Archive for 26 noviembre 2012

No hay conflicto de intereses del nuevo administrador mancomunado que recibe una notificación

26 noviembre 2012

La RDGRN 16-10-2012 revoca la calificación de un registrador que había rechazado la inscripción de unos acuerdos de junta general de una SRL referidos a un cambio de forma de administración, con cese del anterior consejo de administración y nombramiento de administradores mancomunados, en la que el cumplimiento de la notificación al anterior cargo con facultad certificante –secretaria del consejo– se da por cumplimentado con la comparecencia en la escritura de un apoderado de la secretaria del consejo, que a la vez es uno de los nuevos administradores mancomunados de la sociedad.

A veces pasa que hay Resoluciones que piensas ¿pero donde estaba el problema?

Según el registrador la facultad certificante es personalísima y por tanto la notificación no es posible recibirla a través de un apoderado, sino que debe ser fehaciente y en su domicilio, y además existe un posible conflicto de intereses pues el beneficiado con el nuevo cargo y que certifica es el mismo que se da por notificado. La DGRN revoca la calificación y estima el recurso en sus dos aspectos.

Sobre la primera cuestión, la DGRN recuerda su Resolución de 30-1-2012 y los artículos 111 RRM y 202 del Reglamento Notarial: no es imprescindible que la notificación llegue físicamente a la persona del notificado o destinatario, sino que basta con que se haga en la forma prevista legalmente, sea quien sea el que materialmente la reciba.

Sobre el posible conflicto de intereses, destaca la DGRN que el registrador no especifica donde reside ni las razones de su existencia. Dice la DGRN que “en su propio nombre el administrador mancomunado, en unión del otro nombrado –lo que es trascendente a estos efectos como después veremos– se limita a elevar a público determinados acuerdos de la junta general. Aunque él es uno de los nombrados su actuación como tal se limita a ejecutar acuerdos de un órgano de la sociedad en unión del otro administrador mancomunado. De otra parte, como representante del anterior cargo con facultad certificante, se limita a recibir, en nombre de su representada, la notificación del acuerdo adoptado por la junta general de la sociedad relativo al cese y nombramiento del nuevo órgano de administración. Por tanto, en uno y otro concepto, el apoderado no actúa en su propio beneficio, aunque él sea el nombrado, y en perjuicio del poderdante, aunque él sea el cesado, sino que actúa dando forma legal e inscribible a un acuerdo de la junta general de la sociedad. No puede decirse por tanto que existan intereses contrapuestos con posible perjuicio de una de las partes, sino más bien intereses coincidentes por ambas partes para ejecutar y dar publicidad frente a todos a un acuerdo de la junta general de la sociedad. En este sentido, RRDGRN de 5-7 y 7-7 de 2011: «el propio concepto de negocio societario excluye en principio la confrontación de intereses de las partes que lo celebran, al concurrir una causa negocial común orientada a la consecución del fin social. Así, prevalece la satisfacción del interés común sobre una eventual confrontación de los intereses de las partes» y que «respecto del conflicto de intereses que pueda existir en el desenvolvimiento de la sociedad no puede olvidarse que el contenido organizativo del negocio fundacional queda supeditado a la voluntad social a través de los acuerdos de la junta general y que la Ley establece determinadas cautelas para evitar los riesgos de dicho conflicto (cfr., entre otros, los arts. 190, 226, 228 y 229 LSC“.

En fin, la DGRN desarrolla el argumento y señala que

“La razón de ser del artículo 111 no está en la protección de los intereses particulares del anterior titular de la facultad certificante, sino en el interés de la seguridad del tráfico evitando que tengan acceso al Registro certificaciones que pudieran ser falsas o erróneas. […] En algunos supuestos muy específicos, como el caso de que el cargo de administrador según estatutos fuera retribuido, quizás pudiera darse un posible conflicto de intereses particulares, conflicto que pudiera afectar a la objetiva situación de imparcialidad del apoderado y, por tanto, invalidar su actuación en tales condiciones. Pero dado que nada de ello se indica en el acuerdo de calificación, ni el registrador centra el posible conflicto de intereses en este hecho, no podemos entrar en su examen […]”.

