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¿Y Jaritos, que diría de todo esto?

19 noviembre 2010


Dentro del auge de la novela negra en Europa sigo a algunos personajes y a sus autores con mucho interés. Uno de ellos, el comisario Montalbano, creado por Andrea Camilleri. Otro es el comisario Jaritos, nacido de la imaginación de Pietros Markaris. Como dice hoy mismo Ian Rankin, creador de otro personaje espléndido, el Inspector Rebus, “lo principal en una novela negra no es el enigma a resolver. Es más interesante la forma de narrar lo que se esconde en una sociedad moderna y hacerlo enraizándolo en el lugar donde se desarrolla”. Noticias de la noche y El accionista mayoritario son dos títulos de la serie a través del que entendemos muy bien como funciona la Grecia de hoy día. El primero de ellos se desarrolla precisamente en el mundo de la televisión.

Todo esto viene a cuento de la Sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010 que decide sobre una multa impuesta a una sociedad por infringir la legislación y las normas deontológicas que regulan el funcionamiento de los canales de televisión. Haber leído a Jaritos me ha ayudado a entender mejor el contexto de esta Sentencia, estoy convencido.

Una Ley griega regula la concesión de autorizaciones para la creación, el establecimiento y la explotación de canales de televisión privados, así como una serie de cuestiones societarias. Se limita al 25 % el porcentaje máximo del capital social que puede pertenecer a una persona física o jurídica en una sociedad titular de una autorización para crear, establecer y explotar un canal de televisión. Toda transmisión de acciones que superen el 2,5 % del capital social debe notificarse. En el régimen sancionatorio, las multas previstas se impondrán conjunta y solidariamente a la sociedad y personalmente a su representante legal (o a sus representantes legales), a todos los miembros de su consejo de administración y a todos sus accionistas que sean titulares de más del 2,5 % de sus acciones.

Transcribo con bastante literalidad los argumentos más relevantes de la Sentencia, aunque me salto algunos párrafos mantengo comillas.

Por un lado se hace una afirmación bastante interesante: “Ni de la lectura de la Primera Directiva ni de una interpretación de ésta a la luz de su objeto o del Derecho de los Estados miembros resulta que dicha Directiva establezca una norma según la cual nunca puede ningún socio estar obligado en relación con una multa impuesta a una sociedad, en particular, en el supuesto de que esa multa se impusiera conjunta y solidariamente a una sociedad anónima y a ese socio”. Como decía en la entrada anterior, nosotros también tenemos Sociedades Anónimas donde se hace responsable a los accionistas de las deudas de la sociedad, las SAGEP.

En cambio, la medida sí se considera contraria tanto la libertad de establecimiento como la libre circulación de capitales. De una parte, se recuerda que según reiterada jurisprudencia, “el concepto de «restricción», en el sentido del artículo 49 TFUE, se refiere a las medidas que prohíben, obstaculizan o restan interés al ejercicio de la libertad de establecimiento. Asimismo, son «restricciones», las medidas nacionales que pueden impedir o limitar la adquisición de acciones en las empresas afectadas o disuadir a los inversores de los demás Estados miembros de invertir en el capital de éstas. La medida en cuestión produce un efecto disuasorio para los inversores y afecta así a su acceso al mercado de las participaciones en las sociedades, pues la medida nacional permite considerar que los accionistas de una sociedad anónima de televisión asumen una responsabilidad personal por las multas impuestas a esa sociedad a fin de que tales accionistas procuren que la sociedad de que se trate cumpla la legislación y las normas sobre deontología helénicas, mientras que las facultades que las normas aplicables al funcionamiento de los órganos de las sociedades anónimas reconocen a dichos accionistas no les dan la posibilidad material de conseguir el objetivo señalado. Además, aunque la medida sea aplicable indistintamente a los inversores helénicos y a los de otros Estados miembros, el efecto disuasorio de aquélla es más importante con respecto a los inversores de otros Estados miembros que con respecto a los inversores helénicos. En efecto, por cuanto el objetivo de la Ley es inducir a los accionistas a aliarse con otros accionistas para poder influir en las decisiones de la administración de la sociedad, aunque esta opción se imponga a todos los accionistas, es indiscutible que es mucho más difícil de cumplir por los inversores de otros Estados miembros, que están menos al corriente de las realidades de la vida de los medios de comunicación en Grecia (eso es porque no leen a Jaritos, añado yo) y que no conocen necesariamente los diferentes grupos o alianzas representados en el seno del capital de una sociedad titular de una autorización para crear, establecer y explotar un canal de televisión.”

