Objeto social: disfrute, obtención y limitaciones a adquisiciones o enajenaciones

El otro de los defectos de la RDGRN de 4-4-2016 (BOE de 2 de junio) a la que nos hemos referido en la entrada anterior aunque agrupado en un único epígrafe, se refiere a tres cuestiones distintas

De  conformidad  con  lo  solicitado,  no  se   inscribiría: 

a)  Del  artículo  2  a)  y  b)  las  expresiones  «disfrute»  por  no  reflejar  actividad   mercantil  alguna.  Art.  23  L.S.C.  b) Del  artículo  2 

b)  la  expresión  «la  obtención»  porque  referida a las concesiones administrativas, es medio de conseguir el objeto, pero no objeto social.  Art. 178.2 R.R.M.

c) La letra c) del artículo 12 porque es competencia la materia a que se refiere del órgano de administración, salvo que se trate de un activo esencial, lo que no  consta. Art.  160  f)  L.S.C.  y  209  y  234  L.S.C.

DISFRUTE (se estima el recurso)

La DRGN realiza una argumentación extensa, reiterando principios bastante consolidados y recuerda una R. de 1-12-1982  «únicamente  habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general». También remite a la R. de 25-1-2012: “la determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente  un  sector  económico  o  un  género  de  actividad  mercantil  legal  o socialmente demarcados”.

Recuerda igualmente que “esta  Dirección  General  ha  tenido  ocasión  de  pronunciarse  reiteradamente  sobre  la posibilidad  de  inscribir  cláusulas  como  la  que  incluye  en  el  objeto  social  «la  mera administración  del  patrimonio  de  los  socios»  (R. de  19-3-2013),  o «adquirir, poseer y enajenar con fines de inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles e inmuebles» (R. de 29-1-2014)”.

OBTENCIÓN (se estima el recurso)

“También se refiere la calificación impugnada a la disposición estatutaria  por la que se incluye en el objeto social «la obtención, desarrollo y explotaciónde concesiones de todas clases, tanto estatales como regionales y municipales, relativasa las actividades anteriores» (esas actividades son, como se especifica en el inciso anterior del  mismo  precepto  estatutario,  «la  adquisición,  tenencia,  administración  y  disfrute  porcuenta propia y sin intermediación, de toda clase de bienes inmuebles, rústicos y urbanos, y su  explotación  y  reventa  y,  en  especial,  la  promoción,  proyecto,  construcción, compraventa, arriendo, subarriendo y explotación de estacionamientos de vehículos, tanto en  superficie  como  subterráneos  o  en  cualquier  tipo  de  edificación,  de  garajes,  de estaciones de servicio, y de equipos de control de estacionamientos,…»). El registrador se niega a inscribir la expresión «obtención», con cita del artículo 178.2 RRM, porque, a su juicio, referida a las concesiones administrativas es medio de conseguir el objeto, pero no es objeto social.

En  relación  con  dicho  precepto  reglamentario  son  aplicables  las  consideraciones expuestas  en  el  anterior  fundamento  de  Derecho,  y,  admitidas  por  el  mismo  registrador como  actividades  constitutivas  del  objeto  social  el  «desarrollo  y  explotación»  de concesiones  administrativas  relacionas  con  el  específico  sector  económico  acotado, ningún  reparo  puede  oponerse  a  la  constancia  registral  de  la  «obtención»  de  tales concesiones, de modo que, en este extremo, constituiría objeto social la adjudicación de concesiones  administrativas  inmobiliarias  y,  en  especial,  para  explotación  de estacionamientos de vehículos”.

SOBRE LAS LIMITACIONES A ENAJENACIÓN O ADQUISICIÓN DE ACTIVOS (confirma la calificación)

En relación  con  el  último  de  los  defectos  expresados  por  el  registrador  en  su  calificación, debe decidirse en este expediente si es o no inscribible la disposición de los estatutos que atribuye competencia a la junta general para «la enajenación o adquisición de cualquier activo que no haya sido aprobado en el Plan de Negocio de la sociedad, y tenga un importe superior a 1.000.000 €».

Remite a la R. 17-9-2015 y realiza una argumentación sobre facultades de administradores, limitaciones, terceros …

Debe  tenerse  en  cuenta  que  la  enajenación  o  adquisición  de  cualquier  activo  es  competencia  del  órgano  de  administración,  con  excepción  legalmente  establecida  de  la  hipótesis  de  activos  esenciales,  conforme  al  artículo  160.f) LSC.

De  cuanto  antecede  se  desprende  que una  limitación  como  la  cuestionada  en  el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ámbito de la exigencia de  responsabilidad  que  la  sociedad  pudiera  hacer  valer  frente  al  administrador  que  se  hubiese  extralimitado).  Pero  aun  cuando  esta  concreción  de  efectos  se  impondría  en definitiva  por  la  indudable  subordinación  de  las  disposiciones  estatutarias  a  las  normas legales imperativas y por la necesaria interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (1284 C.c.), es doctrina de este Centro Directivo  que  la  trascendencia  de  las  normas  estatutarias  en  cuanto  rectoras  de  la  estructura y funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en  aquella  regulación  estatutaria  como  requisito  para  su  inscripción  (vid.,  por  todas,  la R. 12-7-1993). Ningún obstáculo existiría para inscribir dicha limitación si, de conformidad con el artículo 161 LSC, en la disposición estatutaria  cuestionada  quedara  siempre  a  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  234  de  la  misma Ley (cfr. igualmente art. 28 LSC).

Finalmente, respondiendo a otra alegación, se recuerda que el registrador al  llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a  inscripción  no  está  vinculado,  por  aplicación  del  principio  de  independencia  en  su  ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes  de  la  anterior  presentación  de  la  misma  documentación  o  de  la  anterior  presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación  del  principio  de  legalidad  por  razones  de  seguridad

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