Pactos parasociales en el TS: la Sentencia de 16-6-2014

La riqueza de algunos casos -que van más allá de la imaginación- bien merece un redoble de tambores con platillos al final. En estos tiempos en que debemos formular casos prácticos para los grados, posgrados, masters y pronto pregrados y ultragrados esta es una sentencia de notable interés porque tiene un poco de todo: pactos parasociales, grupo familiar, algo de usufructo y marcas, un testamento y un doble recurso ante el TS: extraordinario por infracción procesal y de casación.

La Sentencia, de la que es ponente Sancho Gargallo concluye confirmando las de instancia y apelación en lo que más nos interesa: la vigencia de los pactos parasociales y su consideración como un acuerdo válido listo para desplegar todos sus efectos y no un mero precontrato. En el debate interno entre el resumen sucinto y los extractos más largos, opto por la segunda opción, que creo que ilustra mucho mejor los términos de la controversia. Cito casi textualmente, con ligeras ediciones del texto y alguna breve acotación.

“La sociedad Sánchez Cano, S.A., que había sido fundada por Miguel Ángel y su esposa Cristina, al tiempo de iniciarse el presente pleito era propiedad de sus cuatro hijos, de acuerdo con el siguiente reparto de acciones: Alfonso era titular del 33% del capital social; Aquilino, del 33%; María Milagros, del 17%; y Ángeles, del restante 17%. En enero de 2010, Sánchez Cano, S.A. era titular de las participaciones de la sociedad brasileña, Sánchez Cano, Ltd. que representaban un 97,253817% de su capital social, correspondiendo el resto a los cuatro hermanos. El 25 de octubre de 2001, Miguel Ángel y su esposa Cristina firmaron unos acuerdos con sus cuatro hijos, bajo el encabezamiento “Informe sobre los acuerdos adoptados por la familia Miguel Ángel–Cristina”, que fueron protocolizados mediante acta notarial de fecha 7-1-2002.

El contenido de los cuatro primeros apartados es el siguiente:

«i) La participación en Sánchez Cano S.A., deberá estar representada, para D. Aquilino y D. Alfonso por un 30% cada uno de ellos del capital social y para Dª María Milagros y Dª Ángeles por un 20% cada una. Los porcentajes mencionados se corresponderán con la plena propiedad de las acciones y por tanto habrá de realizarse, con el menos coste fiscal posible, la transmisión de la nuda propiedad de un 3% del capital, por parte de D. Aquilino y D. Alfonso a favor de Dª. María Milagros y Dª. Ángeles. Igualmente el derecho de usufructo que actualmente corresponde a D. Miguel Ángel y a Dª. Cristina, sobre el 100% del capital social, deberán, en el mismo acto revertir en las proporciones descritas, a los respectivos nudos propietarios.

ii) La participación en la Sociedad Brasileña (que actualmente pertenece en un 5,33% a los 4 hermanos y en un 94,67% a la mercantil Sánchez Cano S.A. deberá corresponder a partes iguales a cada uno de ellos, sin que, a tal efecto, sea necesario que la participación se detente directamente por las personas físicas y, por ello, en orden a la consecución de dicho resultado se sumará la participación directa en la sociedad brasileña de cada uno de los hermanos a la participación indirecta que ostenten en la misma a través de la mercantil Sánchez Cano S.A., en función, lógicamente, de su correspondiente participación en ésta del 30% y del 20% respectivamente.

iii) Los bienes inmuebles (terrenos, naves, etc) en los que Sánchez Cano, SA desarrolla su actividad, en la actualidad pertenecientes a D. Miguel Ángel y Dª. Cristina, serán aportados por estos a la mercantil, y las participaciones que reciban como consecuencia de dicha aportación, serán transmitidas en el mismo acto, con el menor coste fiscal posible, a sus hijos, de tal forma que una vez realizada la transmisión, se mantenga la participación de estos en la sociedad en la proporción indicada en el punto I.

iv) Las marcas propiedad del matrimonio, que en la actualidad utiliza la sociedad, serán aportadas por éstos a la misma a cambio una renta vitalicia […].