Después de reiterar el argumento ya conocido de que “una restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales puede aceptarse si se demuestra que responde a razones imperiosas de interés general, es adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo” se añade que “como ha expuesto el órgano jurisdiccional remitente, el objetivo de la medida controvertida en el asunto principal es conseguir que las sociedades de televisión cumplan la legislación y la deontología de los periodistas a fin de, en particular, evitar que se atente contra el honor o la vida privada de las personas cuya imagen aparece en pantalla o cuyo nombre se cita. Se trata indiscutiblemente de un objetivo legítimo. En el acto de la vista, la Comisión consideró que ningún elemento de los autos permitía determinar por qué debía considerarse que un accionista que posee más del 2,5 % de las participaciones de una sociedad de televisión puede influir en la administración de la sociedad. Preguntado sobre el particular, el Gobierno helénico alegó que, en el momento de adoptarse la Ley nº 2328/1995, numerosos periodistas eran accionistas de este tipo, y que el objetivo de dicha Ley era, por una parte, fragmentar el capital social de las sociedades de televisión, al objeto de evitar que un solo accionista ostentara un poder demasiado importante y, por otra, incitar a los accionistas a agruparse para adoptar las decisiones relativas a los programas. A este respecto, aun cuando hubiera existido, al adoptarse la Ley nº 2328/1995, una correlación estadística entre la cualidad de accionista titular del 2,5 % de la participación en una sociedad de televisión y el oficio de periodista, tal nexo no era suficiente para considerar que la medida controvertida es adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue ni, especialmente, que no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.

Concluye el TJUE “que los artículos 49 TFUE y 63 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma nacional, como la que se discute, según la cual las multas previstas en los apartados anteriores de dicho artículo por violación de la legislación e infracción de las normas sobre deontología que regulan el funcionamiento de los canales de televisión deben imponerse no sólo a la sociedad titular de una autorización para crear y explotar un canal de televisión, sino también conjunta y solidariamente a todos los accionistas que sean titulares de un número de acciones que supere el 2,5 %”.

¿Pay per view para las Sentencias?

15 noviembre 2010

El diario Negocio del viernes 12 de noviembre publica una noticia inquietante: El CGPJ filtrará las sentencias a los medios. Sólo se divulgarán resoluciones puntuales para que se informe sobre la actualidad jurídica.

Transcribo íntegra la noticia para que cada uno saque sus propias conclusiones, pero desde luego a mí me parece una pésima noticia. Bastante mal estamos en cuestiones de transparencia de nuestros poderes públicos para que se restrinja un servicio que funciona de manera satisfactoria.

A lo mejor otro día hablo del secretismo en el proceso de elaboración de leyes, pero no quiero dejar pasar la ocasión de señalar lo absurdo de que haya documentos con el sello del Ministerio de Justicia, que circulan por pasillos y despachos y que durante un periodo incierto no ven la luz, para que sectores interesados -es decir, cualquiera- puedan pronunciarse sobre esas cuestiones. No sé si tendría éxito una Iurisleaks.

Ahí va la noticia.

“El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que “es el momento oportuno” para ordenar el acceso a las sentencias y resoluciones judiciales, y su reutilización a cambio de un precio público. NEGOCIO ha tenido acceso al futuro reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales, aprobado el 28 de octubre en un Pleno del CGPJ, que también regula la divulgación de las decisiones de los jueces a los medios de comunicación.

