Una de plagio y competencia desleal

22 septiembre 2014

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La interesante Sentencia de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 13 de marzo de 2014 revoca la sentencia de instancia y declara la existencia de plagio de un catálogo de una gran superficie de bricolage (Brico Depôt) por parte de un competidor (Bricomart). Añade además, en aplicación de la cláusula general del artículo 5 (ahora 4.1) de la Ley de Competencia Desleal que se incurre en un supuesto de deslealtad.

El Juzgado Mercantil había rechazado los argumentos de la actora, que calificaba el catálogo como obra protegida por el art. 10.1.a de la LPI y sostenía que la demandada se apropiaba y aprovechaba de su labor creativa y esfuerzo intelectual y además alegaba que se incurría en una conducta desleal. Solicitaba además una indemnización de daños y perjuicios consistente en la remuneración que hubieran percibido si la demandada hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual. La demandada por su parte negaba que el catálogo fuera un producto sofisticado, singular o complejo, sostenía que las similitudes y coincidencias no eran mayores que las existentes en relación a otros catálogos del sector y defendía que no es una obra protegible por la LPI por no tratarse de obra literaria o del lenguaje ni original. Negaba la existencia de plagio y de actos de competencia desleal y en consecuencia no procedía indemnización alguna. La Sentencia de instancia desestima la demanda.

El recurso, que es aceptado en su práctica totalidad, reitera la existencia de infracción de derechos de autor y de actos de competencia desleal, considerando que existen errores en la sentencia de instancia en la aplicación de la normativa, así como falta de congruencia interna en la Sentencia y falta de valoración de todas las pruebas propuestas y practicadas por las demandantes. La SAP en una primera parte que comparto plenamente, declara que el catálogo es protegible (no se dice expresamente y no estoy del todo seguro pero por la manera en que se expresa esta Sentencia parece que la de Instancia -que no he podido localizar- lo negaba). Además, basándose en el exhaustivo informe preparado por el perito de la actora -y desestimando completamente el presentado por el perito designado judicialmente a propuesta de la demandada- es contundente a la hora de declarar la existencia del plagio. Me parece especialmente ilustrativo en esta sentencia la manera en la que se acogen los argumentos de la actora en base al informe de un perito y la forma en que se desestima totalmente el informe de otro. Magnífico ejemplo de la importancia de un buen informe pericial (del que se reproduce una buena parte y que en mi opinión resulta muy convincente: cfr. págs 4 a 7 de la Sentencia).

La Sentencia hace a continuación un buen análisis de la función de la cláusula general de la LCD (la actora en todo momento parece que se refiere únicamente a la cláusula general, evitando el recurso a la invocación de conductas al aluvión) y donde tal vez podría haber sido más sólido es en el momento de trasladar el argumento general al caso concreto: “A tenor de la doctrina que acabamos de exponer, consideramos que el hecho de plagiar el catálogo de Brico Depôt, instrumento fundamental de publicidad de los bienes y productos que oferta esta empresa, es objetivamente un acto contrario a las exigencias de la buena fe. La demandada no oferta al público sus productos por medios de publicidad de características propias, claramente diferenciados del medio de comunicación que utiliza la actora, como hacen otras empresas de la competencia, sino que para su estrategia de publicidad se aprovecha del esfuerzo ajeno, utiliza el instrumento básico de la estrategia de marketing de Brico Depôt para, copiando su modelo en lo esencial y fundamental, presentar al público un catálogo similar, que no contiene innovación o característica original alguna en cuanto a su estructura, formato, diseño, organización u ordenación en relación con el catálogo de la actora. De esta forma concurre en el mercado mediante una conducta publicitaria carente de mérito alguno, pues lo que hace es sacar provecho de la capacidad creativa, de la originalidad y, en definitiva, del mérito ajeno. Esta conducta significa un aprovechamiento del esfuerzo y la originalidad creativa ajena, contraria a las exigencias de la buena fe objetiva”.

Finalmente, en materia de indemnización también se tiene en cuenta de manera muy significativa el informe del perito de la actora a la hora de fijar la indemnización: “[...] se deduce que la inversión directa en la realización del catálogo desde el año 2003 a la fecha del informe en julio de 2007, fue de 1.401.585 #. [...] [E]l perito Sr. Valentín considera que la licencia ha de ser por un porcentaje significativo del coste y valor de la obra licenciada que sería entre el 40% y el 60%. Pues bien, a tenor de este informe estimamos que la licencia debe valorarse en el coste mínimo del margen que declara el perito (560.634 #), ya que no se analizan ni disponemos de datos de esas otras variables que según el informe podrían hacer fluctuar el valor de la licencia“.

