No cabe sobre la base de unos mismos hechos, exigir la responsabilidad civil contractual de la sociedad contratada para la prestación de unos servicios, y la extracontractual del empleado encargado de su ejecución

A través del siempre interesante Newsletter de Diario del Derecho- Iustel tengo conocimiento de la STS 30-5-2014 (Ponente Sancho Gargallo) que determina que no es posible, sobre la base de unos mismos hechos, exigir la responsabilidad civil contractual de la sociedad contratada para la prestación de unos servicios, y la extracontractual del empleado o profesional encargado de su ejecución.

RESUMEN DE LOS CAPITULOS ANTERIORES:

Scrach Inver, S.L. contrató los servicios de asesoramiento contable y fiscal de Asahe Asesores, S.L., que entre otros servicios realizó y presentó las declaraciones del IVA de Scrach, que en 2007 resultaron favorables por valor de 831.505,29 euros. La Agencia Tributaria después de abrir una inspección y determinar la cuantía que debía haberse declarado, sancionó a Scrach Inver con 28.490,66 euros. Scrach Inver demandó a Asahe y a su administrador, aquí llamado Florian, reclamando el importe de la sanción. En primera instancia se declara la responsabilidad civil contractual de Asahe. En cuanto a Florian, su responsabilidad “no la fundó, como pretendía la demanda, en el art. 11.2 LSP, porque entendió que la Ley de Sociedades Profesionales, no resultaba de aplicación, sino en la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual del art. 1902 CC, aplicable en virtud de lo que denomina “la doctrina de la unidad de la culpa civil“. La AP estima la apelación de Florian, “porque no cabía fundar su responsabilidad en la concurrencia de los requisitos propios de la responsabilidad civil extracontractual, cuando la conducta es la misma que ha servido para justificar la responsabilidad civil contractual de la sociedad para la que presta sus servicios profesionales”.

LO QUE DICE EL TS

El recurso se funda en la infracción de la jurisprudencia sobre la unidad de la culpa civil, en cuya virtud el perjudicado por un comportamiento dañoso puede basar su pretensión contra el causante del daño con invocación conjunta o cumulativa de la fundamentación jurídica propia de la responsabilidad civil extracontractual (1902 C.c.) y de la responsabilidad civil contractual (1101 C.c)
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El recurso se desestima con el siguiente razonamiento que transcribo en su práctica totalidad: “Como recuerda la STS 22-1-2008, la responsabilidad debe considerarse contractual cuando a la preexistencia de un vínculo o relación jurídica de esa índole entre personas determinadas se une la producción, por una a la otra, de un daño que se manifiesta como la violación de aquel y, por lo tanto, cuando concurren un elemento objetivo -el daño ha de resultar del incumplimiento o deficiente cumplimiento de la reglamentación contractual, creada por las partes e integrada conforme al artículo 1258 CC – y otro subjetivo -la relación de obligación en la que se localiza el incumplimiento o deficiente cumplimiento ha de mediar, precisamente, entre quien causa el daño y quien lo recibe-” (STS 31-10-2007). Es aplicable el régimen de la responsabilidad extracontractual, aunque exista relación obligatoria previa, cuando el daño no haya sido causado en la estricta órbita de lo pactado por tratarse de daños ajenos a la naturaleza del negocio aunque hayan acaecido en la ejecución del mismo (SSTS 22-7-1927, 29-5-1928, 29-12-2000). Por el contrario, es aplicable el régimen contractual cuando en un determinado supuesto de hecho la norma prevé una consecuencia jurídica específica para el incumplimiento de la obligación. No cabe excluir la existencia de zonas mixtas, especialmente cuando el incumplimiento resulta de la reglamentación del contrato, pero se refiere a bienes de especial importancia, como la vida o integridad física, que pueden considerarse objeto de un deber general de protección que puede traducirse en el principio llamado a veces doctrinal y jurisprudencialmente de unidad de la culpa civil”.

Esta distinción que hace la jurisprudencia más reciente entre responsabilidad contractual y extracontractual, y el ámbito específico al que se ciñe la aplicación de la teoría de la unidad de la culpa civil, no justifica en nuestro caso que se extienda la responsabilidad civil derivada de la defectuosa prestación de un servicio contratado a una sociedad, al administrador y socio de esta sociedad encargado de realizar el servicio, más allá de los supuestos en que legalmente está previsto.

Descartado que, como pretendía el demandante en su demanda, operara la responsabilidad solidaria de la sociedad y del socio profesional que prestó el servicio en virtud del art. 11.2 LSP, no cabe que sobre la base de unos mismos hechos (una defectuosa prestación de servicios profesionales por parte de la sociedad contratada, que ha ocasionado unos daños concretos), el cliente que contrató los servicios pueda exigir, además de la responsabilidad civil contractual de la sociedad contratada, la responsabilidad civil extracontractual del empleado o profesional encargado de realizar los servicios contratados. Al juzgarlo de esta manera, la Audiencia resuelve con acierto y no conculca la reseñada jurisprudencia sobre la unidad de la culpa civil. Estamos ante un supuesto claro de responsabilidad civil contractual, respecto de la cual tan sólo está legitimada pasivamente la sociedad contratada, y no los empleados encargados de prestar el servicio, aunque en este caso se trate del administrador y socio de la compañía”.

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