STS que niega la vulneración del derecho al honor en una solicitud de convocatoria de junta

Entre las muchas Sentencias recientes del TS que resuelven cuestiones sobre derecho al honor –parece que las agruparon todas para resolverlas casi a la vez- me ha llamado la atención la STS 1 de octubre de 2014 que se refiere a una demanda de protección del derecho al honor realizada en una solicitud de convocatoria de junta general extraordinaria realizada en estos términos.

“Nos dirigimos a ti en nuestra calidad de socios de la compañía MAQUINARIA GEKA, S.A. que representan el 31,64% del accionariado. El 23 de febrero de 2009, tú y tu hermana (como socios mayoritarios), impusisteis tu nombramiento como Administrador Único de GEKA a lo que nos opusimos por considerarla una absoluta arbitrariedad, injustificable y que llevaba a un enorme riesgo a la compañía. Además, es de sobra conocido que dicha imposición obedece a puros personalismos y a una necesidad de autoafirmación personal, motivaciones totalmente ajenas al interés social. La situación en la que se encuentra a día de hoy la compañía viene provocada, en primer lugar, por tu absoluta falta de preparación y desconocimiento del negocio; incompetencia que es, además, vox populi y motivo de gran preocupación en todos los foros del sector. En consecuencia, es menos admisible la auto adjudicación que habéis impuesto (tu hermana y tú) a los socios minoritarios de GEKA de una retribución desorbitada e injustificada para ti como administrador único. Es por ello que los socios minoritarios nos opusimos rotundamente a la imposición de dicho acuerdo en la Junta General, lesivo para los intereses de la compañía y en beneficio de los intereses económicos del socio mayoritario. Además, viene provocada, en segundo lugar, por vuestra obstinada voluntad y estrategia de perjudicar a los socios minoritarios como fin primordial en vuestra gestión. Es más que evidente que la mayoría de decisiones que has adoptado en el ejercicio de tu cargo tienen como objetivo principal perjudicar a los socios minoritarios en todos los ámbitos y alejarlos del control de la gestión de la compañía (con continuada lesión de sus derechos de socios e incluso prohibiéndoles el acceso a las instalaciones) Lamentablemente, todo ello está teniendo lugar, además, a costa y en perjuicio de los propios intereses sociales de la compañía. Tal es tu temeridad y falta de diligencia desde tu acceso al cargo, que has rechazado taxativamente aprovechar el conocimiento técnico y empresarial de los socios minoritarios, a pesar de que ellos son los que, con su esfuerzo de décadas han llevado a la empresa desde la nada, a las exitosas cotas que había alcanzado antes de tu llegada a la Administración. Es más, el trato y acoso que estamos padeciendo los socios minoritarios por tu parte desde tu irrupción en la compañía es indigno. Y más indigno e injustificable es el trato que está padeciendo el anterior administrador único teniendo en cuenta que él, además de un brillante gestor (con enorme prestigio en el sector), ha sido precisamente el verdadero know how de la compañía con una capacidad de creación e innovación técnica única (habiendo sido el padre de todas las máquinas de GEKA que tanto éxito y beneficio han dado a GEKA). En consecuencia, y por la extrema preocupación que genera la situación a la que está abocando la sociedad, consideramos imprescindible proceder a convocar una Junta General Extraordinaria para la adopción de acuerdos que puedan corregir la falta de diligencia en tu gestión social”.

De entrada debemos advertir que tanto en primera instancia como en la Audiencia como ahora el TS se desestima la demanda. El Juzgado de Primera Instancia consideró que “aunque algunas expresiones usadas en la comunicación pudieran considerarse aisladamente ofensivas, en el contexto en que se produjeron experimentaban una disminución de su significación ofensiva y permiten que sean valoradas con un mayor grado de tolerancia, quedando amparadas por el derecho a la crítica, parte esencial de la libertad de expresión“. La Audiencia Provincial por su parte “enmarcó la comunicación en el contexto del enfrentamiento societario existente, consideró que en la misma se contenían afirmaciones de hechos reales y opiniones amparadas por la libertad de expresión, y que se circunscribían al ámbito privado de la sociedad“.

El recurso ante el TS por infracción del derecho fundamental al honor se basa entre otros argumentos en que “que para que exista vulneración del derecho al honor no se exige divulgación, pues basta la imputación de hechos o juicios de valor, que el ataque al prestigio profesional está incluido en el núcleo constitucionalmente protegido del derecho al honor; que no es admisible que en una convocatoria de junta general se viertan manifestaciones totalmente ajenas y superfluas a dicha convocatoria y que son insultos velados a la persona y al prestigio profesional del demandante […]”.

En fin, el TS se refiere al clásico conflicto entre libertad de expresión respecto del derecho de honor y afirma que se resuelve “a favor de la libertad de expresión a tenor de las circunstancias concurrentes […]”:

“[…] las manifestaciones realizadas por los demandados lo fueron dentro de un contexto de conflicto social, con ceses de administrador y fijación de retribución al nuevo administrador, enfrentamiento entre socios mayoritarios y minoritarios, despido de socios minoritarios, pérdidas económicas, y vienen a justificar la solicitud de junta general extraordinaria de socios para tratar cuestiones relacionadas con tal conflicto”.

Es natural que en este tipo de escritos se expresen una serie de opiniones y apreciaciones personales con un alto grado de subjetividad acerca de los hechos en que se concreta el conflicto social, que, aun cuando la persona a la que se refieren pueda entenderlas como ofensivas, en realidad no llegan a tener la consideración de una intromisión ilegítima en su honor (ni personal ni profesional)

“[…] No consta el empleo de insultos o términos inequívocamente ofensivos que deban tenerse por innecesarios para explicitar la situación que se denuncia y justificar la solicitud de convocatoria de junta, por más que supongan una ácida crítica a la actuación del demandante. Tampoco puede decirse que se hubiera dado a las afirmaciones contenidas en los escritos una publicidad desmedida o que su contenido se hubiera divulgado en el ámbito de la empresa entre clientes, proveedores y trabajadores, pues se incluyeron en una solicitud de convocatoria de junta dirigida justamente al demandante por vía notarial”.

[…] En conclusión, este contexto de conflictividad societaria grave impide valorar las manifestaciones vertidas, más allá del lógico malestar ocasionado, como agresión ilegítima del honor ajeno pues faltando el uso de expresiones inequívocamente ofensivas, desligadas de la crítica que se quiere realizar e innecesarias a tal efecto, que los demandados realizaran una ácida crítica al administrador social en la comunicación en la que solicitaban la convocatoria de una junta general extraordinaria para tratar los asuntos relacionados con el conflicto que se había generado en el seno de la sociedad mercantil, entra dentro del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión. Las circunstancias del caso examinado, una vez valorados los hechos por parte de esta Sala permiten afirmar que los recurridos no sobrepasaron el ámbito de la libertad de expresión y, por lo tanto, no se aprecia, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, la infracción que se imputa a la sentencia recurrida. Procede por tanto desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida”.

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