan a menudo burbujas tecnológicas, alta litigiosidad y monopolios injustificados, a patentes “fuertes”, comparables a las de los sistemas internacionales y países industrializados. También se simplifican los procedimientos y se adapta la normativa al marco internacional de propiedad industrial, favoreciendo la internacionalización de las empresas.

Aspectos principales

El Proyecto de Ley de Patentes clarifica y simplifica el procedimiento de concesión de la patente, que siempre conllevará un examen previo. Además, se adapta la normativa española al ámbito comunitario y a otras normas y tratados internacionales.

Por otro lado, se fomenta la iniciativa emprendedora mediante la reducción de un 50 por 100 de la tasa para la obtención de una patente para los emprendedores.

Las patentes se hacen más fuertes, lo que significa que siempre llevarán un examen previo que acredite que la invención es nueva, inventiva y tiene aplicación industrial. Si no se cumplen estos requisitos, no se concederá la patente, desapareciendo las “patentes débiles”, patentes “curriculares”, que existían hasta ahora, sin examen previo.

Los modelos de utilidad, para invenciones menores, también se fortalecen. Se amplía su ámbito a los productos químicos y se modifica su régimen mediante el requisito de novedad mundial. Además, se garantiza su solidez mediante la exigencia del informe sobre el estado de la técnica prejudicial.

Por último, se incluyen expresamente entre los títulos de protección los Certificados Complementarios de Protección, o CCP, título de propiedad industrial que extiende por un plazo máximo de cinco años la protección otorgada a una patente de un producto farmacéutico o fitosanitario, para compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercialización.

Beneficios del nuevo marco legal

La creación de una patente fuerte supone importantes beneficios:

Para la competencia: evita monopolios injustificados, ya que no se dan la protección y el derecho de exclusividad que la patente supone, salvo que se justifique realmente la novedad y altura inventiva.
Para los ciudadanos: se garantiza la seriedad de las patentes, y se simplifican los procedimientos, reduciendo las cargas administrativas.
Para la Administración y los Tribunales: se evita la sobrecarga de la Administración al no tener que tramitar patentes de escasa calidad técnica, y de los Tribunales, ya que no se otorgarán monopolios injustificados.
Para la imagen de la patente española, que se fortalece y equipara a los sistemas de propiedad industrial más avanzados.

Otro de los beneficios de la nueva Ley de Patentes tiene que ver con la seguridad jurídica, ya que se aclara el marco normativo, al adecuarlo a las novedades técnicas y adaptarlo al nuevo marco internacional.

Por último, se incentiva la protección de la innovación por parte de Pymes y emprendedores, al disminuir el coste del procedimiento para obtener una patente.

Y hoy una de escisión

12 noviembre 2014

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La RDGRN de 21-10-2014 trata de manera muy amplia un buen número de cuestiones referidas a la escisión. De la mera lectura de los hechos se deduce su interés.

[...][S]e elevaron a público determinados acuerdos sociales de «Invertia Praxis, S.A.», adoptados el día 15 de mayo de 2014 en la junta general universal (constituida por dos socios, titulares cada uno de ellos de acciones que representan el cincuenta por ciento del capital social) por los cuales se escinde totalmente, con división y traspaso de la totalidad de su patrimonio, en la proporción indicada, a dos sociedades anónimas de nueva creación («Invertia Brick, S.A.» y «Edicta Capital, S.A.»). En dicha escritura se expresa por el órgano de administración que, al haber sido aprobada la escisión por unanimidad en junta general universal, conforme al artículo 42 de la Ley de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, por remisión del artículo 73 de la misma Ley, no se presentó el proyecto de escisión en el Registro Mercantil para su depósito ni requirió publicación. Igualmente, manifiesta que, conforme al artículo 78 bis de dicha Ley, no ha sido necesario elaborar el balance de escisión, informe de administradores ni de expertos independientes, porque las acciones de las sociedades de nueva creación se atribuyen a los socios de la sociedad que se escinde proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital social de ésta. Asimismo, por «Invertia Brick, S.A.» se acuerda crear una sucursal en Polonia, con designación de sus representantes.

De los siete defectos se confirman los cinco primeros. Veamos, simplificando en lo posible en qué consistía la discusión (como la anterior sobre prestaciones accesorias, es difícil resumir una Resolución de 16 páginas). Lo haremos esencialmente a base de extractos (naturales, claro).

1.“Es necesario acreditar que se haya realizado por experto independiente el correspondiente informe sobre la valoración del patrimonio no dinerario que ha sido transmitido a las sociedades anónimas beneficiarias”.

“El recurrente alega que tal informe es innecesario porque, a su juicio, así resulta de la letra del artículo 78 bis de la Ley 3/2009″.

“El criterio del registrador debe ser confirmado si se lleva a cabo una interpretación literal, lógica, sistemática y finalista de las normas objeto de debate”.

2. “Necesidad de que el otorgante manifieste, bajo su responsabilidad, que el deber de información recogido en el artículo 39 LME se ha cumplido, no sólo respecto de los socios, como se expresa en la escritura, sino también respecto de los representantes de los trabajadores, y específicamente sobre el hecho de que no han sido restringidos los derechos de información que corresponden a los representantes de los trabajadores, o en su defecto, a los trabajadores, sobre la escisión pretendida, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo”.

“Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral (por ejemplo, artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no implica que en la elevación a público de los acuerdos de escisión así como para inscribirlos pueda omitirse cualquier referencia al cumplimiento de las obligaciones y respeto de los derechos a que alude la Ley 3/2009. Así resulta de lo dispuesto en el artículo 227.2 Reglamento del Registro Mercantil, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas…», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun cuando el Reglamento del Registro Mercantil no se ha adaptado a la Ley 3/2009, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el citado artículo 39.1 también respecto de los trabajadores. Por lo demás, esta conclusión no queda empañada por el hecho de que el recurrente afirme que en su escrito de impugnación que «ni uno solo de los diez trabajadores de la sociedad escindida está contratado en España, sino en la sucursal polaca», pues, a falta de una manifestación del otorgante de la escritura calificada acerca de la inexistencia de trabajadores de la sociedad escindida, el registrador debe exigir la declaración debatida, sin que le corresponda analizar si es o no aplicable el Estatuto de los Trabajadores, ni las consecuencias de su cumplimiento o incumplimiento”
.

3. “No cabe que el capital social de las sociedades beneficiarias se haya desembolsado mediante aportaciones dinerarias, sin perjuicio de que, adicionalmente, los socios puedan realizar aportaciones dinerarias a la sociedad a cambio de las correspondientes acciones. Esta objeción debe ser confirmada. Como ha quedado antes expuesto, en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (art. 59.1 LSC). A tal efecto, el legislador establece determinadas cautelas cual es la exigencia de acreditación suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones como requisito previo a la inscripción (arts, 62 y 63 LSC). Como puso de relieve [...] la RDGRN 3-4-1991, la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su propio patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital social de la compañía, el cual, como fondo de responsabilidad que es, debe tener una correspondencia mínima con las aportaciones realmente hechas, integrantes del patrimonio social. Las cautelas legalmente previstas respecto de las aportaciones no dinerarias están especialmente encaminadas a conjurar el peligro que siempre encierran éstas de traducir en cifra de capital prestaciones ficticias o valoradas con exceso. Además, por virtud de la escisión objeto de recurso se produce una sucesión universal en los bienes, derechos y obligaciones mediante «traspaso en bloque» por la vía de la «sucesión universal» (artículos 68 y ss. LME). En las beneficiarias, se ha decidido un aumento de capital social instrumental a la incorporación de los socios de la escindida. La exigencia de la integridad del capital requiere que el patrimonio en que se sucede, calculado a valor real (o, mejor razonable), cubra en su integridad el importe del capital y de la prima de fusión, de naturaleza análoga a la de emisión y de asunción. Es bien sabido que, por exigencias de Derecho comunitario, la verificación del experto no solo se refiere al íntegro desembolso del capital sino también de la prima de emisión que se fije como contrapartida de la aportación no dineraria (art. 67.2 LSC). Así las cosas, por mucho que se argumente por el recurrente que la cifra en que se aumenta el capital social queda cubierta por el importe dinerario que se aporta por los socios y se acredita mediante certificación bancaria, resta por saber si, valorado en su conjunto la aportación dineraria y el resto de lo aportado y verificado todo ello por el experto, queda cubierto el valor asignado al capital social, al objeto de evitar, que como consecuencia de un valor negativo de la aportación de cada parte del patrimonio de la sociedad escindida, el total patrimonio de cada una de las beneficiarias sea inferior a su capital social”.

4. “El registrador considera que no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal que de una de las sociedades beneficiarias se crea. Aunque se trate de una sucursal en Polonia, no pueda compartirse el criterio del recurrente, pues el artículo 296.1 RRM es terminante al disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la sociedad (art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción figura la identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión de sus facultades (art. 297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el artículo 38.1.3.º del citado texto reglamentario que exige la constancia de la mayoría de edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción.

