¿Y Jaritos, que diría de todo esto?


Dentro del auge de la novela negra en Europa sigo a algunos personajes y a sus autores con mucho interés. Uno de ellos, el comisario Montalbano, creado por Andrea Camilleri. Otro es el comisario Jaritos, nacido de la imaginación de Pietros Markaris. Como dice hoy mismo Ian Rankin, creador de otro personaje espléndido, el Inspector Rebus, “lo principal en una novela negra no es el enigma a resolver. Es más interesante la forma de narrar lo que se esconde en una sociedad moderna y hacerlo enraizándolo en el lugar donde se desarrolla”. Noticias de la noche y El accionista mayoritario son dos títulos de la serie a través del que entendemos muy bien como funciona la Grecia de hoy día. El primero de ellos se desarrolla precisamente en el mundo de la televisión.

Todo esto viene a cuento de la Sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010 que decide sobre una multa impuesta a una sociedad por infringir la legislación y las normas deontológicas que regulan el funcionamiento de los canales de televisión. Haber leído a Jaritos me ha ayudado a entender mejor el contexto de esta Sentencia, estoy convencido.

Una Ley griega regula la concesión de autorizaciones para la creación, el establecimiento y la explotación de canales de televisión privados, así como una serie de cuestiones societarias. Se limita al 25 % el porcentaje máximo del capital social que puede pertenecer a una persona física o jurídica en una sociedad titular de una autorización para crear, establecer y explotar un canal de televisión. Toda transmisión de acciones que superen el 2,5 % del capital social debe notificarse. En el régimen sancionatorio, las multas previstas se impondrán conjunta y solidariamente a la sociedad y personalmente a su representante legal (o a sus representantes legales), a todos los miembros de su consejo de administración y a todos sus accionistas que sean titulares de más del 2,5 % de sus acciones.

Transcribo con bastante literalidad los argumentos más relevantes de la Sentencia, aunque me salto algunos párrafos mantengo comillas.

Por un lado se hace una afirmación bastante interesante: “Ni de la lectura de la Primera Directiva ni de una interpretación de ésta a la luz de su objeto o del Derecho de los Estados miembros resulta que dicha Directiva establezca una norma según la cual nunca puede ningún socio estar obligado en relación con una multa impuesta a una sociedad, en particular, en el supuesto de que esa multa se impusiera conjunta y solidariamente a una sociedad anónima y a ese socio”. Como decía en la entrada anterior, nosotros también tenemos Sociedades Anónimas donde se hace responsable a los accionistas de las deudas de la sociedad, las SAGEP.

En cambio, la medida sí se considera contraria tanto la libertad de establecimiento como la libre circulación de capitales. De una parte, se recuerda que según reiterada jurisprudencia, “el concepto de «restricción», en el sentido del artículo 49 TFUE, se refiere a las medidas que prohíben, obstaculizan o restan interés al ejercicio de la libertad de establecimiento. Asimismo, son «restricciones», las medidas nacionales que pueden impedir o limitar la adquisición de acciones en las empresas afectadas o disuadir a los inversores de los demás Estados miembros de invertir en el capital de éstas. La medida en cuestión produce un efecto disuasorio para los inversores y afecta así a su acceso al mercado de las participaciones en las sociedades, pues la medida nacional permite considerar que los accionistas de una sociedad anónima de televisión asumen una responsabilidad personal por las multas impuestas a esa sociedad a fin de que tales accionistas procuren que la sociedad de que se trate cumpla la legislación y las normas sobre deontología helénicas, mientras que las facultades que las normas aplicables al funcionamiento de los órganos de las sociedades anónimas reconocen a dichos accionistas no les dan la posibilidad material de conseguir el objetivo señalado. Además, aunque la medida sea aplicable indistintamente a los inversores helénicos y a los de otros Estados miembros, el efecto disuasorio de aquélla es más importante con respecto a los inversores de otros Estados miembros que con respecto a los inversores helénicos. En efecto, por cuanto el objetivo de la Ley es inducir a los accionistas a aliarse con otros accionistas para poder influir en las decisiones de la administración de la sociedad, aunque esta opción se imponga a todos los accionistas, es indiscutible que es mucho más difícil de cumplir por los inversores de otros Estados miembros, que están menos al corriente de las realidades de la vida de los medios de comunicación en Grecia (eso es porque no leen a Jaritos, añado yo) y que no conocen necesariamente los diferentes grupos o alianzas representados en el seno del capital de una sociedad titular de una autorización para crear, establecer y explotar un canal de televisión.”

Después de reiterar el argumento ya conocido de que “una restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales puede aceptarse si se demuestra que responde a razones imperiosas de interés general, es adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo” se añade que “como ha expuesto el órgano jurisdiccional remitente, el objetivo de la medida controvertida en el asunto principal es conseguir que las sociedades de televisión cumplan la legislación y la deontología de los periodistas a fin de, en particular, evitar que se atente contra el honor o la vida privada de las personas cuya imagen aparece en pantalla o cuyo nombre se cita. Se trata indiscutiblemente de un objetivo legítimo. En el acto de la vista, la Comisión consideró que ningún elemento de los autos permitía determinar por qué debía considerarse que un accionista que posee más del 2,5 % de las participaciones de una sociedad de televisión puede influir en la administración de la sociedad. Preguntado sobre el particular, el Gobierno helénico alegó que, en el momento de adoptarse la Ley nº 2328/1995, numerosos periodistas eran accionistas de este tipo, y que el objetivo de dicha Ley era, por una parte, fragmentar el capital social de las sociedades de televisión, al objeto de evitar que un solo accionista ostentara un poder demasiado importante y, por otra, incitar a los accionistas a agruparse para adoptar las decisiones relativas a los programas. A este respecto, aun cuando hubiera existido, al adoptarse la Ley nº 2328/1995, una correlación estadística entre la cualidad de accionista titular del 2,5 % de la participación en una sociedad de televisión y el oficio de periodista, tal nexo no era suficiente para considerar que la medida controvertida es adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue ni, especialmente, que no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.

Concluye el TJUE “que los artículos 49 TFUE y 63 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma nacional, como la que se discute, según la cual las multas previstas en los apartados anteriores de dicho artículo por violación de la legislación e infracción de las normas sobre deontología que regulan el funcionamiento de los canales de televisión deben imponerse no sólo a la sociedad titular de una autorización para crear y explotar un canal de televisión, sino también conjunta y solidariamente a todos los accionistas que sean titulares de un número de acciones que supere el 2,5 %”.

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