Concluye: “En este caso concreto no existe una situación de conflicto de intereses entre el administrador que certifica y que también se da por notificado en representación del anterior titular con facultad certificante, pues la declaración de voluntad emitida por el primero en su doble concepto, va dirigida al mismo fin que es la ejecución del acuerdo de la junta sin que se pueda hablar de la posible existencia de perjuicios patrimoniales o de otra índole para el poderdante. Esta conclusión viene avalada, además, por el hecho de que el que se da por notificado es el anterior presidente del consejo, que si bien no tiene facultades certificantes, sí tiene la facultad de visar las certificaciones expedidas por el secretario. A ello se suma que la persona que se da por notificada es un administrador mancomunado que por sí sólo no podría elevar a público los acuerdos sociales, salvo autorización expresa, ni tampoco expedir certificación de los acuerdos sin la concurrencia del otro administrador mancomunado nombrado”.

¿Sustituirá la convocatoria registral de junta a la convocatoria judicial? (y sobre la cancelación registral de oficio)

20 noviembre 2012

En el suplemento Iuris & Lex (n 43, pp. 12-13) y también en El Economista de ayer lunes, leo una interesante noticia sobre los trabajos ya concluidos por parte de la Comisión General de Codificación en relación al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. Hay varios cambios relevantes previstos y entre otros detalles de interés me llama mucho la atención este párrafo:

“Cambios en el Código de Comercio y en la Ley de Sociedades de Capital

El anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria incluye un cambio en el artículo 40 del Código de Comercio, según el cual, ya no será el juez sino el registrador mercantil quien exigirá al peticionario de una auditoría sobre la sociedad caución adecuada para responder del pago de los gastos del procedimiento y de los de la auditoria, que serán a su cargo cuando no resulten vicios o irregularidades esenciales en las cuentas anuales revisadas, a cuyo efecto el auditor remitirá al administrador del expediente un ejemplar de su informe.

Lo mismo ocurre con la Ley de Sociedades de Capital donde se sustituye la convocatoria judicial de la junta general por la registral. Para ello, se modifican los artículos 169 y 170 de esta norma. Así, si la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, no se convoca dentro del plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de cualquier socio, previa audiencia de los administradores, por el registradormercantil del domicilio social.
Si los administradores no atienden la solicitud efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria, previa audiencia de los administradores, por el Registrador Mercantil. Éste convocará la junta general en el plazo de un mes desde que se formuló la solicitud, indicará el lugar, día y hora para celebrarla, así como el orden del día y designará al presidente y secretario de la junta. Los gastos de la convocatoria registral serán de cuenta de la sociedad”.

También ha trascendido -y como lo he visto subrayado con más énfasis en la propia noticia lo menciono en segundo lugar- la previsión de que “en el supuesto de que una sociedad no haya procedido a la publicación de las cuentas anuales mediante su depósito en el registro mercantil en los últimos seis ejercicios, el registrador mercantil deberá iniciar de oficio el procedimiento de cancelación registral de la sociedad. Según el texto ultimado por la Comisión de Codificación, el registrador mercantil procederá a la publicación de tres anuncios en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia. Asimismo, enviará una notificación a la sede del domicilio de la sociedad, en la que comunicará que se va a proceder a la cancelación registral de la sociedad. “En el supuesto de que no comparecieran los administradores, los liquidadores o los socios ni tampoco apareciera ningún titular de ninguna obligación frente a la sociedad, el registrador mercantil procederá a la cancelación registral de oficio de la sociedad” […]”.

Ian Rankin and the Case of the Disappearing Detective

17 noviembre 2012

La semana pasada la BBC One emitió un excelente documental -que pude ver ayer- protagonizado por el escritor escocés Ian Rankin que explica ante la cámara -en una especie de video diario- el proceso de gestación de su última novela Standing in Another Man’s Grave, en la que recupera -después de su jubilación hace unos años- a su personaje fetiche, John Rebus, un (ahora ex) policía de Edimburgo que responde al arquetipo del género. Tozudo, insobornable, algo solitario y en permanente lucha contra el sistema en lo que a jerarquías, procedimientos y superiores incompetentes se refiere.