Esperando ver las enmiendas al Proyecto de Ley de reforma de la LSC

16 septiembre 2014

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Después de ampliarse hasta siete veces el plazo para la presentación de enmiendas ¿será esta la buena?. Los aficionados al Derecho de sociedades esperamos que sí. Lo sabremos pronto

How Not To Email Your Professor

15 septiembre 2014

The first mistake was having the account “cartmanrulez99.” The second mistake was absolutely everything else.

Vía DIGG

Cancelar una inscripción de poder en el Registro Mercantil requiere la intervención de la administración concursal de la sociedad poderdante (RDGRN 24-7-2014)

10 septiembre 2014

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Con las Resoluciones de la DGRN pasa un poco lo mismo que con la célebre frase de Tolstoi al principio de Ana Karenina: Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Las Resoluciones que confirman la calificación serían, por supuesto, como esas familias felices. Las otras suelen ser más interesantes. Después de la sequía de agosto el BOE de hoy nos trae una lluvia de Resoluciones: hay 15, 4 de ellas de registradores mercantiles, las cuatro pertenecientes a la categoría de familias felices: una sobre depósito de cuentas, otra sobre operación acordeón y la mayoría necesaria para acordarla, una tercera sobre revocación de poderes y la última referida a certificación de junta emitida por persona distinta de la que consta en el Registro como titular de la facultad certificante.

Después de sorteo -celebrado ante Notario, claro- decido comentar brevemente la segunda, de 23 de julio de 2014, pero al leerla detenidamente veo que según la DGRN el supuesto es en esencia idéntico -de hecho es la misma sociedad- al que dio lugar a la RDGRN de 20-12-2013 que ya comentamos aquí. De modo que me voy a a tercera: la RDGRN de 24 de julio de 2014 que se plantea y se responde en términos sencillos, sin las complicaciones de las familias infelices.

“La única cuestión que se debate en este expediente consiste en determinar si para la cancelación de una inscripción de poder en el Registro Mercantil es precisa la intervención de la administración concursal de la sociedad poderdante habida cuenta de su situación de concurso”.

“La respuesta no puede ser más que afirmativa. La Ley Concursal sujeta el conjunto de las relaciones patrimoniales del deudor concursado a una serie de limitaciones que tienen por finalidad la salvaguarda de la masa activa y la satisfacción ordenada de la masa pasiva. Por lo que se refiere a la masa activa, la limitación consiste en la intervención de sus facultades patrimoniales por parte de los administradores concursales (fuera de los supuestos en que la limitación implica la total privación de facultades patrimoniales y su sustitución por los administradores concursales). Así resulta de lo establecido en el número 1 del artículo 40 de la Ley Concursal que afirma: «En caso de concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de estas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad». Por su parte el número 6 del
mismo artículo dice lo siguiente: «La intervención y la suspensión se referirán a las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso y, en su caso, a las que correspondan al deudor de la sociedad o comunidad conyugal». La intervención del conjunto de relaciones patrimoniales del deudor se complementa con la medida fuertemente limitativa prevista en el artículo 43.2 de la Ley: «Hasta la aprobación judicial [...]“

“De lo dicho hasta ahora se siguen dos importantes consecuencias jurídicas: La primera que la situación de concurso del deudor no es inocua para las relaciones de apoderamiento que el órgano que tenga atribuido el poder de representación de la sociedad tenga conferidas con carácter voluntario; bien al contrario quedan sujetas al mismo régimen de limitaciones que se predican del órgano del que derivan. En segundo lugar, que la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (artículo 36 de la Ley).
De aquí se deriva inevitablemente que la administración concursal está obligada a conocer y ejercer un control sobre los apoderamientos vigentes y también sobre lo no vigentes comprendidos dentro del plazo previsto en la Ley. En definitiva, no puede el titular del poder de representación de la sociedad como administrador o liquidador ejercer las facultades inherentes a su poder para otorgarlo a terceros sin la intervención del administrador concursal pero tampoco para revocarlo. De lo contrario quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que corresponda en beneficio de los acreedores sociales”
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La nueva reforma concursal -la de septiembre de 2014- (¡y el aplazamiento -dos años más- de la entrada en vigor del 348 bis LSC!)