Publicación en el BOE. El reglamento, que se publicará en breve en el BOE, recoge el concepto de entidades reutilizadoras para referirse a las personas físicas o jurídicas que empleen las sentencias para crear un valor añadido y distribuirlas a terceras personas. En referencia a las editoriales jurídicas y empresas que gestionan por internet el acceso con valor añadido a las sentencias. Estas entidades deberán tener una licencia y pagar un precio público por cada resolución judicial. La prensa queda excluida de este pago al no considerar su actividad como de reutilización. Sin embargo, los gabinetes de comunicación del CGPJ o de los órganos judiciales colegiados –tribunales superiores de justicia y Audiencia Nacional- serán los encargados de divulgar a los medios de comunicación y a la prensa especializada aquellas sentencias u otras resoluciones judiciales de carácter “puntual”. Además se establece que su publicación por los medios de comunicación, incluida su difusión mediante páginas webs, se realizará “siempre que predomine en ellas la finalidad de informar sobre la actualidad jurídica”, dejando de lado la actualidad política o el interés social por un caso jurídico. De esta forma, el CGPJ y los tribunales de justicia, por medio de sus gabinetes de comunicación, divulgarán aquellas sentencias puntuales con la obligación del periodista de que predomine el fin de informar sobre la actualidad jurídica.

Licencias previas
. El Pleno de octubre del CGPJ, presidido por Carlos Dívar, parte de la premisa de que la reutilización de sentencias debe generar un precio público. La Ley 37/2007 sobre Reutilización de la Información del Sector Público es el fundamento de este reglamento del Poder Judicial. Sin embargo, aunque ni esta Ley ni la Directiva europea objeto de transposición exigen el cobro de un precio público, la normativa española autoriza su fijación para repercutir los costes de tratamiento de la información. El CGPJ considera una “responsabilidad presupuestaria” el cobro de un precio público por los costes que dan lugar a la recopilación, conversión de formato, eliminación de datos personales y puesta a disposición de las sentencias y otras resoluciones judiciales. Las empresas interesadas podrán solicitar el cálculo de los costes. El Centro de Documentación Judicial (Cendoj) desempeña un importante papel en la gestión de las sentencias por los potenciales reutilizadores. Con carácter ordinario pondrá a disposición de las empresas las resoluciones judiciales de cualquier tribunal, así como una selección de las dictadas por los jueces.

Jueces filtradores. Respecto a las sentencias que no se encuentren en el Cendoj a disposición del público serán objeto de una autorización individual. Además, queda prohibida la facilitación directa por tribunales y juzgados de sentencias y otras resoluciones judiciales para su reutilización. De hecho, quedan prohibidas todas las decisiones judiciales que no hayan sido obtenidas a través del Cendoj por las empresas reutilizadoras. Cuando un tribunal o juez facilite de forma directa las sentencias a los reutilizadores podrá ser sancionado por el CGPJ de acuerdo con las disposiciones legales. El reglamento crea dentro del CGPJ una comisión especial compuesta por tres vocales nombrados por un año por el Pleno del Poder Judicial. Este nuevo organismo asumirá todas las competencias en materia sancionadora sobre reutilización de sentencias. El acceso al Cendoj ha cambiado recientemente y sólo se autoriza la consulta de documentos para el uso particular”.

SAGEP: Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios

3 noviembre 2010

Cuando al legislador no se le ocurre nada recurre a la SA. Se hace con una confianza sorprendente en que los males, que son otros, se van a arreglar. La SA como técnica de organización universal. Recuerdo las afirmaciones excesivamente optimistas que se hicieron cuando se crearon las SAD. Casi 20 años después el fútbol sigue estando mal gestionado, hay una enorme burbuja, precios desorbitados y contratos hechos por gente que no se juega su dinero. Las SAD no parecen haber sido la solución mágica.

La Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general crea las SAGEP. El objetivo, reformar -una vez más- el régimen jurídico de los estibadores portuarios, o parte de él para ser más exactos. Por resumir, la falta de competencia en el sector, de la que ya hablamos otro día, se ha intentado resolver sustituyendo, entre otras medidas, a las Agrupaciones Portuarias de interés Económico y a las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba. Por cierto, si la otra entrada la ilustraba con una imagen de la película de Elia Kazan, aquí me remito a un clásico del siglo XXI: la serie The Wire, en concreto su segunda temporada.

Volviendo a la reforma, no quiero olvidarme de una cosa. La lectura del artículo 147 causa estupor: el legislador escribe en agosto de 2010 en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las Juntas Generales de Accionistas de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba que aún no se hubieran transformado en Agrupaciones Portuarias de Interés Económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, deberán acordar necesariamente su adaptación a las Sociedades Anónimas de Gestión de los Estibadores Portuarios (SAGEP) de las reguladas en el Capítulo I de este Título. Estupor que aumenta si nos vamos al texto del RD-L 3/2005, uno de cuyos dos artículos dice: Ampliación del plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico. Se amplía en 18 meses el plazo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general..