El documental me parece magnífico, y sobre todo permite comprobar como el proceso de creación es siempre parecido. Aunque uno escriba sobre muertes en Escocia o sociedades de capital en España. Desde el 2 de enero en que se se sienta ante el teclado con una carpeta llena de anotaciones dispersas hasta el 28 de junio, que le envía a su editora el (iba a decir manuscrito) archivo original, vemos como Rankin tiene problemas en arrancar, no tiene ni idea de por donde va a ir y cómo tiene muy claro desde el principio que el propio libro lleva al autor en una dirección que éste ni siquiera hubiera imaginado. Yo creo que eso nos ha pasado a todos.

Aquí va el link. Parece que solamente se puede ver desde el Reino Unido. Parece que es muy fácil “engañar” al servidor haciéndole creer que uno está en el Reino Unido. Parece que es un tema de ISP y de IP.

Modificación del artículo 405 LSC por la Ley 9/2012, de 14-11, de reestructuración y resolución de entidades de crédito

16 noviembre 2012

Una búsqueda en el pdf da 22 resultados “sociedades de capital”. Algunos son de índices o epígrafes o reiteraciones de la expresión en un mismo párrrafo, pero otros tienen interés. Señalo, con carácter no exhaustivo algunos de ellos. Se modifica la LSC y diversas normas aplican o no el régimen general.

También hay referencias, pero menos, en el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.

Disposición adicional vigésima. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Se añade un párrafo segundo al artículo 428.1 con la siguiente redacción:

«Lo anterior no será de aplicación a las sociedades que puedan superar legalmente el límite establecido en el artículo 405.1 sin necesidad de prestar las garantías previstas en el artículo 405.2, salvo que se tratara de una entidad de crédito participada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en cuyo supuesto las funciones de comisario serán asumidas por esta institución.»


Artículo 33. Régimen especial de la suscripción o adquisición por parte del FROB de los instrumentos de recapitalización.

3. En caso de que se acuerde la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, no será necesaria la obtención del informe de auditor de cuentas exigido por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Asimismo, en caso de que se emitan los instrumentos a los que se refiere el artículo 29.1.b) de esta Ley, tampoco será necesario el informe de auditor de cuentas exigido por la Ley de Sociedades de Capital, sobre las bases y modalidades de la conversión.

Un nuevo ejemplo del recurso a la SA como técnica de organización:

Artículo 35. Sociedad de gestión de activos.

3. La sociedad de gestión de activos, que será sociedad anónima, se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en la normativa que la desarrolle y, supletoriamente, por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y demás normas del ordenamiento jurídico-privado.
4. La sociedad podrá emitir obligaciones y valores que reconozcan o creen deuda sin que le resulte de aplicación el límite previsto en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital.


Reglas especiales de transmisión y valoración de activos

Artículo 36. Régimen de la transmisión de activos.

1. La transmisión de los activos a la sociedad de gestión de activos se realizará sin necesidad de obtener el consentimiento de terceros, mediante cualquier negocio jurídico y sin tener que cumplir los requisitos exigidos en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Tampoco serán oponibles a esta transmisión las cláusulas estatutarias o contractuales existentes que restrinjan la transmisibilidad de las participaciones, no pudiendo exigirse ninguna responsabilidad ni reclamarse ningún tipo de compensación basada en el incumplimiento de tales cláusulas.
2. Con carácter previo a la transmisión, la entidad de crédito realizará los ajustes de valoración de los activos a transmitir según los criterios que se determinen reglamentariamente. Con igual carácter previo a la transmisión, el Banco de España determinará el valor de los activos sobre la base de los informes de valoración encargados a uno o varios expertos independientes. La valoración se llevará a cabo a través del procedimiento y de conformidad con los criterios a que se refiere el primer párrafo de este apartado, siguiendo metodologías comúnmente aceptadas y en coherencia con el procedimiento de valoración al que se refiere el artículo 5 de esta Ley. Dichas metodologías deberán ser coherentes y adecuadas para proporcionar una estimación realista de los activos, y además deberán maximizar el uso de datos observables y limitar los no observables tanto como sea posible. A los efectos de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, la valoración anterior sustituirá la realizada por experto independiente.