9 septiembre 2014

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Si Von Kirchmann levantara la cabeza vería que su célebre frase “tres palabras rectificadoras del legislador bastan para convertir bibliotecas enteras en basura” (en alemán impresiona aún más: drei berichtigende Worte des Gesetzgebers, und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur) sigue teniendo -tal vez más que nunca- vigencia absoluta. El Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal -ya en vigor- se centra especialmente en el convenio y en la liquidación y supone un complemento al Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial que se dirigía fundamentalmente a mejorar el régimen jurídico de los convenios preconcursales.

La reforma afecta a numerosos preceptos y merece un análisis pormenorizado. En concreto afecta a los artículos 43, 75, 90, 93, 94, 100, 121, 122, 124, 134, 140, 148, 148, 149, 155 y 167 (y se añade un 146 bis: especialidades de la transmisión de unidades productivas). Además están las consabidas -y en este caso cruciales- disposiciones transitorias y adicionales. Como puede imaginarse, afecta a cuestiones diversas, algunas como la definición de “personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica” que pueden tener una trascendencia más allá de la propia Ley concursal -también hay una referencia al valor razonable en el nuevo artículo 94.5 a la que auguro al menos 15 minutos de fama-.

En fin, llama la atención que el artículo 348 bis LSC -sí, sí, ese- vuelve a quedar en estado durmiente.

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

La disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes términos:

«Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta ley.»

No es lo mismo la doctrina del agotamiento que el agotamiento de la doctrina

4 septiembre 2014

Los cursos con el plan de Bolonia son más largos. Este año, y no es el primero, empezamos las clases antes que los estudiantes de primaria y secundaria. Entre repescas y trabajos de final de grado este mes de julio los pasillos de la Facultad estaban más concurridos que antes. Por razones de organización y diseño de los grados también se ha perdido esa estupenda costumbre universitaria de ser el único sitio donde las horas duraban cuarenta y cinco minutos, lo que tenía a mi juicio pleno sentido por ser el periodo de tiempo más adecuado para mantener la concentración del que habla y de los que escuchan (no en vano los partidos de fútbol duran 45 minutos en cada tiempo, pues no es posible mantener la concentración del espectador durante más rato). Esa duración era ideal bajo el ancien régime. Ahora hay maratones de tres horas (se supone que sin pausa -já-). Es verdad que el planteamiento nuevo implica que la dinámica es distinta. El diseño parece vagamente inspirado en una especie de modo tertulia con moderador donde la gente -como en las tertulias de verdad- habla sin tener mucha idea. Al menos ese es el diseño. En la práctica los estudiantes participan cuando han podido trabajar previamente en base a unas ideas, han podido manejar materiales diversos -legislación, doctrina, jurisprudencia- y han sido colocados previamente en un contexto. Cualquier día nos encontramos que el profesor es rebautizado como contextualizador, y se nos va a prohibir ir más allá y aportar ideas. Y pobre del que de los buenos días sin haberlo puesto previamente en la guía docente y el cronograma de la semana.

En fin, para que el título no se quede en un mero juego de palabras podemos traer aquí lo que venía a tratar inicialmente. Una reciente STS sobre el agotamiento entre otras cosas. La comentamos otro día, que hay que reservarse. Suerte que nos queda agosto y las baterías están ahora al máximo de carga.

Agrupación de Interés Económico, concurso de uno de los socios y derecho de separación

1 agosto 2014

La RDGRN de 1 de julio de 2014 plantea una cuestión en torno a una AIE, algo no excesivamente habitual. El problema está claramente identificado y es muy concreto: “si la declaración de concurso de una de las sociedades integrantes determina la separación del socio siendo inscribible dicha circunstancia sin que conste el consentimiento unánime de los socios”.

Después de una breve caracterización de la AIE (no creo demasiado exacto calificarlas como “una variedad de las sociedades colectivas”) y destacar su carácter personalista, entra a referirse a la separación apuntando la distinción establecida por la Ley entre separación voluntaria (art. 15) y no voluntaria (art. 16) “La condición de socio se perderá específicamente [...] o cuando se declare su concurso, quiebra o suspensión de pagos”.

Dice la DGRN: “es indiscutible que: a) El concurso, fallecimiento o disolución del socio persona jurídica supone la pérdida de la condición de socio. b) La falta de mantenimiento de las condiciones exigibles para ser socio o la concurrencia de otra causa prevista en los estatutos supone la pérdida de la condición de socio”. En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar basada en la concurrencia de la causa legalmente establecida. En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el consentimiento de los otros socios por aplicación de las reglas generales (artículo 10.3), sino que además debe salvaguardarse el derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición jurídica si no presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme”

Concluye diciendo “Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una causa objetiva, legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del contenido del Registro Mercantil” y declarando que el recurso debe prosperar.