Ángeles, en la demanda que dio inicio al presente procedimiento, pidió que se declarara: a) la validez de estos acuerdos parasociales; b) que el testamento de su madre de 16-5-2007, respetándose su validez, no podía alterar el contenido de los anteriores acuerdos parasociales, en la medida en que no podía disponer de los bienes y derechos que no le correspondían ya, a tenor del cumplimiento de dichos acuerdos; y c) la obligación recíproca de los hermanos Alfonso Ángeles María Milagros Aquilino de otorgar las correspondientes escrituras y documentos que se determinaran en ejecución de sentencia, para llevar a cumplimiento los pactos para-sociales:

i) hacer posible que la estructura accionarial de la Sánchez Cano S.A. quede […] 30%-30%-20% y 20%.

ii) hacer posible que la estructura accionarial de Miguel Ángel Ltd (con sede en Brasil) corresponda a los hermanos por partes iguales a cada uno de ellos.
iii) hacer posible que el derecho de usufructo sobre el 100% del capital social, que actualmente correspondía a Miguel Ángel y Cristina, revirtiera a los nudos propietarios (los 4 hermanos) en las respectivas proporciones antes descritas.
iv) hacer posible que los inmuebles (terrenos, naves, etc) en los que Sánchez Cano S.A. desarrolla su actividad, y que seguían siendo titularidad de Miguel Ángel y Dña. Cristina , fueran aportados a dicha sociedad.
v) hacer posible que las marcas, cuya titularidad ostentaba el matrimonio Miguel Ángel-Cristina , pasaran a ser propiedad de la mercantil Sánchez Cano, S.A.

La demanda se dirigió frente a su padre, la herencia yacente de su madre y sus otros tres hermanos. La sentencia de primera instancia aceptó la validez de los acuerdos parasociales, que coincide con la primera pretensión de la demanda, pero rechazó el resto de las pretensiones. La demandante Ángeles, al recurrir en apelación, solicitó la estimación de las pretensiones relativas a la distribución de participaciones sociales, el usufructo de los padres debía pasar a los hijos, la transmisión por los padres de los bienes donde desarrollan su actividad las sociedades y las marcas que emplean. Y abandonó las iniciales pretensiones relativas a la adaptación del testamento de su madre a los acuerdos sociales y a la indemnización de daños y perjuicios, que habían sido desestimadas por el juez de primera instancia. La codemandada María Milagros, al apelar la sentencia, pidió que sus hermanos codemandados cumplieran con la pactado relativo a la cesión de participaciones sociales de las dos mercantiles, de forma gratuita, y que se declarara la nulidad de los pactos relativos al usufructo y la cesión de inmuebles y marcas de los padres.

El resto de los codemandados apelaron la sentencia para que no se concediera validez a los pactos de 2001, a los que consideraban mera declaración de intenciones.

La Audiencia Provincial comenzó por este último recurso de apelación, que cuestionaba la validez de los pactos par-sociales. La sentencia de apelación confirma la validez de los acuerdos de 25 de octubre de 2001, protocolizados el 7 de enero de 2002, pues fueron consentidos por toda la familia, los cuatros hermanos y sus padres, sin que se hubiera cuestionado su validez en los años sucesivos. La sentencia rechaza la postura de los recurrentes que califican estos acuerdos de “mera declaración de intenciones”, porque la audiencia entiende que su contenido resulta claro, sin perjuicio de que para llevarse a cumplimiento precise de complejas operaciones, ya que basta para ello que los cuatro únicos socios de las dos compañías, trasladen a las juntas la adopción de los acuerdos necesarios para dar cumplimiento con lo convenido. La sentencia de apelación insiste en que existe causa para la adopción de estos acuerdos, la transmisión del control de las sociedades, por parte de los padres a favor de los hijos, a cambio de una renta vitalicia de 24.000.000 Ptas. anuales. Y no advierte que vayan contra el orden público o en perjuicio de terceros. La audiencia rechaza en parte la apelación de la codemandada María Milagros , al no compartir su postura de admitir parte de los acuerdos, en lo relativo a su participación social, y rechazar otra parte, lo relativo a la renuncia del usufructo y la transmisión de los inmuebles y marcas de los padres a favor de Sánchez Cano, S.A.

La sentencia de la audiencia, a continuación, estima el recurso de la demandante, al acordar que, como consecuencia de haberse admitido la validez de los acuerdos, se dé cumplimiento a ellos mediante: la condena de Alfonso y Aquilino a transmitir a sus hermanas las participaciones sociales de Sánchez Cano, S.A. y Sánchez Cano, Ltd convenidas; la transmisión del usufructo de las acciones de ambas sociedades, por parte de Miguel Ángel , a favor de sus cuatro hijos, que se cumplió después de iniciado el pleito, y que debe realizarse en la proporción que resulta del reparto de acciones previsto en los acuerdos de 2001; y la transmisión de la titularidad de las marcas e inmuebles empleados por las sociedades, por parte de Miguel Ángel a favor de dichas sociedades.

Frente a la sentencia de apelación, los codemandados Miguel Ángel, Alfonso y Aquilino interponen recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de ocho motivos, y recurso de casación, sobre la base de tres motivos“.