Mal vamos si las sociedades estatales son las primeras que incumplen.

En cuanto al régimen de la SAGEP, me voy a limitar a reproducir extractos de algunos artículos. Creo que eso es suficiente para llamar la atención sobre el tema y sobre las extrañas combinaciones que se dan en la SAGEPs. En negrita he puesto algunas perlas.

Como aficionado al derecho de sociedades, me siento un poco como un estudioso de una especie nueva, como en el chiste, un imposible cruce entre oso y hormiga. Esa especie de sociedad con puerta abierta sin capital variable, con el recurso a compraventas forzosas (que se admiten en las criaturas del legislador Frankensteins y en cambio se rechazan en casos pensados por los interesados cuando las quieren incorporar a los estatutos).

Y no vamos a ser menos que en Grecia, aquí también tenemos una SA en la que se hace a los accionistas responsables por las deudas de la sociedad (véase el artículo 137).


De las Sociedades de Gestión de la puesta a disposición de trabajadores

Artículo 133. Modelo de gestión de la puesta a disposición de trabajadores portuarios.

1. En los puertos de interés general podrá constituirse, sin perjuicio de la obligación de conversión de las Sociedades Estatales de Estiba y las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico existentes a la entrada en vigor de la presente Ley, una sociedad anónima mercantil privada que tendrá por objeto social la gestión de la puesta a disposición de sus accionistas de los trabajadores, por ella contratados, que éstos demanden para el desarrollo de las actividades y tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías que no puedan realizarse con personal propio de su plantilla, como consecuencia de la irregularidad de la mano de obra necesaria para la realización de las actividades incluidas en dicho servicio portuario. Además podrá poner a disposición de los accionistas, trabajadores para desarrollar actividades comerciales sujetas a autorización en la zona de servicio de los puertos, siempre que dichos socios estén debidamente autorizados para realizarlas. Igualmente será objeto de estas sociedades la formación continua de los trabajadores que garantice la profesionalidad en el desarrollo de las actividades que integran el servicio de manipulación de mercancías.

También incluirá en su objeto social la puesta a disposición de trabajadores a las empresas que estén autorizadas para la realización de actividades comerciales que no tienen la consideración de servicio portuario de manipulación de mercancías de acuerdo con lo previsto en el artículo 79.3.c) de esta Ley.

2. Dicha sociedad se regirá por lo dispuesto en esta Ley y supletoriamente por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, por la legislación que lo modifique o sustituya. (recordemos que esta norma se publicó más de un mes después de la publicación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital)

[…]

Artículo 134. Capital Social y su distribución.

1. Todas las empresas que deseen prestar el servicio portuario de manipulación de mercancías y obtengan la correspondiente licencia deberán, en su caso, integrarse como partícipes en el capital de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios. Se exceptúan de esta exigencia las empresas con licencia para autoprestación.

El titular de una licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías que quede exento de participar como accionista en la SAGEP de acuerdo con el supuesto anterior deberá:

Contratar en régimen laboral común un número de trabajadores de la SAGEP que se corresponda a las jornadas trabajadas en el último año para dicho titular en las actividades del servicio portuario de manipulación de mercancías. Las ofertas de trabajo consideradas adecuadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 142.3 que sean rechazadas por los trabajadores se computarán como válidas a estos efectos.

En el caso de el solicitante de una licencia de autoprestación no formara parte de la SAGEP o, en su caso, de la APIE o SEED correspondiente, previamente a dicha solicitud deberá en primer lugar ofertar la contratación en régimen común de los trabajadores necesarios para el desarrollo de las actividades y tareas de dicho servicio a través de ofertas nominativas o innominadas a los trabajadores de dicha Sociedad. Las ofertas de trabajo consideradas adecuadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 142.3 que sean rechazadas por los trabajadores se computarán como válidas a estos efectos.