La Ley de Navegación Marítima

25 julio 2014

Después de diversos intentos en los que los Proyectos presentados acababan ampliando indefinidamente los plazos para presentar enmiendas y acababan decayendo, esta vez ha sido la buena. El BOE de hoy publica la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. Tiempo habrá -y gente mucho más autorizada- para valorar la bondad de esta reforma. Mi impresión general en otros Proyectos que había repasado con mayor detalle era que la Ley era bastante consciente de sus limitaciones (convenios internacionales, contratación estandarizada a nivel internacional que hace ocioso establecer regulaciones muy exhaustivas de determinadas instituciones …) y por ese motivo era merecedora de aplauso. Tengo curiosidad por ver si respecto a versiones anteriores se ha superado una inercia de regular la contratación como si estuviéramos en el siglo XIX o en el primer tercio del XX (el papel, el papel).

El día que una Ley se publica en el BOE, del mismo modo que hay quien empieza leyendo el periódico por la sección de deportes o haciendo el crucigrama, yo tengo por costumbre -incluso antes de leer el índice o la Exposición de Motivos sobre todo en casos como este en que hay antecedentes suficientes y tengo una idea bastante aproximada de lo que va a decir- leerme las últimas páginas: las Disposiciones adicionales, transitorias, finales, derogatorias-

En este caso, encontramos además de la demolición íntegra de una de las plantas que quedaban casi intactas del viejo edificio que es el Código de comercio de 1885, todo el libro III (y los artículos 19.3, 951 a 954) una referencia que indica que vienen curvas, o marejada en este caso: Se habilita al Gobierno para que en el plazo de tres años proceda a refundir en un único texto, y bajo el título «Código de la Navegación Marítima», las leyes reguladoras de las instituciones marítimas, regularizando, aclarando y armonizando la presente ley con el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, y con todos aquellos convenios o tratados internacionales sobre materias de Derecho del mar que pudieran entrar en vigor en España antes de culminarse la refundición.

Convocatoria de junta: régimen estatutario y modificación legal sobrevenida (además: sobre el envío de la convocatoria al domicilio del socio fallecido)

22 julio 2014

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(visto en The Guardian)

La RDGRN de 23 de mayo de 2014 resuelve dos cuestiones referidas a la convocatoria de una Junta general: “la primera hace referencia a si, constando en los estatutos una regla específica de convocatoria, está válidamente convocada la junta cuando no se sigue dicho procedimiento en base a determinada habilitación prevista en otro precepto estatutario. La segunda se refiere a si, constando al administrador convocante el fallecimiento de uno de los dos socios, actúa conforme a derecho al convocar mediante escrito dirigido al domicilio del causante que constaba a la sociedad“.

Sobre la primera cuestión la RDGRN se remite a su Resolución de 1 de octubre de 2013.

[...]“los estatutos sociales son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad”.

[...]“si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley [...]. Se excepciona el supuesto en que la norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. Resoluciones de 9 de febrero de 2012 y 11 de febrero de 2013 en el ámbito específico de la convocatoria de junta)”
.

“[...]el sistema estatutario de convocatoria coincide con el legalmente previsto para el supuesto de que la sociedad carezca de página web creada, inscrita y publicada. Siendo indiscutible la validez de la previsión estatutaria al carecer la sociedad de página web en los términos exigidos por el artículo 11 bis LSC, no cabe sino concluir que para la sociedad a que se refiere este expediente, y en tanto no se modifiquen sus estatutos, no cabe otro sistema de convocatoria de la junta que el previsto en el artículo 11 de sus estatutos transcrito más arriba”.

Como reiteradamente ha afirmado esta Dirección General (Resoluciones de 29 de abril de 2000, 11 de noviembre de 2002, 26 de febrero de 2004 y 16 de abril de 2005), la previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia [...]“.

En lo que se refiere a la segunda cuestión empieza la DGRN diciendo que “la inadmisión del primer motivo de recurso haría innecesario entrar en el análisis del segundo. No obstante esta Dirección General entiende oportuno llevar a cabo un pronunciamiento al respecto a fin de satisfacer el conjunto de las pretensiones del recurrente”.

El motivo de denegación era en este caso que “que el único socio convocado a la reunión es una herencia yacente, sin que se acredite el haberse hecho al legal representante de la misma, lo que sería contrario a lo dispuesto en los artículos 126 LSC y 398 CC“.