También hay especialidades en materia sancionadora (art. 36), remisión al régimen de impugnación de acuerdos y de responsabilidad de administradores(art. 71)

Encontramos por último, unas especialidades más:

Disposición adicional séptima. Creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.
1. El FROB constituirá, bajo la denominación de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., una sociedad de gestión de activos destinada a adquirir los activos de aquellas entidades que el FROB determine, conforme a lo previsto en el capítulo VI de esta Ley.
2. Esta sociedad tendrá por objeto exclusivo la tenencia, gestión y administración directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos que le transfieran las entidades de crédito que se determinan en la disposición adicional novena de esta Ley, así como de aquellos que pudiera adquirir en el futuro. A los efectos del cumplimiento con su objeto, la sociedad actuará en todo momento de forma transparente.
3. Esta sociedad se constituirá por un periodo de tiempo limitado, que se determinará reglamentariamente, y no le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital
[de momento ni a esta ni a ninguna otra]. Asimismo, reglamentariamente se podrá determinar o, en su caso, atribuir el FROB la determinación del importe inicial de capital social y la prima de emisión.

Disposición adicional undécima. Consecuencias de las pérdidas en que incurran las entidades de crédito controladas por el FROB en relación con su patrimonio neto.
1. No será de aplicación a las entidades de crédito en las que el FROB ostente la posición de control o a aquellas cuyo órgano de administración esté controlado por el FROB, la causa de disolución obligatoria prevista en la letra e) del apartado 1 del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, no resultándoles tampoco de aplicación ni a dichas entidades ni a sus administradores el régimen recogido en la sección 2.ª del capítulo I del título X de la Ley de Sociedades de Capital.
2. De la misma manera, no resultará aplicable a estas entidades lo previsto en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el carácter obligatorio de la reducción de capital a causa de pérdidas que disminuyan el patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital social.
3. Los referidos artículos de la Ley de Sociedades de Capital serán nuevamente de aplicación, en su caso, desde el momento en que el FROB deje de ostentar la posición de control o de controlar el órgano de administración de la entidad afectada, momento a partir del cual comenzarán a computarse los plazos previstos en los artículos 327 y 365.1 de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.

Se puede separar la condición de socio y el voto en pacto parasocial: la STS de 23-10-2012

13 noviembre 2012

Tenemos una firme candidata al premio a STS del año en temas societarios. La verdad es que tiene de todo (venta de cosa ajena -acciones-, causa ilícita, error de consentimiento … aunque se alega todo de manera muy confusa y no se prueba nada) El ponente, Gimeno-Bayón. Extracto la que a mi juicio es la parte más interesante abreviando alguna cosa.

70. En su desarrollo la recurrente afirma que este tipo de cláusulas ha sido declarada contraria frontalmente a LSA, los estatutos sociales e incluso contra nuestro ordenamiento jurídico por la doctrina de la RDGRN de 9-12-1997, reproducida por la Sentencia de 28-11-2002 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional .

2. Valoración de la Sala
2.1. La necesidad de precisión y claridad.

71. Debemos reiterar que en los motivos del recurso de casación deben identificarse con precisión las infracciones que se denuncian y argumentarlas razonablemente. Es inadmisible, en consecuencia, que se cite como vulnerada la doctrina contenida en una RDGRN y en una sentencia de la Audiencia Nacional, sin razonar en qué medida constituye una infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, ya que no es función de la Sala construir el recurso, con la consiguiente indefensión de la contraparte, razón por la que el motivo ha de ser rechazado de plano.

