Cancelar una inscripción de poder en el Registro Mercantil requiere la intervención de la administración concursal de la sociedad poderdante (RDGRN 24-7-2014)

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Con las Resoluciones de la DGRN pasa un poco lo mismo que con la célebre frase de Tolstoi al principio de Ana Karenina: Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Las Resoluciones que confirman la calificación serían, por supuesto, como esas familias felices. Las otras suelen ser más interesantes. Después de la sequía de agosto el BOE de hoy nos trae una lluvia de Resoluciones: hay 15, 4 de ellas de registradores mercantiles, las cuatro pertenecientes a la categoría de familias felices: una sobre depósito de cuentas, otra sobre operación acordeón y la mayoría necesaria para acordarla, una tercera sobre revocación de poderes y la última referida a certificación de junta emitida por persona distinta de la que consta en el Registro como titular de la facultad certificante.

Después de sorteo -celebrado ante Notario, claro- decido comentar brevemente la segunda, de 23 de julio de 2014, pero al leerla detenidamente veo que según la DGRN el supuesto es en esencia idéntico -de hecho es la misma sociedad- al que dio lugar a la RDGRN de 20-12-2013 que ya comentamos aquí. De modo que me voy a a tercera: la RDGRN de 24 de julio de 2014 que se plantea y se responde en términos sencillos, sin las complicaciones de las familias infelices.

“La única cuestión que se debate en este expediente consiste en determinar si para la cancelación de una inscripción de poder en el Registro Mercantil es precisa la intervención de la administración concursal de la sociedad poderdante habida cuenta de su situación de concurso”.

“La respuesta no puede ser más que afirmativa. La Ley Concursal sujeta el conjunto de las relaciones patrimoniales del deudor concursado a una serie de limitaciones que tienen por finalidad la salvaguarda de la masa activa y la satisfacción ordenada de la masa pasiva. Por lo que se refiere a la masa activa, la limitación consiste en la intervención de sus facultades patrimoniales por parte de los administradores concursales (fuera de los supuestos en que la limitación implica la total privación de facultades patrimoniales y su sustitución por los administradores concursales). Así resulta de lo establecido en el número 1 del artículo 40 de la Ley Concursal que afirma: «En caso de concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de estas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad». Por su parte el número 6 del
mismo artículo dice lo siguiente: «La intervención y la suspensión se referirán a las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso y, en su caso, a las que correspondan al deudor de la sociedad o comunidad conyugal». La intervención del conjunto de relaciones patrimoniales del deudor se complementa con la medida fuertemente limitativa prevista en el artículo 43.2 de la Ley: «Hasta la aprobación judicial […]”

“De lo dicho hasta ahora se siguen dos importantes consecuencias jurídicas: La primera que la situación de concurso del deudor no es inocua para las relaciones de apoderamiento que el órgano que tenga atribuido el poder de representación de la sociedad tenga conferidas con carácter voluntario; bien al contrario quedan sujetas al mismo régimen de limitaciones que se predican del órgano del que derivan. En segundo lugar, que la administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (artículo 36 de la Ley).
De aquí se deriva inevitablemente que la administración concursal está obligada a conocer y ejercer un control sobre los apoderamientos vigentes y también sobre lo no vigentes comprendidos dentro del plazo previsto en la Ley. En definitiva, no puede el titular del poder de representación de la sociedad como administrador o liquidador ejercer las facultades inherentes a su poder para otorgarlo a terceros sin la intervención del administrador concursal pero tampoco para revocarlo. De lo contrario quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que corresponda en beneficio de los acreedores sociales”
.

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