Recurso extraordinario por infracción procesal
. Como acabamos de ver, se presentó por 8 motivos, pero solamente me refiero a la incongruencia extra petitum, por parecerme en este caso muy interesante y por haberse estimado parcialmente, a diferencia de todos los demás que fueron desestimados.

[…] [S]e formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC : “por incurrir la sentencia recurrida en una grave incongruencia, al haber condenado a mis representados […] a extremos que no fueron solicitados por la parte actora”. […] [S]e compara lo pedido en la demanda y lo concedido en la sentencia de apelación, y se concluye que esta ha incurrido en un vicio de incongruencia extra petitum respecto de los siguientes pronunciamientos: la forma en que debía cumplirse el reparto de acciones y participaciones de las sociedades Sánchez Cano, S.A. y Sánchez Cano, Ltd., entre los cuatro hermanos, que difiere de lo pedido en la demanda; la condena de Miguel Ángel a aportar los inmuebles y las marcas a las reseñadas sociedades, sin que hubiera sido expresamente solicitado; la imposición de los gastos derivados de las transmisiones de las participaciones a las sociedades Sánchez Cano, S.A. y Sánchez Cano, Ltd., sin que hubiera sido previamente solicitado; y la declaración de gratuidad de las transmisiones de las participaciones sociales, pese a que dicha pretensión no había sido solicitada.

Se repasa brevemente el deber de congruencia “se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia” (Sentencia 173/2013, de 6 de marzo ). En particular, en relación con la modalidad de incongruencia extra petitum, (haber resuelto algo que no formaba parte del objeto del proceso), el Tribunal Constitucional puntualiza que “el juzgador está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como se hayan sido formalmente formuladas por los litigantes” (STC 182/2000, de 10 de julio). De tal forma que “no se incurre en incongruencia cuando se da acogida a lo que sustancialmente está comprendido en el objeto del pleito o implícitamente en las pretensiones deducidas en la demanda” (Sentencia 1015/2006, de 13 de octubre)

El motivo se estima en parte, como hemos dicho, porque “la integración del suplico de la demanda con los hechos y fundamentos de derecho que conforman la causa petendi , permiten apreciar que la demandante pretendía el cumplimiento de los acuerdos o pactos, denominados por la demanda de “parasociales” y en concreto, respecto de la distribución de las acciones y participaciones de las sociedades Sánchez Cano, S.A. y Sánchez Cano, Ltd., entre los cuatro hermanos, que estos últimos, mediante el otorgamiento de los correspondientes escrituras y documentos, lo hicieran posible.

i) A la vista de estas pretensiones, la condena de los codemandados Alfonso y Aquilino a transmitir a sus dos hermanas, María Milagros y Ángeles, las participaciones sociales que representan el 3% más del capital social de Sánchez Cano, S.A. que a cada una de ellas le corresponde según el acuerdo de 2001, se adecua a la pretensión ejercitada en la demanda. Alfonso y Aquilino tienen, cada uno de ellos, un 33% del capital social de Sánchez Cano, S.A., esto es, un 3% más del que les correspondería conforme al acuerdo de 2001; mientras que sus hermanas, Ángeles y María Milagros, tienen, cada una de ellas, un 17% del capital social, esto es, un 3% menos de lo que les correspondería conforme al acuerdo de 2001. Para hacer posible que la estructura accionarial de Sánchez Cano, S.A. sea que cada uno de los dos hermanos (Alfonso y Aquilino) tengan el 30% del capital social de Sánchez Cano, S.A., y que cada una de las dos hermanas (Ángeles y María Milagros ) tengan el 20%, basta con la condena de los hermanos a entregar a sus hermanas las acciones que representan el 3% que les corresponde. También se adecua a lo solicitado la referencia a que esta entrega de las acciones debe realizarse sin contraprestación alguna por parte de las hermanas, pues estaba implícita en la pretensión ejercitada en la demanda, en la medida en que conforme al título de adquisición esgrimido no debían abonar ninguna contraprestación.