2.2. Licitud de la cesión de derechos políticos.
72. A lo expuesto, añadiremos: […]

73. Finalmente, es cierto que la RDGRN de 9-12-1997 afirmó que los preceptos que regulan los derechos de asistencia y voto a las Juntas generales tienen siempre al accionista como sujeto de referencia y destacó los evidentes inconvenientes que, para el normal funcionamiento de la sociedad y el desenvolvimiento de su objeto social, se derivarían del desmembramiento de los derechos políticos de los accionistas en favor de personas distintas de los socios, pero con independencia de que la trascendencia de las resoluciones de la expresada DGRyN es únicamente la que deriva normalmente de su valor doctrinal, es lo cierto que la propia resolución recuerda la licitud de la disgregación de los derechos de asistencia y voto respecto de la calidad de socio, en los supuestos específicos de usufructo o prenda de acciones, así como el carácter relativamente abierto de los gravámenes que sobre las acciones pueden constituirse.

74. Además, no puede confundirse la función que cumple el Registro Mercantil y el control de acceso al mismo de reglas estatutarias oponibles a terceros y a la propia sociedad y la que cumplen los Tribunales, en los que el examen de licitud de los pactos parasociales, en cuanto convenios celebrados por varios o incluso todos los socios, a fin de regular sus relaciones internas, como afirma la sentencia 371/2010, de 4 de junio , no están constreñidos por los límites que a los acuerdos sociales y a los estatutos imponen las reglas societarias -de ahí gran parte de su utilidad-. sino a los límites previstos en el artículo 1255 del Código Civil y, como declara la sentencia de instancia, en el caso enjuiciado el hecho de que el contrato incluya pactos de “cesión” de derechos políticos “no hace inválida la venta, porque aparece como “garantía” del pago aplazado del precio, de forma que es posible que el accionista vendedor se reserve el control de la compañía mediante un mecanismo de bloqueo (la retención de los derechos de voto del 50 % de las acciones, 16.002 acciones sobre 32.004 para asegurarse el cobro… “.

La cuota de liquidación del socio en la Ley General Tributaria

12 noviembre 2012

Esta mañana, casi sin querer, me he encontrado con una norma que afecta al núcleo del derecho de sociedades, aunque venga del espacio exterior. Me he acordado de esa frase de John Lennon “Life is what happens to you while you’re busy making other plans“.

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude introduce una serie de modificaciones en la Ley General Tributaria.

Se explica en la Exposición de Motivos:

La actuación en fraude de la Hacienda Pública consistente en repartir el patrimonio existente, una vez nacida la deuda, a los socios a través de operaciones de preliquidación, para dejar paso a una liquidación formal con una cuota insignificante, cuando no inexistente, hace aconsejable incrementar a estos efectos el valor de la cuota de liquidación del socio sucesor en la deuda tributaria que opera como límite de su responsabilidad. A tal fin se regula expresamente el alcance del límite de la responsabilidad de dicho socio en la deuda tributaria de las personas jurídicas o entidades disueltas o liquidadas que limitan la responsabilidad patrimonial de los socios, tanto en la sucesión de la deuda tributaria como de las sanciones, en su caso.

Y se concreta la modificación en el artículo 40 LGT.

«1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42.2.a) de esta Ley.

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.»

«3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad y entidad con personalidad jurídica.»

«5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los apartados anteriores y, en su caso, hasta el límite del valor determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.»

La Ley 7/2012 tiene otras cosas de interés para los mercantilistas, como la reforma del artículo 108 LMV, que dejo para otro día.

Carta al ex cliente de Digitalplus

5 noviembre 2012

Pensaba titular esto “El trato ofensivo al ex cliente de Digital Plus”, o “La insultante carta al ex cliente de Digital Plus”, pero no me gustan los títulos sensacionalistas. De todos modos, un poco ofendido sí me he sentido.