5. “Fecha de efectos contables de la escisión”. Según el acuerdo de escisión –de 15 de mayo de 2014– tales efectos contables se entenderán producidos desde el 1 de julio de 2014. El registrador considera que la fecha de retroacción contable sólo puede ser la fecha de inicio del ejercicio por tratarse de una escisión entre empresas del grupo.
No cabe la menor duda de que en el supuesto contemplado –escisión total de anónima en favor de dos anónimas beneficiarias de nueva creación y atribución de las acciones de las beneficiarias a los socios de la escindida y en la misma proporción preexistente– no estamos ante lo que el PGC, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, califica de «combinación de negocios» sino ante «operaciones entre empresas del grupo» a que se refiere la norma de registro y valoración (NRV) 21.ª PGC [...]. Efectivamente, en atención a la naturaleza económica de la operación, es obvio que las dos unidades de negocio en que se escinde totalmente la sociedad «Invertia Praxis, S.A.», se traspasan a sociedades beneficiarias participadas por los mismos socios que lo eran de «Invertia Praxis, S.A.», y exactamente en la misma proporción. No se produce una «adquisición» de negocio toda vez que los mismos socios siguen siendo titulares en la misma proporción del patrimonio que se transmite a cada una de las beneficiarias con la única particularidad –de exclusiva trascendencia jurídica– de que antes cada socio tenía antes en su patrimonio acciones de una sociedad y ahora tiene acciones de dos sociedades… en la misma proporción. Conjuntamente, los mismos socios siguen controlando ambos «negocios» como ejercían su poder de dirección conjunto antes sobre el patrimonio agregado de las unidades escindidas. El propio Instituto de Contabilidad de Cuentas tiene reiteradamente declarado en sus consultas acerca de los efectos contables de la fusión o escisión que para la aplicación de la norma de registro y valoración 21.ª no es necesario que se dé un presupuesto de existencia de grupo en sentido técnico-contable (según el artículo 42 C.com. y las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas). Así las cosas, resulta de aplicación lo que se dice en la norma de registro y valoración 21.ª en su apartado 2.2.2. Fecha de efectos contables según la cual: «En las operaciones de fusión y escisión entre empresas del grupo, la fecha de efectos contables será la de inicio del ejercicio en que se aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubieran incorporado al grupo (…)». En consecuencia, y como tiene declarado el propio Instituto de Contabilidad en su Consulta publicada en el Boletín [...] número 85/2011, Consulta 13, «independientemente de que la sociedad beneficiaria de la escisión sea una sociedad preexistente u otra de nueva creación, la fecha de efectos contables será la de inicio del ejercicio salvo que el negocio adquirido se hubiere incorporado al grupo durante el mismo, en cuyo caso, la fecha de efectos contables será la fecha de adquisición». Ciertamente, desde una perspectiva jurídica –habida cuenta de que la inscripción de la escisión en el Registro Mercantil es constitutiva– la escisión sólo y exclusivamente produce efectos jurídicos frente a terceros una vez esté inscrita. Ahora bien, el hecho de que la beneficiaria sólo adquiera su personalidad jurídica con la inscripción registral no es óbice a que se lleven apuntes contables por cuenta de ella incluso en relación con las operaciones realizadas antes de la inscripción. De hecho, el registro contable de los efectos retroactivos de la operación se realiza de conformidad con lo previsto en el criterio regulado en el apartado 2.2 de la norma de registro y valoración 19.ª en cuanto sea aplicable. A saber: las obligaciones registrales (de practicar apuntes contables) previstas en el artículo 28.2 C.com se mantienen en la escindida hasta la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil y en la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, cada una de las sociedades beneficiarias reconocerá los efectos retroactivos de la escisión a partir de la fecha de efectos contables que es el inicio de ejercicio. Por todo lo anterior, procede confirmar la nota de calificación del registrador en los términos de la misma y en relación con la fecha de efectos contables de la escisión
.

Los dos últimos defectos, en cambio, no son confirmados

“No puede ser confirmado el defecto sexto en cuanto a la exigencia de las menciones 9.ª y 10.ª que, según el artículo 31 de la Ley 3/2009, debe contener el proyecto de escisión, al que se remiten los acuerdos (información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas de la sociedad escindida que se ha utilizado para establecer las condiciones en que se realiza la escisión). Al tener la sociedad escindida y las beneficiarias los mismos socios con idéntica proporción en el capital social de las tres sociedades, y además haberse adoptado el acuerdo por unanimidad, se trata de un supuesto asimilable a la escisión de sociedades íntegramente participadas (cfr. artículos 52.1 y 73 de la Ley 3/2009), por lo que, por aplicación del artículo 49 de la misma Ley, la operación puede realizarse sin necesidad de incluir en el proyecto de escisión esas dos menciones debatidas. La razón en que en tal supuesto, aparte la cobertura del capital social no existe problema relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de la participación de cada socio y la existencia de acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas carece de interés. Por lo que se refiere a la mención 11.ª del referido artículo 31, es cierto que exige que el proyecto de escisión incluya el eventual impacto de género de la operación de escisión en los órganos de administración. No obstante, habida cuenta de las circunstancias concretas del caso debatido, en que el administrador único de la sociedad escindida es el administrador único de las dos sociedades beneficiarias de nueva creación, resulta evidente que dicho impacto no existe, por lo que tal extremo no puede constituirse en obstáculo a la inscripción solicitada. Y, respecto de la incidencia en la responsabilidad social de la empresa debe tenerse en cuenta que según la letra de la norma sólo se trata de una mención necesaria en el caso en que dicha incidencia exista porque la sociedad de que se trata tenga una determinada política de responsabilidad social empresarial, que como resulta del artículo 39 de la Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, es voluntaria en casos como el presente”.

“Respecto del último defecto, aun cuando en la escisión es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el artículo 74.1 LME, deben tenerse en cuenta la consideraciones expresadas en el anterior fundamento de Derecho sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se transmite, por lo que el defecto, tal como ha sido expresado en la calificación, debe ser revocado”.

De nuevo sobre las prestaciones accesorias: la RDGRN de 25-9-2014

10 noviembre 2014

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La RDGRN de 25-9-2014 trata extensamente sobre una interesante prestación accesoria, que ejemplifica además las ventajas de su empleo para sociedades de cierta sofisticación estatutaria, en la que existe conciencia de las posibilidades de personalizar la sociedad para adaptarla a las necesidades o la conveniencia de sus socios. Como sucede a veces la redacción de la prestación accesoria es algo farragosa y a veces técnicamente imprecisa, como por ejemplo al decir: “las participaciones [...] disponen (sic) de prestaciones accesorias vinculadas a la condición de socio” o referirse a “su poseedor”.

