Una STS sobre el deber de abstención de los administradores en caso de conflicto de intereses

Hay que abstenerse si el interés del que te ha nombrado no coincide con el interés de la sociedad aunque los demás socios asuman que tú estás ahí para defender los intereses del que te ha nombrado.

La STS de 17-11-2011 (ponente Ferrándiz Gabriel) plantea el interesante tema de la infracción de los deberes de lealtad por parte de los consejeros nombrados por una de las partes. De todos modos, conforme uno avanza en la lectura de la sentencia tiene la sensación de que es como esas películas que tienen un trailer muy prometedor (la relación se califica como joint venture), luego en su arranque parecen muy novedosas y en cambio acaban de manera previsible.

Entre comillas y en cursiva las afirmaciones textuales del TS.

Mazda Motor Corporation (MMC) y Mazda Motor España, SA (MME), distribuidora en el mercado español de los productos de la primera, decidieron integrar sus actividades, adquiriendo MMC una parte del capital y designando de conformidad a lo acordado 3 consejeros. Cuando empezó a haber discrepancias en el seno de MME, los votos de los consejeros designados por el fabricante MMC eran sistemáticamente favorables a los intereses de esta. MME interpuso una acción social en la que reclamaba como daño a reparar el “valor real de la empresa de distribución de que la citada sociedad era titular […] había sido eliminada del mercado por el comportamiento de los tres administradores demandados y debía ser indemnizada por ello”.

La acción fue desestimada tanto en primera instancia como por la AP, que consideró que “los demandados no habían ejecutado el comportamiento que en la demanda se les atribuía como administradores de MME sino como mandatarios de MMMC y que tal particular situación se había producido con el consentimiento de todos los interesados, al dar vida y ejecutar el acuerdo de participación […]. También consideró […] que no existía una adecuada relación causal entre el comportamiento atribuido a los demandados y el daño cuya reparación se había reclamado”.

La casación se centra en que “el Tribunal de apelación no había tenido en cuenta que se trataba de una empresa común en la que se había producido un conflicto de intereses entre la sociedad y una de las socias -ambas vinculadas entre sí, además, por un contrato de distribución- en el ámbito reservado a la actuación de los administradores demandados; ni que, ante tal realidad, éstos habían optado por actuar abiertamente en interés de MMC, cuando debieron – en último caso – renunciar a sus cargos de consejeros o, cuanto menos, comportarse con neutralidad. Concluye afirmando que, al no haber respetado el deber de lealtad que les era exigible en la indicada situación de conflicto de intereses- los de MME, de la que eran administradores, y los de MMC, que les había situado en el consejo de administración de aquella-, los demandados infringieron la norma del mencionado artículo 127 y le causaron con ello el daño por el que debían responder, en aplicación del también citado artículo 133”.

“Los demandados admitieron, ya al contestar la demanda, que su función en el consejo de administración era, exclusivamente, la de representar y defender los intereses de Mazda Motor Corporation, puesto que así se había convenido por ambas sociedades en el llamado acuerdo de participación. […] Describen, con ello, la realidad de uno de los supuestos clásicos del conflicto de intereses, en el sentido de imposibilidad de gestionar adecuadamente los encontrados de MME y MMC. […] En tal situación, el administrador de una sociedad, obligado como tal a defender los intereses de la misma, debe actuar como un representante leal comunicar a los demás administradores o al órgano que, según las circunstancias, debiera ser el destinatario de tal noticia, la existencia del conflicto, y abstenerse de intervenir en las operaciones en que los intereses colisionen”.

“[…] Resulta evidente que a los demandados no se les puede imputar consecuencias de no haber comunicado al consejo de administración la realidad del conflicto, ya que el mismo era conocido por los miembros de dicho órgano, como resultado directo del acuerdo de participación accionarial […] Sin embargo, el repetido acuerdo entre las dos sociedades no justificó que los demandados no se abstuvieran cuando, según lo expuesto, debían haberlo hecho, ya que sobre la libertad de pacto prevalecen las exigencias de transparencia e información que reclama la protección del mercado y de los terceros ante la realidad de un centro de imputación de consecuencias jurídicas – en el caso, la sociedad recurrente – que opera sin comprometer, más que limitadamente, el patrimonio de los socios”.

Finalmente, el giro y el final convencional:

El TS recuerda la constante exigencia de probar la causalidad entre el acto antijurídico y el daño y se remite a la SAP que “en ningún caso aceptó que la desaparición de la distribuidora hubiera sido consecuencia de la actuación de los administradores demandados: había sido la conducta de la fabricante, que fue la que decidió desvincularse y poner fin a la relación contractual con su distribuidora, empleando los medios adecuados a ese fin”.

Confirma, por tanto las Sentencias de instancia.

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