Primero como mero consumidor, abonado durante 15 años. Pagué en su día 15.000 pesetas de ¿fianza? que luego fueron convenientemente canjeadas (¿por un par o tres de mensualidades, por cine o fútbol a la carta? no lo recuerdo) a propuesta de ellos en el momento en que el original Canal Plus se convirtió en Canal Satélite Digital. Me piden ahora 300 euros. Debería haberlo estudiado con detalle en su momento. Visto ahora parece una buena inversión, sobre todo teniendo en cuenta que el descodificador cuya devolución me piden era un modelo ya bastante arcaico. Sí, de haberlo pensado mejor, en vez de invertir en sellos hubiera podido costear mil descodificadores (inversión de 15 millones) y ahora podría reclamar 300.000 euros. Caveat investor: los descodificadores de Digitalplus a diferencia de la mayoría de aparatos electrónicos se revalorizan con los años.

Me molesta ese tono de “nos volvemos a poner en contacto porque desde nuestra última comunicación …”. Me enviaron la carta por correo ordinario. ¿Tan seguros están de que la recibí? ¿de que la leí?. Bueno sí, la recibí y la leí, pero ellos no lo saben a ciencia cierta, y no me parece correcto por su parte establecer presunciones en ese tono tan … tan iuris et de iure.

También me siento ofendido como aficionado a las condiciones generales y a las cláusulas abusivas. Me anuncian el cargo en concepto de “indemnización por retención indebida”. Al margen de lo escandaloso de la cuantía me dicen que lo tengo que llevar a algún sitio, o llamar a alguien que me cobrará por venir a buscarlo. En cambio, en su publicidad insisten en que la instalación es gratuíta. Para rematar, no se conforman con esos 300 euros, pues me anuncian que “se verán obligados a iniciar las acciones legales pertinentes”. Contra esto no tengo nada, al contrario. Hay gente que se molesta porque les dicen eso, pero mi reacción fue más de “venga, aquí os espero”. Eso sí, no sé que más esperan obtener.

Llamé para protestar. Hablé con un contestador y le recité con vehemencia el artículo 82.1 del Texto Refundido: “estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. Sonó un pip y se cortó cuando dije lo de la buena fe. Se ve que se activó una palabra peligrosa. Yo soy más de claúsula general que de supuestos concretos, pero aún así, tenía preparada la lectura del 85.6: cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.

Dos apuntes más, para no dejarlo todo en un tema personal: un par de cuestiones conectadas con esto de criticar por vía de web. Por un lado una reciente noticia relativa a tripadvisor: didn’t defame hotel by putting it on ‘top 10 dirtiest’ list. Website operators that base their rankings of goods or services on the “unverified” views of online users cannot be sued for defamation, a US judge has said.

De otra parte, la interesante STS de 22 de noviembre de 2010. Un usuario descontento con el trato recibido y la calidad del servicio prestado por una empresa de alquiler de embarcaciones de recreo, realizó de manera reiterada comentarios críticos sobre ella en foros de internet conocidos en el sector. El TS debe resolver sobre la vulneración de los artículos 9 (actos de denigración) y 5 (cláusula general) de la Ley de Competencia Desleal. Por decirlo rápido. No hay denigración (“Nos encontramos ante unas manifestaciones de desahogo que, lejos de la molestia que puedan ocasionar a la actora, en modo alguno tienen entidad para constituir un acto lesivo de su reputación, y, consiguientemente, su crédito en el mercado no resulta afectado“) y en línea con su jurisprudencia reiterada, está mal invocado el artículo 5 (“si una conducta tiene la apariencia formal de ser subsumible en el art. 9, la falta de idoneidad del acto para ser denigratorio, aunque no haya buena fe, no permite suplir el ilícito del art. 9 por el del art. 5 LCD, afectando a la sustantividad de éste”). Vale la pena leerse la Sentencia.

EPÍLOGO

Debo admitir, pese a todo, que la comunicación resultó efectiva. El día antes de expirar el plazo procedí a devolver el equipo. Y no voy a decir que nunca más quiero tratos con ellos. Al fin y al cabo, no es nada personal, son solo negocios y si me hacen una oferta que no pueda rechazar …