La cláusula estatutaria discutida dice: Además de lo anterior, las participaciones 3.051,00 a la 4.575,00, ambas inclusive, disponen de prestaciones accesorias vinculadas a la condición de socio. Dicha prestación accesoria obligará a su poseedor a la prestación de servicios, ya sea mediante contrato laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad comercial en México y en España en los años 2014, 2015 y 2016, donde deberá desarrollar una cifra de negocios cumulativa de 500.000,00 €. La prestación accesoria creada tendrá una validez de 4 años desde su creación. Finalizados los 4 años, la prestación accesoria se extinguirá, y la condición de socio se equiparará al resto de participaciones. La prestación accesoria vinculada a las participaciones aquí enumeradas no será retribuida. El incumplimiento tanto obligatorio o involuntario de la prestación será causa de exclusión. En caso de incumplimiento voluntario se otorgará al socio facultad de separación. Será necesaria la autorización del órgano de administración o de la Junta de Socios para la transmisión de participaciones con prestación accesoria. En los supuestos aquí regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación. En la determinación del valor de transmisión de las participaciones con prestación accesoria adquiridas, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: – Se tomará como valor de transmisión el que resulte de aplicar al valor de adquisición, un incremento anual del 1 % hasta la fecha de transmisión. – La valoración de las participaciones, a falta de pacto entre las partes, será realizada por un experto independiente nombrado por la sociedad».

Se incluye en la Resolución -y vale la pena leerlo- el acuerdo adoptado por la junta, lo que viene justificado “por exigencias del guión” (sobre todo por su trascendencia en relación al primero de los defectos). A modo de ejemplo: “el incumplimiento de la prestación será causa de exclusión, si se trata de un incumplimiento obligatorio o involuntario, o de separación, si se trata de incumplimiento voluntario, en atención a la más reciente jurisprudencia del TS de 14-3-2013”.

Los defectos invocados son seis. Se confirman tres y se acepta el recurso en los demás. Intentaremos, haciendo un esfuerzo, simplificar un poco sin dejarnos nada.

1. “Discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta general y el texto del modificado artículo estatutario, tanto respecto del contenido de la prestación como en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento”. El defecto debe ser confirmado. “El artículo 86 LSC [...] exige que [...] se exprese su «contenido concreto y determinado» De ello se deduce la necesidad de un especial rigor en la determinación de ese contenido. Y si bien no debe excluirse la posibilidad de establecer una prestación de contenido determinable, será necesario que se establezcan las bases o criterios que permitan hacerlo de suerte que otorguen la debida claridad y seguridad a las relaciones entre los interesados [...]” “Pero lo que no es admisible es que esa determinación del contenido de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se realice en el propio acuerdo de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. Indudablemente, los socios pueden concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido de las prestaciones accesorias necesariamente deben trasladarse a los estatutos”.

Se añade además que “resuelta dicha cuestión, no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es objeto únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluya en la regulación estatutaria de las prestaciones accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el crédito del socio separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos establezcan el reembolso «in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la aplicación analógica de lo dispuesto para la cuota de liquidación (arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo demás, puede interesar tanto al socio como a la propia sociedad”.

2.No se expresa de una manera concreta y determinada en los estatutos, «tal como exige el artículo 86 LSC, el contenido de la prestación accesoria, tanto en su vertiente de «prestación de servicios» como en el de «actividad comercial», y, además, el desarrollo que de esta última se hace en el acuerdo segundo de la Junta, luego no se recoge en el precepto estatutario». En determinación estatutaria de la prestación accesoria se indica únicamente que obliga «a la prestación de servicios, ya sea mediante contrato laboral o de servicios [vide supra para el resto]». Habida cuenta de la imposibilidad de tener en cuenta las precisiones contenidas en el acuerdo de la junta general no incluidas en la regulación estatutaria, el defecto debe ser también confirmado, pues adolece de la claridad exigible de toda disposición estatutaria y, al referirse a la prestación de unos servicios y realización de actividad comercial que no especifica, infringe la exigencia de concreción del contenido de la prestación accesoria que impone el artículo 86 LSC(distinto sería si, por ejemplo, se limitara a indicar que se trata de servicios y actividad comercial propios de las actividades que integran el objeto social). No obstante, no puede confirmarse la objeción del registrador respecto del hecho de la existencia de dudas sobre el período de duración de la prestación, pues interpretando la cláusulas estatutarias unas por otras y en el sentido más adecuado para que produzcan efecto (arts. 1284 y 1285 C.c) resulta compatible la disposición por la que se señala un plazo de duración de la prestación accesoria de cuatro años con la fijación de una duración de la actividad comercial de tres años, de modo que aquel se trata de una plazo máximo que se aplicaría en toda su extensión únicamente para la prestación de servicios”.

