Sobre la especificación estatutaria del plazo de convocatoria del consejo (y algo de CNAE)

La RDGRN de 4-4-2016 (BOE de 2 de junio) se refiere a diversas cuestiones relativas a una modificación de estatutos de una SL unipersonal –con dos administradores mancomunados-. Por no extenderme demasiado comentaré hoy los dos primeros defectos y dejo para la siguiente entrega el tercero de ellos.

Los defectos apreciados son los siguientes:

No se identifica a cual de las diversas actividades que integran el objeto social corresponde el CNAE que consta como actividad principal del mismo. Art. 20.2 Ley 14/2013. Resoluciones 2/06/2.014 y 13/02/2.015.

El tema se resuelve de manera razonable, estimando el recurso en este punto. Efectivamente, queda claro que “en la escritura se expresa respecto de la actividad principal uno de los códigos integrados en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas; en concreto el código 68.20 que se  refiere  a  la  clase  «Alquiler  de  bienes  inmobiliarios  por  cuenta  propia»  y  que  se  corresponde claramente con algunas de las actividades incluidas en el objeto social. De  la  interpretación  literal  y  finalista  de  la  norma  que  exige  identificar  la  principal  actividad  de  la  sociedad  por  referencia  al  código  de  actividad  económica  que  mejor  la  describa resulta que en el presente caso queda aquélla cumplida, pues se expresa que el código que más se adecua a la actividad «principal» de la sociedad es el indicado, sin que exista norma alguna que exija transcribir el epígrafe con el que, en la citada Clasificación, se  detalla  la  clase  correspondiente  al  código  indicado,  ni  la  reiteración  de  la  actividad  incluida en la definición del objeto social que constituya la actividad principal, toda vez que ésta queda claramente especificada «per relationem», por la mera indicación del código expresado”.

El segundo de los defectos es que en los estatutos no se especifica el plazo de convocatoria del consejo de administración.

En este caso el recurso se desestima y me parece interesante reproducir, en su práctica totalidad la alegación y la respuesta, tal como las presenta la Dirección General.

“A diferencia  del  carácter  puramente  facultativo  que  el  TR LSA atribuía  al  régimen  estatutario  de  funcionamiento  del  consejo de administración (cfr. artículo 141.1), de suerte que su silencio podía ser suplido por  la  atribución  legal  al  propio  consejo  de  la  facultad  de  autoorganización,  la  LSRL imponía, en caso de que el modo o uno de  los  modos  de  organizar  la  administración  social  fuera  la  de  órgano  colegiado,  la  necesidad  de  establecer  en  los  estatutos  una  disciplina  mínima  de  su  organización  y  Esta distinción entre las sociedades anónimas y las sociedades limitadas se mantiene en la LSC, en el artículo 245. Según  la  reiterada  doctrina  de  esta  Dirección  General,  dentro  de  esa  exigencia  de  preordenación de las reglas de convocatoria del consejo de administración de la sociedad de  responsabilidad  limitada  había  extremos  cuya  previsión  pudiera  considerarse  innecesaria, como la fijación de un orden del día, dadas las funciones atribuidas a dicho órgano y la permanente dedicación de sus miembros que implica un conocimiento puntual y detallado de la actividad de la sociedad (Resoluciones de 17, 18 y 19 de abril de 1991); pero otras reglas, como la forma de convocatoria o la antelación con que ha de hacerse, sí debían ser objeto de regulación (Resoluciones de 5 de octubre de 1998, 12 de enero y 30 de abril de 1999 y 28 de febrero de 2000). Es cierto que, como alega el recurrente, el artículo 245.1 LSC se limita a exigir, cuando entre los modos de organizar la administración se haya previsto un consejo de administración, que en los estatutos se establezca su régimen de organización  y  funcionamiento,  que  deberá  comprender,  en  todo  caso,  las  «reglas  de convocatoria», sin precisar que entre ellas deba incluirse necesariamente el plazo, si bien ya en la RDGRN de 5 de octubre de 1998 se estableció que  «…por lo que al plazo se refiere no existe un límite legal mínimo, de suerte que tan sólo  estará  condicionado  por  el  que  impone  la  racional  posibilidad  de  concurrir  en  tiempo  y  situaciones normales al lugar de la reunión». Esta exigencia de fijación de un plazo de convocatoria debe entenderse cumplida si en los estatutos se establece junto a un concreto plazo temporal de convocatoria, la previsión de que el consejo pueda ser convocado excepcionalmente por razones de urgencia con la antelación suficiente que permita a los miembros del consejo reunirse. Dado que en la redacción estatutaria no se contemplan las previsiones anteriores, el recurso debe ser desestimado en este punto“.

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