2. El capital social inicial de la SAGEP se fijará en los Estatutos de la Sociedad que se aprueben en el momento de su constitución, distribuyéndose entre los titulares de licencias de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías en vigor en ese momento en el puerto, que no estén exentos de participación en la citada sociedad mercantil de acuerdo con lo dispuesto en el apartado l de este artículo, de acuerdo con los siguientes criterios:

1.º El 50 por ciento del capital se distribuirá proporcionalmente entre el número de titulares de licencias de prestación del servicio de manipulación de mercancías.

2.º El restante 50 por ciento se distribuirá entre dichos titulares en función del grado de utilización temporal de la plantilla, medido en volumen de facturación.

3. La distribución del capital social se revisará en los plazos y términos que establezcan los Estatutos de la Sociedad, con el objeto de reajustar periódicamente la composición accionarial a los anteriores criterios. En cualquier caso, se revisará automáticamente cuando se deba producir el ingreso o separación de un accionista de acuerdo con lo previsto en esta Ley. En el caso de incorporación de nuevos accionistas, el 2.º criterio se aplicará considerando las estimaciones razonables de los nuevos accionistas sobre sus necesidades de trabajadores de la sociedad durante el primer año de pertenencia a la misma.

En esos casos, la nueva participación de los accionistas en el capital de la Sociedad será fijada por el Consejo de Administración de la SAGEP en un plazo máximo de 15 días desde que la Autoridad Portuaria comunique a la Sociedad la obtención de la correspondiente licencia, la pérdida de la misma o certifique que su titular está sujeto a alguna de las causas de exención de participación en la SAGEP o que deja de estarlo. Si el Consejo de Administración de la Sociedad no adoptara acuerdo alguno en el citado plazo, la persona física o jurídica con derecho y deber de ser miembro de la SAGEP, además de los derechos que legalmente le correspondan, podrá solicitar y obtener la puesta a disposición de trabajadores que necesite.

4. Los reajustes en la composición accionarial conllevarán para los accionistas el derecho a la liquidación y la obligación de adquisición de las participaciones sociales que correspondan como consecuencia del reajuste efectuado.

5. En ningún caso, podrán ser accionistas de la SAGEP quienes no tengan en vigor una licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, ni separarse de la Sociedad ningún titular de una licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, salvo las exenciones previstas en el apartado 1 de este artículo.

6. La SAGEP no podrá poseer directa o indirectamente participación en ningún tipo de sociedad.

Artículo 135. Órgano de gobierno.

La Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios se regirá por un Consejo de Administración. Los Estatutos de la Sociedad determinarán la composición de dicho órgano. Dichos Estatutos recogerán que un representante designado por la Autoridad Portuaria, en la que la SAGEP desarrolle su actividad, forme parte del Consejo de Administración en calidad de consejero independiente.

Artículo 136. Impugnación de acuerdos.

1. Podrán ser impugnados los acuerdos de la Junta General de Accionistas o del órgano de gobierno de la SAGEP que sean contrarios a la Ley, atenten contra la libre competencia, se opongan a los Estatutos o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, o de terceros, los intereses de la Sociedad.

2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley. Los demás acuerdos serán anulables. La acción de impugnación de los acuerdos nulos o anulables deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad fijado en la Ley de Sociedades Anónimas.

3. Estarán legitimados para la impugnación de los acuerdos nulos o anulables todos los accionistas, los miembros de su órgano de gobierno, la Autoridad Portuaria en que la SAGEP ejerza su actividad y cualquier tercero que acredite interés legítimo.

4. Los acuerdos que resulten gravemente dañosos para el interés general del puerto o para los usuarios del mismo, que lesionen a algún accionista o que perjudiquen a la libre competencia entre los prestadores del servicio portuario de manipulación de mercancías, a juicio de la Autoridad Portuaria, podrán ser suspendidos preventivamente por su Presidente, por iniciativa de éste, del miembro del Consejo de Administración en representación de la Autoridad Portuaria o a instancias de un accionista, debiendo proceder, en el plazo máximo de 20 días a contar desde la adopción de tal medida, a la impugnación del acuerdo suspendido, con expresa solicitud de ratificación de la medida cautelar adoptada. Si no se procediera a la impugnación del acuerdo en el plazo señalado, el acuerdo de suspensión quedará sin efecto. El acuerdo de suspensión producirá efectos desde la fecha en que se adopte y hasta que el órgano jurisdiccional civil se pronuncie sobre la procedencia de la medida cautelar adoptada. Caso de no procederse a la impugnación en el plazo señalado, el acuerdo de suspensión quedará igualmente sin efectos. Para la impugnación de los acuerdos sociales se seguirán los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 137. Régimen económico.