3. «El párrafo primero del acuerdo tercero de la Junta plantea dudas sobre si la prestación accesoria va vinculada a la titularidad de participaciones sociales o a la cualidad de socio…». Con independencia de la claridad u oscuridad de dicho acuerdo de la junta general, lo que debe examinarse para decidir acerca de la inscripción solicitada es la definición estatutaria de la prestación accesoria, según ha quedado anteriormente expuesto, y en este aspecto la disposición de los estatutos no deja lugar a dudas al especificar que «las participaciones 3.051,00 a la 4.575,00, ambas inclusive, disponen de prestaciones accesorias vinculadas a la condición de socio» y añadir a continuación que es «su poseedor» el obligado a dicha prestación.

4. Se “rechaza la previsión según la cual la transmisión de participaciones con prestación accesoria requiere «la autorización del órgano de administración o de la Junta de Socios». El artículo 88 LSC dispone que será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria por actos «inter vivos» de las participaciones sociales que lleven vinculadas prestaciones accesorias y, salvo disposición estatutaria en contra, atribuye dicha competencia a la junta general. Ahora bien, si se tiene en cuenta el ámbito reservado por el legislador a la libre autonomía de la voluntad negocial en orden a la configuración del régimen de funcionamiento y organización de la sociedad (cfr. artículo 28 LSC) no cabe entender que una disposición estatutaria como la debatida resulte inadmisible, pues ni se opone a las leyes, a falta de norma que expresamente lo prohíba, ni a los principios configuradores de la sociedad limitada. Esta conclusión no queda empañada por el hecho de que, como afirma el registrador, pueda existir el riesgo de solicitud de autorización a ambos órganos sociales, pues entra dentro del margen de la autonomía de los socios la hipótesis de libertad de la transmisión en el caso extremo de que sea autorizada por cualquiera de los órganos a los que se hubiera solicitado, sin perjuicio de las consecuencias que en el ámbito interno pudiera tener la discrepancia entre los mismos.

5. “No cabe atribuir a un experto nombrado por la sociedad la competencia para valorar las participaciones del socio que se separa o del excluido, por entender que el artículo 353 LSC, que atribuye dicha facultad al auditor de cuentas distinto al de la sociedad designado por el registrador Mercantil competente, es imperativa. El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía estatutaria, sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad..

La DGRN, citando las Resoluciones de 28-1-2012, 2-11-2010 y 19-8-2011 concluye que (pongo comillas aunque la frase está algo editada): “con base al principio de autonomía de la voluntad pueden admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales, pero han de rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del «contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el artículo 1256 C.c. En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través del experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración”.

6. Finalmente se rechaza inscribir «en los supuestos aquí regulados que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad para su inmediata amortización, extinguiéndose por tanto la prestación [porque] parece obligar a la sociedad a adquirir las participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa de exclusión o separación, lo cual contrasta con el artículo 358 LSC, que exige la previa autorización de la Junta General para que las participaciones sean adquiridas por la sociedad». “El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más adecuado para que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las normas sobre adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del artículo 140 LSC, de la que resulta que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere inexcusablemente el acuerdo de la junta general”.

Las Resoluciones de hoy: prestaciones accesorias, retribución de administradores y derecho de oposición en una escisión

7 noviembre 2014

Entre la catarata de resoluciones que publica el BOE de hoy (más de 20, firmadas aún por el anterior director) las tres que tienen por objeto calificaciones de registradores mercantiles son especialmente interesantes. Lo son por los temas que tratan y lo son porque dos de ellas estiman el recurso plenamente y la otra de manera parcial.

La de 25-9-2014, que es también la más extensa -10 páginas- resuelve cuestiones relativas a prestaciones accesorias. Resolución muy interesante por lo ejemplificativa (esta es ideal para un caso práctico), que confirma la calificación en algunos de los aspectos pero la revoca en otros. Me referiré a ella en una entrada posterior.

La de 26-9-2014 revoca la denegación de inscripción de la cláusula «El cargo de Administrador será retribuido con una cantidad máxima de hasta 124.484,04 € brutos anuales. Dicha retribución será automáticamente revisada cada año, conforme al Índice de Precios al IPC.» Dice la DGRN que “se cumplen debidamente las exigencias que para la inscripción en el Registro Mercantil exige el artículo 217 LSC: la cláusula estatutaria determina que el órgano de administración será retribuido y que el sistema de retribución será una cantidad anual, cantidad respecto de la que se establece un máximo actualizable conforme a la evolución del IPC. Una previsión semejante no establece en estatutos la cuantía concreta y determinada que haya de devengarse a favor del órgano de administración por lo que, sin necesidad de pronunciarse sobre la eventual validez de una cláusula que así lo hiciera, no cabe sino afirmar que se ajusta exactamente a las previsiones del artículo 217 LSC en cuanto determina el criterio (el máximo de cantidad), al cual debe ceñirse la decisión de la junta general o como dice el propio artículo «de conformidad con lo previsto en los estatutos»

La de 15-10-2014 se refiere a las consecuencias de la oposición de un acreedor en una escisión por segregación: a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el Registro Mercantil el ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente en los términos previstos en el inciso final del artículo 44 de la Ley 3/2009.

Hay otra más, de 13-10-2014 en que el registrador de la propiedad se suspende la inscripción de una escritura de compraventa otorgada una SRL en concurso.

La (pen)última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

6 noviembre 2014

Ya está en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La Ley entra en vigor el 1 de enero de 2015 salvo unos supuestos específicos establecidos en la Disposición Final Quinta en los que se difiere aún mas. ¡La vacatio legis existe!

Empezamos por explicar el título:

Disposición final cuarta. Reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, realizará los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento. Con vistas a esa reforma deberán evaluarse, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la gestión colectiva de derechos, el régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y naturaleza del regulador.

Unas ideas de la reforma tomadas directamente de la Exposición de Motivos

- Se incorporan las Directivas Comunitarias 2011/77/UE y 2012/28/UE (respectivamente sobre protección del derecho de autor y de determinados derechos que modifica la de 2006 y sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas)

- Se introducen reformas al régimen de la compensación equitativa por copias realizadas para uso privado (complejo por el mecanismo de financiación pero también por las modificaciones del art. 31.2 LPI: Al dejar de quedar amparadas por el límite de copia privada, estas reproducciones, cuando carezcan de autorización, devienen ilícitas y no podrán ser objeto de la compensación equitativa).

- Modificaciones relativas a “la excepción relativa a la cita y reseña e ilustración con fines educativos o de investigación científica, principalmente en lo relativo a la obra impresa”.

- Reformas relevantes relativas a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (“En consecuencia, resulta oportuna la anticipación de medidas para subsanar las principales de estas deficiencias, quedando diferida a una próxima ley una eventual revisión en profundidad del conjunto del sistema”)

- “El siguiente grupo de medidas tiene por objeto mejorar la eficacia de los mecanismos legales para la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital”

En primer lugar, resulta necesario adaptar la vía jurisdiccional civil (vamos, que se reforma la LEC)

En segundo lugar, se procede a establecer unos criterios claros (ponga aquí un emoticono de gran sorpresa) [en el texto refundido] respecto de los supuestos en que puede producirse responsabilidad de un tercero que incurre en una infracción de derechos de propiedad intelectual. Este tipo de supuestos son especialmente comunes en el entorno digital, en el que las conductas vulneradoras cometidas por determinados sujetos son a menudo posibilitadas y magnificadas por la intervención de terceros cuya conducta excede en ocasiones de una mera intermediación o de una colaboración técnica, pasando a constituirse en modelos de negocio ilícitos fundamentados en el desarrollo de actividades vulneradoras de terceros a quienes inducen en sus conductas, con quienes colaboran o respecto de cuya conducta tienen facultades de control. Por ello, se procede a establecer unos elementos legales básicos para enjuiciar la licitud de estas conductas. En este sentido, se prevé que será responsable como infractor quien induzca dolosamente la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor.

En fin, […], la siguiente medida consiste en acometer una revisión del procedimiento de salvaguarda […]se dota a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de reacción frente a las vulneraciones cometidas por prestadores de servicios de la sociedad de la información que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada que le sean dirigidos por aquélla, incluyendo la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad y previendo la posibilidad de bloqueo técnico, debiendo motivarse adecuadamente en consideración de su proporcionalidad y teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance. Asimismo, se prevé que, en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada, los prestadores que vulneren derechos de propiedad intelectual sean sancionados administrativamente.

Por otra parte, se incluyen expresamente en el ámbito de aplicación de este precepto a los prestadores de servicios que vulneren derechos de propiedad intelectual, en la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica, pues dicha actividad constituye una explotación conforme al concepto general de derecho exclusivo de explotación establecido en la normativa de propiedad intelectual. Lo anterior, sin embargo, no afecta a prestadores que desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser, entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o cuya actividad no consista en facilitar activa y no neutralmente la localización de contenidos protegidos ofrecidos ilícitamente de manera indiciaria o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros.

Las reformas varias, pendientes y corrientes, de la Ley de Sociedades de Capital

31 octubre 2014

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Parafraseando el célebre artículo del Profesor Girón Tena debemos decir ahora corrientes en vez de andantes, porque esto va a una velocidad vertiginosa. Se encuentra ya en el Senado -y ahora sí ya en su fase final- la reforma de la LSC. En este último paso se han presentado 97 enmiendas aunque ninguna del Grupo Popular.

Como si fuera una carrera de relevos, ya está en marcha la siguiente: se presenta el Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial en el que se preve una reforma de amplio alcance del régimen de las obligaciones

De aquella mala redacción legal vinieron estos lodos

31 octubre 2014

No tengo el dato exacto, pero me da la impresión de que las cuestiones relativas al depósito de cuentas figuran -sucediendo a las sociedades profesionales- ahora mismo como las más tratadas por la DGRN. Hemos visto otros ejemplos recientes en los que a una reforma legal con deficiencias técnicas le sucede una catarata de Resoluciones.

La Resolución de 2-10-2014 constituye un buen ejemplo

La única cuestión que se plantea en este expediente consiste en determinar qué criterios son de aplicación a una sociedad que presenta para su depósito las cuentas correspondientes al ejercicio 2013, cerrado el día 31 de diciembre, para determinar si puede o no formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados. La cuestión se plantea porque la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, dio nueva redacción al artículo 257 LSC que a partir de su entrada en vigor (29 de septiembre de 2013), tiene el siguiente contenido:

[...] La cuestión se centra por tanto en determinar si para el depósito de las cuentas formuladas y aprobadas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31-12-2013 deben aplicarse los límites de la nueva norma o, si por el contrario, deben tenerse en cuenta los límites anteriores en relación a las cuentas del ejercicio 2012.

Es preciso partir de que la modificación llevada a cabo es de aplicación a los ejercicios cerrados con posterioridad al día 29 de septiembre de 2013 por estar vigente desde ese momento y ser la fecha de cierre la que determina la norma aplicable. La afirmación anterior no resuelve empero la cuestión pues es preciso determinar si los límites que la norma contiene vienen referidos no sólo al ejercicio cerrado después de su entrada en vigor sino también al ejercicio cerrado durante la vigencia de la norma antigua.

El registrador accidental explica en su informe, puesto que de la nota de calificación no resulta con la claridad necesaria, que ha considerado aplicables los límites al ejercicio cerrado el 3-12-2012 conforme a la norma entonces vigente, superándolos la sociedad en cuanto al total activo y al importe neto de la cifra de negocios y que comprobadas las cuentas del ejercicio cerrado en 2011 también se superaron los límites entonces aplicables, concluyendo que no se reúne el requisito de que durante dos ejercicios consecutivos no se hayan superado los límites legales.

La calificación no puede sostenerse porque siendo indiscutible que la norma vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 es la que resulta de la reforma llevada a cabo por la Ley 14/2013, son los límites que la misma contiene los que han de servir de referencia para determinar si la sociedad puede o no formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados en relación a los dos últimos ejercicios cerrados. Para la determinación de esta circunstancia la LSC establece unos límites que vienen referidos al momento de la fecha de cierre del ejercicio a depositar y que, en consecuencia, son de aplicación tanto a dicho ejercicio como al anterior. Así se deduce de la propia literalidad del precepto cuando afirma que los límites que se establecen deben reunirse «a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes». Son pues los límites «siguientes», los vigentes en el momento en que las cuentas a depositar se cierran, los que deben ser de aplicación sin perjuicio que referidos a los datos contables de cada uno de los períodos a considerar y que son los determinados por su respectiva fecha de cierre. No hay por tanto dos normas aplicables sino sólo una, la vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 que establece los límites aplicables a los datos relativos a la fecha de cierre de ese ejercicio y al anterior para determinar si la sociedad puede acogerse, como ocurre, al beneficio de formular las cuentas de modo abreviado.

En mi opinión este era un “caso fácil”, en el que probablemente haya contribuido a la confusión la existencia de una RDGRN previa que ahora se rectifica:

“Es cierto que la Resolución de 1-6-2011 llega a otra conclusión pero lo cierto es que la doctrina entonces expuesta no puede mantenerse y no sólo porque refiere la determinación del cumplimiento de los requisitos al cierre de tres ejercicios cuando la norma lo hace a dos sino, sobre todo porque: a) la Ley vigente al cierre del ejercicio cuyo depósito de cuentas se solicita quedaría sin aplicación hasta al menos un ejercicio posterior a su entrada en vigor; b) se estaría aplicando una norma no vigente sin que exista previsión de aplicación transitoria, y c) se estaría posponiendo sin justa causa el efecto más beneficioso que la Ley vigente ha previsto desde su entrada en vigor”
.

Esta semana tenemos dos ejemplos de lo que decía al principio. Una avance de la problemática que aborda la Resolución de 4-10-2014 de la que hablaremos -o no- próximamente: La cuestión sobre la que versa este expediente ha sido objeto de una dilatada doctrina de este Centro directivo que es de aplicación al supuesto planteado. En concreto se trata de dilucidar si procede o no el depósito de cuentas de una sociedad sin acompañar informe de verificación cuando, en relación al ejercicio a depositar, se ha solicitado por socio minoritario nombramiento de auditor y, al tiempo de la presentación de las cuentas, no existe una decisión firme al respecto . Si quieren saber el final, la DGRN confirma la calificación.

Una de lugar de celebración de la junta, otra de cese de administrador y una más de baja en el índice de entidades

27 octubre 2014

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Las tres Resoluciones de la DGRN referidas a cuestiones societarias que aparecen en el BOE de hoy tienen en común a mi juicio -además de que en los tres casos se ratifica el criterio de los registradores- el hecho de resolver casos fáciles: supuestos en los que existe reiterada y reciente doctrina de la propia DGRN resolviendo en el mismo sentido que ahora.

La de 27-9-2014 resuelve sobre un supuesto en que la sociedad ha sido dada de baja en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda. No hay discusión (solo cabría discutir si es una norma eficaz o adecuada pero no sobre su claridad): el artículo 131.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho índice, excepción que el artículo 96 del Reglamento del Registro Mercantil hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad judicial.

La de 29-9-2014 se refiere a una escritura de renuncia al cargo de administradora única de una SRL en la que consta que dicha renuncia se ha notificado fehaciente a la sociedad pero no se ha acreditado la convocatoria de la junta general para nombrar nuevo administrador. No cabe, como alega la recurrente, entender que la notificación a la sociedad implica una solicitud implícita a los socios para que convoquen la junta general. Se repasa la doctrina de la DGRN y la evolución desde una primera fase en la que obligaba a continuar desempeñando el cargo hasta que se reuniese la junta general a una en la que basta con una convocatoria formal de la junta incluyendo en el orden del día el nombramiento de nuevos administradores.

Por último, la de 30-9-2014 también resuelve un tema claro: no se acepta la modificación estatutaria que pretende establecer que «las Juntas serán convocadas por los Administradores (por los Liquidadores si la Sociedad estuviese ya disuelta y en fase de liquidación) y se celebrarán en la provincia donde la Sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social». La cláusula presenta dos defectos distintos: “por un lado el lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe estar referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una ciudad o un pueblo“.

En fin, se recuerdan precedentes cercanos: para el primer caso “es doctrina reiteradísima de esta Dirección General (Resolución de 16-2-2013, por todas), la necesidad de que el contenido de los estatutos sociales, en cuanto norma interna de la sociedad, esté debidamente determinado de modo que tanto socios como terceros puedan conocer su ámbito y actuar en consecuencia en un razonable ámbito de previsibilidad [...]“. y para el segundo: “obedece a lógica de las cosas como entendieron las Resoluciones de 6-9-2013 y 14-10-2013) [...] la previsión de los estatutos al amparo del artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para convocar donde tengan por conveniente pues implicaría consagrar la posibilidad de alteraciones arbitrarias del lugar de celebración (vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1989) y, en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado el domicilio social“.

El doctorado en los tiempos del ébola

22 octubre 2014

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado ha empezado a desplegar plenos efectos este curso -al menos en mi Universidad-. Al no entender las razones de algunas exigencias de nuestro propio programa me voy al RD. Naturalmente, la culpa de todo es del RD. Solamente leyendo el artículo 2 ya vemos algunas de las características del nuevo sistema: lenguaje vacuo (ni aquí nos libramos de esa boberia de las competencias y habilidades), mayor burocratización (documento de actividades: cuidado que si Savigny hiciera una tesis y no pudiera acreditar que ha hecho determinados cursillos seguramente no podría leerla), introducción de elementos perturbadores (la figura del tutor), etc, etc (¿o debería decir ECTS, ECTS?).

El texto del RD habla por si mismo.


Artículo 2. Definiciones.
1. Se entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.
2. Se denomina programa de doctorado a un conjunto de actividades conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención del título de Doctor. Dicho programa tendrá por objeto el desarrollo de los distintos aspectos formativos del doctorando y establecerá los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de tesis doctorales.
3. Tiene la consideración de doctorando quien, previa acreditación de los requisitos establecidos en el presente real decreto, ha sido admitido a un programa de doctorado y se ha matriculado en el mismo.
4. Se entiende por Escuela de Doctorado la unidad creada por una o varias universidades y en posible colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, nacionales o extranjeras, que tiene por objeto fundamental la organización dentro de su ámbito de gestión del doctorado, en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar.
5. Se entiende por documento de actividades del doctorando el registro individualizado de control de dichas actividades, materializado en el correspondiente soporte, que será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado a que se refiere el artículo 8.3.
6. El Director de tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando, en los términos previstos en el artículo 12 de esta norma.
7. El tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los programas y, en su caso, de las Escuelas de doctorado.
8. La comisión académica de cada programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa.

Me molesta especialmente esa tendencia a regular de manera exhaustiva cuestiones simples: incluso para regular la duración (3.2) -ya se ve el tipo de tesis que tiene en mente el legislador- se crea la regla, la excepción, el matiz a la excepción y la pirueta final. También me parece bastante sorprendente en el 3.1 ese destino final de elaborar y defender una “tesis doctoral que incorpore resultados originales de investigación”. Sobre la duración, por cierto ya había hablado aquí. Cualquier excusa es buena para hablar de The Wire.

Artículo 3. Estructura.
1. Los estudios de doctorado se organizarán a través de programas, en la forma que determinen los estatutos de las universidades y de acuerdo con los criterios establecidos en el presente real decreto. Dichos estudios finalizarán en todo caso con la elaboración y defensa de una tesis doctoral que incorpore resultados originales de investigación.
2. La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.
No obstante lo anterior, y previa autorización de la comisión académica responsable del programa, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.
Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la comisión responsable del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional, en las condiciones que se hayan establecido en el correspondiente programa de doctorado.
En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional.
A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.
Asimismo, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período máximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la comisión académica responsable del programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por el doctorando.

El artículo 5 es otro ejemplo de …. (ponga usted aquí lo que quiera)

Artículo 5. Competencias que debe adquirir el doctorando.

1. Los estudios de doctorado garantizarán, como mínimo, la adquisición por el doctorando de las siguientes competencias básicas así como aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior:
a) Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
b) Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
c) Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
d) Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
e) Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
f) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Termino, por no agotar al lector, con dos ejemplos más. El 11.5 y el 11.8

5. Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere el artículo 2.5 de este real decreto. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando según regule la universidad, la escuela o la propia comisión académica y será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado a que se refiere el artículo 8.3.

8. Las universidades establecerán las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de programas de doctorado.

Iba a titular esto Josef K., doctorando. Empezaba así: “Alguien debió de haber engañado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana se encontró matriculado en un doctorado”. Pero Kafka no merece verse mezclado en esto.


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