Cabe exigir en estatutos que los accionistas antes de demandar a la sociedad sometan la cuestión a la junta

 

La RDGRN de 29 de octubre de 2015 (BOE 23-11) estima el recurso presentado ante la denegación de la modificación estatutaria que pretendía  el siguiente tenor literal: «No podrán los accionistas incoar demanda alguna contra la Sociedad sin antes haber sometido la cuestión a la Junta General de Accionistas y haber resuelto ésta sobre el asunto planteado». Se suprime la referencia “extraordinaria” respecto de la redacción anterior. Se alega por parte del registrador que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución.

La DGRN se refiere a la doctrina del TC sobre el artículo 24, recurre a ejemplos como las cláusulas de sumisión a arbitraje y a alguna Resolución precedente, referida a casos similares pero no idénticos y concluye:
“A través del prisma anterior debe analizarse la cuestión debatida y para ello hay que tener en cuenta que la denegación de la inscripción del referido artículo estatutario, tal y como ahora es redactado, dejaría incólume el primitivo precepto estatutario que sólo se diferencia del nuevo en un plus, el adjetivo «extraordinaria» añadido a la referencia a la junta general. Indudablemente, enjuiciar esta última cuestión es ajena a las competencias de este Centro Directivo, pues corresponde a tribunales, tanto a la hora de determinar –a la vista del principio de salvaguardia judicial de los asientos registrales– si efectivamente contradice el principio consagrado en el artículo 24 de la Constitución; o si, por el contrario y se diera el caso de un ejercicio directo de acciones ante los tribunales, obviando el trámite estatutario hoy inscrito, tal aparente trámite previo sería una mera instancia facultativa en aras de lograr una avenencia que evitara el recurso a los tribunales (lo que no es sino un ejercicio intelectual en pro de la operatividad de la cláusula,  interpretándola en un sentido favorable a que produzca determinados efectos no contra legem, ex artículo 1284 del Código Civil), pero sin efectos interruptivos de una posible prescripción y sin que desencadenara una posible suspensión en sede judicial, pues serán los tribunales quienes decidirían sobre la procedencia o improcedencia de la acción directa ejercitada (algo que como antes se apuntó tiene perfecto encaje en la exégesis del artículo 24 de la Constitución). Por lo demás no se trata de supuestos de arbitraje o mediación societarios, en el sentido técnico que a dichos términos confiere el marco legal vigente antes reseñado”.

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12634.pdf

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