Dice la DGRN con carácter general que tratándose de convocatoria por medio de «comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios», el artículo 173.2 LSC exige que se lleve a cabo «en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad…». Cuando alguna o algunas de las participaciones sociales pertenezca a más de una persona en régimen de comunidad ordinaria o de otro tipo, la Ley les exige que designen a «una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» (artículo 126), entre los que se encuentra el derecho a ser convocado. Corresponde por tanto a la comunidad tomar las medidas precisas para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las participaciones sociales. Si como consecuencia del fallecimiento de un socio y en tanto no se haya llevado a cabo la partición pertinente, existe un conjunto de personas que ostentan derechos sobre las participaciones integradas en su patrimonio, les corresponde a ellos hacer saber tal circunstancia al órgano de administración de la sociedad a fin de salvaguardar sus derechos y designar la persona a quien corresponda su ejercicio de acuerdo al artículo 126. De no hacerse así, no puede imputarse a la sociedad las consecuencias de unos actos que corresponde realizar a terceros (pues aquélla puede desconocer el hecho del fallecimiento y quienes están llamados a la sucesión y en qué términos), por lo que en caso de convocatoria de junta el anuncio podrá ser remitido al domicilio que le constaba señalado al efecto o al que constase en la documentación de la sociedad tal y como contempla el artículo 173.

En el supuesto de hecho que ha provocado la presente, se da la circunstancia de que el socio administrador, sabedor del fallecimiento del otro único socio (su padre), lleva a cabo la comunicación de convocatoria en un domicilio que es, según resulta de la propia documentación presentada, aquél que constaba a la sociedad. Del expediente resulta que los eventuales herederos del socio fallecido no han realizado la designación prevista en el artículo 126 LSC.

Con independencia de que en un procedimiento ordinario con plenitud de medios de prueba y con la oportuna contradicción pudiera impugnarse la regularidad de la convocatoria, lo cierto es que en el estrecho ámbito en que se mueve la calificación de la registradora Mercantil, la actuación del administrador no es reprochable al haber llevado a cabo la convocatoria en el domicilio previsto legalmente. Procede en consecuencia revocar en este sentido el acuerdo de la registradora sin perjuicio de que la inadmisión del primer motivo de recurso suponga la confirmación de la nulidad de la convocatoria llevada a cabo y de la junta celebrada.

The lunchbox (Dabba)

16 julio 2014

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Este artículo de Javier Sampedro en El Pais el domingo pasado me puso sobre la pista. El artículo y la película -estrenada en España con el título en inglés, eso sí con el sustantivo lunchbox en minúscula- giran en torno al sistema de reparto diario de miles de tarteras en Bombay (yo nunca he usado esa palabra en mi vida: si acaso digo fiambrera, aunque también tupper y por influjo de mis hijos carmanyola).

El artículo, del que extracto solo una parte, merece leerse entero: “Su celebridad tiene mucho que ver con el estudio de la escuela de negocios de la Universidad de Harvard mencionado por el dabbawala de la película, que ha enaltecido al servicio de reparto como el más eficaz del mundo, con una tasa de error inferior a una de cada millón de entregas. Es lo que las escuelas de negocios conocen como “seis sigma”, una especie de nirvana de la actividad empresarial al que todos aspiran y del que casi nadie puede presumir. Ni siquiera Amazon, DHL o FedEx, que podrían considerarse los dabbawalas de la globalización. El sistema tiene 120 años de historia, y actualmente cuenta con unos 5.000 dabbawalas que, de alguna manera, logran distribuir 130.000 dabbas o tarteras desde el domicilio en que una mujer las prepara hasta la oficina en que su marido se las come; luego recogen las tarteras vacías y las devuelven al ama de casa. Todo ello con una puntualidad y precisión sobrecogedoras que, en efecto, han asombrado a los de Harvard, y pese a que cada tartera tiene que recorrer decenas de kilómetros y cambiar de manos tres o cuatro veces a través de un monumental embrollo de bicicletas, carritos y transbordos en el tupido y petado sistema de ferrocarriles que es el orgullo de la ciudad. La proeza resulta aún más asombrosa si se tiene en cuenta que casi ningún dabbawala sabe leer”.

Vista la película, también merece recomendarse. Es preferible verla después de comer o cenar para no pasarse el rato suspirando. Es imprescindible verla en versión original: los protagonistas intercalan el hindi -imagino- con el inglés. Y como sucede en el cine -para nosotros- más exótico, las voces y sonidos originales son fundamentales para meterse de lleno en esos mundos lejanos. Las entonaciones, las cadencias de las frases …


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