iii) Sin embargo, sí que incurre en incongruencia extra petitum la sentencia recurrida cuando condena a los dos hermanos (Alfonso y Aquilino), a transmitir a cada una de sus dos hermanas ( Ángeles y María Milagros ) la titularidad de una cuarta parte de las participaciones sociales de Sánchez Cano, Ltd., pues no se acomoda a lo solicitado en la demanda. En la medida en que Alfonso y Aquilino no son titulares de las participaciones de Sánchez Cano, Ltd., sino que éstas corresponden en más de un 97% a Sánchez Cano, S.A. y en el resto a otra sociedad de la que son socios los cuatro hermanos, la pretensión ejercitada en la demanda de que se condene a Alfonso y Aquilino a “hacer posibles que la estructura empresarial de Sánchez Cano, Ltd., corresponda a los hermanos a partes iguales a cada uno de ellos” no puede englobar la condena Alfonso y Aquilino a transmitir a cada una de sus dos hermanas una cuarta parte de las participaciones de esta sociedad. Esta última condena, sin perjuicio de que tampoco estaría legitimada porque se impone a los dos hermanos la entrega de algo de lo que no pueden disponer directamente […], en cualquier caso excede de lo solicitado y de lo que podía razonablemente entenderse solicitado cuando se pedía hacer lo posible para que la estructura accionarial de Sánchez Cano, Ltd. se acomodara a la distribución convenida en el acuerdo parasocial.

iv) También constituye una clara incongruencia extra petitum la condena de Miguel Ángel a transmitir a Sánchez Cano, S.A. la titularidad de las marcas e inmuebles sobre las que ostentaba su titularidad, pues no había sido solicitado en la demanda, ni puede entenderse pretendido. En el suplico de la demanda se pide la condena de los hermanos […]al cumplimiento de determinadas obligaciones, entre ellas: D) “hacer posible que los inmuebles (terrenos, naves, etc) en los que la mercantil Sánchez Cano, S.A. desarrolla su actividad, y que siguen siendo titularidad de Miguel Ángel y Cristina , sean aportados a dicha sociedad”; y E) “hacer posible que las marcas, cuya titularidad ostenta el matrimonio, pasen a ser propiedad de la mercantil Sánchez Cano, S.A.”. En ningún momento se pide la condena de Miguel Ángel a entregar a la sociedad los inmuebles y las marcas, ni cabe entenderla solicitada implícitamente. La petición de condena sólo se dirige frente a los hermanos y se refiere a hacer lo posible para que se realice la transmisión de los inmuebles y las marcas, por parte de quien detentaba su titularidad. De este modo, esta omisión no podía obviarse, como hizo la sentencia de apelación, lo que determina que al condenar a algo que no había sido pretendido, incurra en incongruencia extra petitum”.

Recurso de casación

Simplificando, se alega que debería haberse aplicado la “jurisprudencia sobre el precontrato, que se afirma resulta de “necesaria aplicación para aquellos documentos con contenido obligacional que, como sucede en la presente litis, deben ser contemplados por acuerdos posteriores para poder ser llevados a efecto”. El TS es taxativo al desestimar el recurso: “No cabe, como se pretende con el motivo, aplicar analógicamente la doctrina sobre los efectos del precontrato, porque la sentencia expresamente califica el acuerdo de 2001 de pacto parasocial y declara que contiene obligaciones entre las partes, que pueden ser exigibles”.

En realidad, el recurso, por medio de este motivo, cuestiona la calificación que de los acuerdos de 2001 realiza la sentencia recurrida, que expresamente rechaza que se trate de una mera declaración de intenciones y les reconoce validez y una eficacia tal que legitima a cualquiera de los que fueron parte a exigir su cumplimiento. Para la jurisprudencia, estos acuerdos parasociales, mediante los cuales los socios pretenden regular, con la fuerza del vínculo obligatorio entre ellos, aspectos de la relación jurídica societaria sin utilizar los cauces específicamente previstos en la ley y los estatutos, son válidos siempre que no superen los límites impuestos a la autonomía de la voluntad (menciona las ya célebres dos sentencias de 6-3-2009).

En fin, los otros dos motivos -que se desestiman- venían referidos a cuestiones de interpretación de los contratos, que como es archisabido corresponde al tribunal de instancia y no puede ser revisada en casación en tanto no se haya producido una vulneración de la normativa que debe ser tenida en cuenta en la interpretación de los contratos. Y queda fuera del ámbito del recurso toda interpretación que resulte respetuosa con los imperativos que disciplinan la labor del intérprete, aunque no sea la única admisible. Me parece interesante tenere en cuenta que el mero hecho de haber dejado transcurrir unos años (seis o siete) sin instar el cumplimiento del acuerdo no significa que la voluntad de las partes fuera no dotarle de contenido obligacional, sino que lo único que pone de manifiesto es que mientras no surgió el conflicto entre los hermanos y los padres vivían, existía la confianza en que el acuerdo se cumpliría, sin que hubiera urgencia en darle cumplimiento. De hecho, con el acuerdo culminaba la transmisión del patrimonio de los padres a los hijos, de tal forma que otorgaba garantía de cómo se repartiría ese patrimonio entre los hijos. Por esta razón, no se aprecia la infracción de la regla del art. 1282 CC.

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