1. El importe total de las facturas a abonar por los accionistas a la SAGEP por la utilización de los trabajadores contratados por esta última deberá ser el suficiente para mantener el equilibrio económico de la sociedad.

2. El precio unitario de los servicios de puesta a disposición de trabajadores se fijará por el órgano de gobierno de la Sociedad de forma que se cumpla el objetivo de equilibrio presupuestario anual.

3. En el caso de que alguno de los accionistas no hiciera frente al pago de las facturas que le correspondan en el plazo señalado al respecto por el órgano de gobierno, éste podrá:

1.º Reclamar por vía ordinaria el cumplimiento de esta obligación, con abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados por morosidad.

2.º Suspender la puesta a disposición del accionista moroso de trabajadores de la SAGEP y la posibilidad de incorporar a su plantilla trabajadores en relación laboral común hasta que se encuentre al corriente de las facturas emitidas más los intereses y gastos devengados. Ello no habilitará al accionista moroso para poder realizar las actividades del servicio portuario de manipulación de mercancías con cualquier otro personal que sea ajeno a la propia plantilla del socio moroso apta para la prestación del servicio de manipulación de mercancías en los términos indicados en el artículo 144 de esta Ley.

3.º En caso de incumplimiento reiterado podrá, además, solicitar de la Autoridad Portuaria la extinción de la licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías por incumplimiento del titular de sus obligaciones con la SAGEP.

Artículo 138. Garantías.

Los accionistas de la SAGEP responderán de la totalidad de los pasivos y obligaciones de la sociedad, personal y mancomunadamente entre sí, en proporción a su participación en el capital social.

Artículo 139. Obligación de aportación de información.

La SAGEP deberá aportar a la Autoridad Portuaria del puerto en el que ejerza su actividad la información que ésta precise para el cumplimiento de sus fines y le sea requerida al efecto y, en particular, la evolución del personal contratado en relación laboral especial, la relación de trabajadores puestos a disposición, los contratos en relación laboral común realizados por los titulares de las licencias con personal de la SAGEP, las ofertas nominadas o innominadas realizadas por los titulares de licencias a trabajadores de la SAGEP y sus resultados, así como cualquier otra petición interesada por el Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios.

Artículo 146. Transformación de las Agrupaciones Portuarias de interés Económico.

1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las asambleas de socios de las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico constituidas de conformidad con la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, deberán acordar necesariamente la transformación de la Agrupación en una Sociedad Anónima de Gestión de los Estibadores Portuarios (SAGEP) de las reguladas en el Capítulo 1 de este Título.

2. La transformación se regirá por lo dispuesto en esta Ley y, en lo no previsto en la misma, por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

3. La transformación no cambiará la personalidad jurídica de la sociedad, que continuará subsistiendo bajo la nueva forma, manteniendo sus relaciones jurídicas y subrogándose en sus derechos y obligaciones.

Artículo 147. Adaptación de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba.

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las Juntas Generales de Accionistas de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba que aún no se hubieran transformado en Agrupaciones Portuarias de Interés Económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, deberán acordar necesariamente su adaptación a las Sociedades Anónimas de Gestión de los Estibadores Portuarios (SAGEP) de las reguladas en el Capítulo I de este Título.

2. La adaptación se regirá por lo dispuesto en esta Ley, y en lo no previsto en la misma por lo dispuesto en el Capítulo VI del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, considerando la adaptación como un proceso de modificación de los Estatutos.

3. La Autoridad Portuaria y el resto de accionistas que no tengan la obligación de pertenecer a la SAGEP se separarán de la sociedad en el plazo máximo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de adaptación en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”, teniendo derecho al reembolso del valor real de su participación en la forma prevenida a estos efectos en el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas para los casos de sustitución del objeto social.

4. En el caso de que el informe del auditor de cuentas que determine el valor real de las acciones de la Sociedad Estatal establezca que el patrimonio neto de la sociedad es negativo, el acuerdo de adaptación deberá incluir la realización previa de aportes suficientes para transformar el patrimonio neto negativo en positivo, así como el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad.