Archive for the ‘Buen gobierno’ Category

Sobre información no financiera

5 marzo 2019

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La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, empieza a desplegar todos sus efectos, pues según la Disposición transitoria 1, “Las modificaciones introducidas por esta Ley, mediante los artículos primero, segundo y tercero, serán de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018“.

El objetivo principal de la Ley (que recordemos, también modificó el artículo 348 bis y otras normas de la LSC) es incorporar la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, que tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales.

Comparto las opiniones de Jesús Alfaro aquí en lo relativo al exceso del legislador, expresado en esta frase: “La Directiva de marras ocupa 9 páginas de las cuales son texto articulado apenas cuatro“.

Me hacen llegar (¡gracias!) una serie de documentos que indican ya la existencia de problemas interpretativos. Se trata en concreto de dos consultas ante el ICAC.

Consulta sobre si el verificador del estado de información no financiera, en aplicación de lo establecido en la Ley 11 2018, de 28 de diciembre, podría ser el auditor de cuentas de la entidad o qué condiciones debe reunir éste.

Consideraciones generales: La cuestión planteada se encuentra regulada en el artículo 49.6 (último párrafo) del Código de Comercio, de acuerdo con la modificación incorporada por la citada Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de la siguiente forma: “La información incluida en el estado de información no financiera será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación”.

En relación con la cuestión planteada, este Instituto entiende que en la actualidad no se encuentran reguladas las condiciones que deben reunir quienes realicen la verificación del estado de información no financiera a que se refiere el artículo 49.6 del Código de Comercio, por lo que, hasta tanto se apruebe la regulación específica de los distintos aspectos de dicha verificación, ésta podrá realizarse por el auditor de cuentas u otras personas con características o conocimientos adecuados para ejercer tal función, y sin que exista impedimento desde el ámbito de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para que dicha verificación sea efectuada por el auditor de las cuentas anuales de la entidad en cuestión

Asimismo se plantea otra cuestión de interés (Véase la consulta completa aquí).

(simplifico el enunciado de cada cuestión y las respuestas y omito el razonamiento)

En relación con la información no financiera exigida por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, se han planteado las siguientes cuestiones:

1.- Si la mención a las sociedades filiales en la nueva redacción del apartado 5 del artículo 49 del Código de Comercio debe entenderse referida a las sociedades dependientes domiciliadas en España, a las radicadas en la Unión Europea o a todas las sociedades controladas con independencia del país en el que operen.

Una sociedad española dominante de un grupo que formule cuentas consolidadas deberá incluir en su estado de información no financiera consolidado la información relativa a todas sus sociedades dependientes con independencia del país en que esté radicado el domicilio social de estas últimas.

2.- Sobre la correcta interpretación de los términos en que se ha regulado en la legislación española la dispensa de presentar el estado de información no financiera individual.

A la vista de esta redacción cabe concluir que para poder aplicar la dispensa en España, el estado de información no financiera consolidado de la sociedad dominante domiciliada en otro Estado miembro de la Unión Europea solo debería cumplir con los requisitos de información exigidos en ese Estado miembro, en los estrictos términos regulados en ese país, en trasposición de la Directiva.
Sin embargo, en el supuesto de que la información adicional exigida en el artículo 49.6 del CdC, en comparación con la requerida en los artículos 19.bis.1 y 29.bis.1 de la Directiva, no se proporcionase de forma voluntaria en el estado de información no financiera consolidado, la sociedad española vendrá obligada a elaborar en España un estado de información no financiera individual o consolidado, según proceda, en el que se incluya la información complementaria exigida en el artículo 49.6 del CdC, limitándose en tal caso la dispensa a incorporar la información no financiera estrictamente requerida por los artículos 19.bis.1 y 29.bis.1 de la Directiva.

3.- Sobre la obligación que tiene una sociedad española de presentar el estado de información no financiera consolidado, si es dependiente de una dominante y, al mismo tiempo, es dominante de un subgrupo.

Para dar respuesta a esta pregunta, ha de darse por reproducido gran parte de lo indicado en relación con la pregunta anterior.
Como ya se ha señalado, si la sociedad dominante no estuviese domiciliada en España, a los efectos de aplicar la citada dispensa no rige la condición que se impone para evaluar la correcta aplicación de la dispensa por razón de subgrupo regulada en el artículo 43.1.2ª del CdC, y, en su desarrollo, en los artículos 7 y 9 de las Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en los que se requiere que la sociedad dominante que elabore cuentas consolidadas esté sometida a la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea.
Por lo tanto, en opinión de este Instituto, la dispensa sería aplicable tanto si la sociedad dominante que elabora el estado de información no financiera consolidado es española, como si está domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer país, en los mismos términos y por las mismas razones que se han expuesto más arriba en la contestación a la pregunta sobre el ámbito de aplicación de la dispensa regulada en el artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
En todo caso, se recuerda que si el grupo español estuviese dispensado de formular cuentas consolidadas, por cualquier de los motivos de dispensa regulados en el CdC, la obligación de elaborar el estado de información no financiera consolidado decae, porque la exigencia de este requerimiento informativo, a nivel consolidado, se vincula a la previa formulación de cuentas anuales consolidadas. No obstante, la sociedad dominante española seguiría estando obligada a elaborar el estado de información no financiera individual, salvo que a su vez pudiese aplicar la dispensa regulada en el artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos descritos en la respuesta a la segunda pregunta.

4.- Si la obligación de verificación por un verificador independiente del estado de información no financiera establecida en el artículo 49.6 del Código de Comercio (último párrafo) para cuentas consolidadas resulta también exigible a los supuestos de sociedades que se encuentren obligadas a elaborar dicho estado a nivel individual de conformidad con lo establecido en el artículo 262.5 del citado texto refundido de la ley de sociedades de capital.

Pues bien, una interpretación sistemática del artículo 262.5 del TRLSC, conforme al artículo 3.1 del Código Civil (atendiendo al contexto, antecedentes y al espíritu y finalidad de las normas), llevan a la conclusión de que el legislador ha pretendido que toda la regulación exigible para la información no financiera, incluida la de verificación independiente y el hecho de que la información no financiera sea un punto separado del orden del día, se aplique tanto a los grupos como a las sociedades de capital individuales.
La interpretación sistemática de la norma, esto es, la lectura conjunta de los artículos 49.6 del Código de Comercio y 262.5 del TRLSC, lleva a la conclusión de que el legislador ha pretendido establecer el mismo régimen para ambos supuestos, tanto en los aspectos materiales como formales, desarrollando las novedades en el artículo 49 del Código de Comercio y optando, como técnica de elaboración normativa, por la remisión a dicho artículo en la redacción del artículo 262.5 del TRLSC.
Esto es así no solamente en el caso de la Ley 11/2018 sino que esa interpretación resulta también de la lectura del Real Decreto-ley 18/2017 de 24 de noviembre del que trae causa la
Ley 11/2018.
Por tanto, las sociedades individuales a las que se refiere el artículo 262.5 del TRLSC están obligadas a la verificación prevista en el artículo 49.6 del Código de Comercio.

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The Wates Corporate Governance Principles for Large Private Companies

31 enero 2019

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Una de las características más destacadas del Corporate Governance ha sido su progresiva extensión, desde su ámbito principal de aplicación, las compañías cotizadas, a todo tipo de sociedades de capital e incluso a personas jurídicas distintas de las sociedades.

En particular, otras compañías que tienen una dimensión importante pero son sociedades cerradas son destinatarias de numerosas recomendaciones específicamente prensadas para ellas, que cristalizan en códigos de buen gobierno específicos. También se produce una batería de recomendaciones, bajo el nombre de Stewardship Codes, dirigidas esencialmente a los inversores institucionales, que constituyen unos actores esenciales en los actuales mercados de valores. La extensión ha llegado, como acabo de comentar, incluso fuera del ámbito estricto de las sociedades mercantiles, alcanzando a otras personas jurídicas (fundaciones o cooperativas por ejemplo).

Más allá de precedentes diversos de los que se han ocupado entre otros Cheffins aquí o aquí, Hopt aquí o -con un enfoque distinto- en nuestra doctrina Gondra-, debe advertirse que el  documento que marca el año cero en el actual desarrollo universal del Buen Gobierno, el llamado Informe Cadbury (1992) ya advertía esta idea: The  Code  of  Best  Practice is  directed to  the  boards  of  directors  of  all  listed  companies  registered in  the  UK,  but  we  would  encourage  as  many  other companies  as  possible  to  aim  at meeting its requirements.

En esa dirección se enmarca la publicación reciente de un nuevo documento de mucho interés: The Wates Corporate Governance Principles for Large Private Companies (se había referido a él anteriormente, el Prof. Sánchez-Calero en su blog).

La foto que ilustra esta entrada es del propio documento, y revela de manera muy gráfica la estructura del informe y los principios que desarrolla, cuyo tratamiento concreto dejo para otra ocasión, pues me interesa más destacar un par de ideas generales.

Con carácter previo se hace referencia la modificación en la Companies Act introducida a través de The Companies (Miscellaneous Reporting) Regulations 2018, y la conveniencia de ofrecer una guía al respecto (The Wates Principles introduce an approach to good corporate governance that offers sufficient flexibility for a diverse range of companies to explain the application and relevance of their corporate governance arrangements, without being unduly prescriptive).

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Por supuesto, no puede faltar la referencia a la importancia de la célebre section 172 de la Companies Act, que se refiere al deber de los administradores de promover el éxito de la sociedad (por cierto, escuchaba un día a Colin Mayer subrayar con mucha gracia el he del primer párrafo)

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En fin, me llama la atención en el apartado titulado How to report, el abandono del clásico comply or explain, sustituído aquí por un principio apply or explain.

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Estoy convencido de que este enfoque nos va a llegar pronto.

 

 

 

 

 

UK Corporate Governance Code 2018

20 julio 2018

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Esta misma semana se ha publicado The UK Corporate Governance Code 2018. La página web del Financial Reporting Council nos ofrece con envidiable lujo de detalles diversas aproximaciones a las novedades más relevantes.

Tengo la intención de desarrollar en breve algunas ideas sobre su contenido, pero me quedo a modo de resumen inicial con estas palabras de su Chief Executive,  Stephen Haddrill -a quien por cierto tuve la fortuna de ver en este acto en Oxford-

The new Code emphasises the importance of four key areas of governance:
• building a positive relationship between companies, their shareholders and stakeholders, particularly its workforce;
• aligning the company’s purpose and strategy with a healthy corporate culture;
• ensuring board membership is of a high quality and focussed on diversity, and
• remuneration that is proportionate and supports long-term success

Hace ya unos años (compruebo con horror que son ocho) señalaba en una entrada, Las barbas del vecino y el UK Corporate Governance Code algo que en ese momento ya era bastante obvio y ahora lo es aún más: que las reformas sucesivas del UK Code nos influyen de manera decisiva. El Corporate Governance es, principalmente desde el Informe Cadbury en 1992, una contribución esencial de los británicos al Derecho societario europeo y diría mundial y tengo la convicción de que incluso resistirá al Brexit.

The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance

14 mayo 2018

 

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(Thanks to automatic translation an English version of this post can be found here)

El pasado viernes tuve la fortuna de asistir a la presentación de The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, una obra colectiva esencial, probablemente la más importante de este siglo en la materia. Simplemente viendo el índice de temas y los autores correspondientes nos hacemos una idea de la trascendencia de esta obra.

La presentación del libro estuvo a la altura de su contenido, con unas presentaciones y réplicas profundas y afiladas y debates repletos de ideas, un montón de ideas apretadas que fueron surgiendo durante toda la jornada con intervenciones tan sugerentes y brillantes como los propios títulos apuntan, el ya conocido From Corporate Law to Corporate Governance de Ronald Gilson o The Future of the Corporation  de Colin Mayer o el cierre final coral, Convergence and Persistence in Corporate Law – Globalisation, cross-border integration (EU) & disintegration (Brexit) .

El Corporate Governance se ha convertido en la pieza y motor esencial del derecho de sociedades en todo el mundo y esos problemas se comparten de manera universal. Con particularidades (pienso ahora mismo por ejemplo en las propias del caso español), con diferencias notables derivadas de la propia estrucutra de los mercados, con problemas de diseño general y de encontrar una explicación de las diferencias en el resultado ante soluciones idénticas. Las dudas acerca de si las preguntas que se hacen son las correctas, cómo afrontar la disrupción tecnológica o descendiendo a terrenos prácticos más concretos, una preocupación común sobre la calidad de las explicaciones -en ese sentido no somos los únicos que tenemos problemas con el comply or explain-.

El índice

Part l: Theoretical Approaches, Tools, and Methods
1: From Corporate Law to Corporate Governance, Ronald J. Gilson
2: Convergence and Persistence in Corporate Law and Governance, Jeffrey N. Gordon
3: Corporate Governance and Its Political Economy, Mark J. Roe and Massimiliano Vatiero
4: The “Corporate Contract” Today, Michael Klausner
5: The State of State Competition for Incorporations, Marcel Kahan
6: Culture and Law in Corporate Governance, Amir N. Licht
7: A Behavioural Perspective on Corporate Law and Corporate Governance, Jaap Winter
8: Empirical Studies in Corporate Law and Governance, Michael Klausner
9: The Benefits and Costs of Indices in Empirical Corporate Governance Research, Allen Ferrell
10: Taxonomies and Leximetrics, Mathias M. Siems
Part II: Substantive Topics
11: External and Internal Asset Partitioning: Corporations and Their Subsidiaries, Henry Hansmann and Richard Squire
12: The Board of Directors, Stephen M. Bainbridge
13: Executive Remuneration, Guido Ferrarini and Cristina Ungureanu
14: Institutional Investors in Corporate Governance, Edward Rock
15: Shareholder Activism: A Renaissance, Wolf-Georg Ringe
16: Corporate Short-Termism, Mark J. Roe
17: Majority Control and Minority Protection, Zohar Goshen and Assaf Hamdani
18: Debt and Corporate Governance, Charles K. Whitehead
19: Accounting and Financial Reporting: Global Aspirations, Local Realities, Lawrence A. Cunningham
20: Related Party Transactions, Luca Enriques
21: Control Shifts via Share Acquisition Contracts with Shareholders (Takeovers), Paul Davies
22: Mergers, Acquisitions, and Restructuring: Types, Regulation, and Patterns of Practice, John C. Coates IV
23: Groups of Companies, Klaus J. Hopt
24: Corporate Social Responsibility and Corporate Governance, Cynthia A. Williams
25: Comparative Corporate Governance in Closely Held Corporations, Holger Fleischer
Part III: New Challenges in Corporate Governance
26: Western versus Asian Corporate Governance Environments: The Role of Enforcement in International Convergence, Hideki Kanda
27: Corporate Governance in Emerging Markets, Mariana Pargendler
28: The Governance Ecology of China’s State-Owned Enterprises, Curtis J. Milhaupt
29: The Rise of Foreign Ownership and Corporate Governance, Merritt B. Fox
30: Governance by Institutional Investors in a Stakeholder World, Gerard Hertig
31: New Metrics for Corporate Governance: Shifting Strategies in an Aging IPO Market, Erik Vermeulen
Part IV: Enforcement
32: Corporate Law and Self-Regulation, David Kershaw
33: The Evolution in the U.S. of Private Enforcement via Litigation and Monitoring Techniques: Are There Lessons for Germany?, James D. Cox and Randall S. Thomas
34: Private and Public Enforcement of Securities Regulation, Howell E. Jackson and Jeffrey Y. Zhang
35: Public Enforcement: Criminal versus Civil, Amanda M. Rose
36: Corporate Litigation in Specialized Business Courts, Joseph A. McCahery and F. Alexander de Roode
37: The Compliance Function: An Overview, Geoffrey Parsons Miller
Part V: Adjacent Areas
38: Comparative Corporate Insolvency Law, Horst Eidenmüller
39: Corporate Governance and Employment Relations, Zoe Adams and Simon Deakin
40: Corporate Governance, Capital Markets, and Securities Law, A.C. Pritchard
41: Vertical and Horizontal Problems in Financial Regulation and Corporate Governance, Jonathan R. Macey and Maureen O’Hara
42: Corporate Governance in Banks, John Armour
43: Tax and Corporate Governance: The Influence of Tax on Managerial Agency Costs, David M. Schizer

 

La Comisión propone nuevas normas para ayudar a las empresas a trasladarse a otros países dentro de la Unión y a encontrar soluciones en línea

7 mayo 2018
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A falta de realizar comentarios ulteriores, de momento me limito a reproducir El comunicado de prensa hecho público el pasado 25 de abril:

“La Comisión Europea ha propuesto hoy nuevas normas relativas al Derecho de sociedades para facilitar la fusión, la escisión o el traslado de empresas dentro del mercado único.

Las nuevas normas también garantizarán la prevención del abuso fiscal y la protección de los derechos de los trabajadores. Las normas estimularán el potencial de crecimiento de las empresas europeas mediante la digitalización del proceso de creación y gestión de una empresa

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado: «En nuestro próspero mercado único de la UE, las empresas tienen la libertad de circular y crecer, pero esto debe hacerse de forma justa. La propuesta de hoy establece procedimientos claros para las empresas, con salvaguardias sólidas para proteger los derechos los trabajadores y, por primera vez, para evitar los montajes artificiales con fines de evasión fiscal y otras prácticas abusivas».

La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, ha declarado : «Con demasiada frecuencia se impide a las empresas europeas buscar oportunidades de negocio en el extranjero. Quiero cambiar esta situación y modernizar las normas del Derecho de sociedades. En primer lugar, deseo más soluciones en línea para las empresas europeas a fin de ahorrar costes y tiempo. En segundo lugar, deseo ofrecer a los empresarios honrados la elección del lugar para hacer negocios y de la manera de ampliar o reorganizar sus actividades».

Normas armonizadas sobre el traslado, la fusión y la escisión de empresas, con sólidas salvaguardias frente a las prácticas abusivas

La propuesta establece procedimientos comunes a nivel de la UE sobre la manera en que una empresa puede trasladarse de un país a otro de la UE, fusionarse o escindirse en dos o más nuevas entidades en diferentes Estados.

En consonancia con una sentencia que ha creado jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (véase la nota informativa), las empresas podrán trasladar su sede de un Estado miembro a otro siguiendo un procedimiento simplificado. Las nuevas normas sobre las conversiones y las escisiones transfronterizas incluirán ahora también medidas específicas que ayudarán a las autoridades nacionales a luchar contra las prácticas abusivas. Los traslados de este tipo incluirán salvaguardias eficaces contra los montajes abusivos para eludir la legislación tributaria, perjudicar los derechos de los trabajadores o poner en peligro los intereses de los acreedores o de los accionistas minoritarios. En tales casos, la autoridad nacional del Estado miembro de partida interrumpirá la operación incluso antes de que pueda tener lugar el traslado.

En la actualidad, las normas nacionales difieren en gran medida entre los Estados miembros o imponen demasiadas trabas administrativas. Esto disuade a las empresas de buscar nuevas oportunidades por temor a una burocracia excesiva. También significa que, cuando las empresas se trasladan, quedan sin proteger adecuadamente los intereses de los acreedores y de los accionistas minoritarios.

Las nuevas normas se inscriben en la actuación de la Comisión en favor de un mercado único más justo. También complementan las iniciativas recientes para reforzar las normas relativas a los trabajadores desplazados y la lucha contra la evasión y el fraude fiscales, así como la propuesta de la Comisión relativa a la Autoridad Laboral Europea. Al mismo tiempo, las nuevas normas permitirán a las empresas trasladarse o reorganizarse sin complicaciones jurídicas innecesarias y a un menor coste en todo el mercado único. Según las estimaciones de la Comisión, el ahorro de costes para las empresas se cifraría entre 12 000 y 19 000 euros por operación y entre 176 y 280 millones de euros durante un período de cinco años.

Creación de empresas en línea

En la actualidad solo hay 17 Estados miembros que ofrezcan un procedimiento íntegramente en línea para el registro de sociedades. Con arreglo a las nuevas normas, las empresas podrán inscribirse, establecer nuevas sucursales o presentar documentos en el registro mercantil en línea en todos los Estados miembros. La digitalización hace que el proceso de creación de una empresa sea más rentable y eficaz:

  • el registro en línea dura como media la mitad del tiempo y puede ser hasta tres veces más barato que el tradicional realizado en papel;
  • el ahorro en el caso del registro y la presentación de una solicitud a tal efecto en línea con arreglo a las nuevas normas se estima en un cifra comprendida entre los 42 y los 84 millones de euros al año para las empresas de la UE;
  • el principio de «solo una vez», incluido en la presente propuesta, acaba con la necesidad de presentar varias veces la misma información a distintas autoridades en el ciclo de vida de una empresa;
  • se pondrá a disposición de todas las partes interesadas más información sobre las sociedades de forma gratuita en los registros mercantiles.

Para prevenir el fraude y las prácticas abusivas, las autoridades nacionales podrán basarse recíprocamente en sus datos sobre los directivos inhabilitados. Si sospechan de la existencia de un fraude, las autoridades seguirán pudiendo solicitar la presencia física de los propietarios de la empresa. También podrán exigir la participación de agentes acreditados, tales como los notarios, en el proceso.

Contexto

En mayo de 2015, la Comisión anunció la Estrategia para el Mercado Único Digital, destinada a responder a los retos de la economía digital. En el marco de esta estrategia, la Comisión se comprometió a conseguir unas normas más simples y menos gravosas para las empresas. Esto incluye aportar soluciones digitales durante todo el ciclo de vida de una empresa, en particular en lo que atañe a su registro y a la presentación de sus documentos y datos. Asimismo, la Comisión anunció que estudiaría la necesidad de actualizar las normas sobre fusiones transfronterizas y de introducir normas sobre las escisiones transfronterizas.

En el Programa de Trabajo de la Comisión de 2017, esta anunció que presentaría una iniciativa en materia de Derecho de sociedades para facilitar el uso de las tecnologías digitales a lo largo de todo el ciclo de vida de una empresa, así como las fusiones y escisiones transfronterizas.

En octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró (C-106/16 Polbud) que la libertad de establecimiento comprende el derecho de una empresa a convertirse en una sociedad sujeta al Derecho de otro Estado miembro si cumple los requisitos del Estado miembro de destino para su incorporación (conversión transfronteriza).

Para más información:

Directiva en lo que respecta al uso de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades

Directiva en lo que respecta a las conversiones, fusiones y escisiones transfronterizas

Preguntas y respuestas

Página correspondiente a esta política

 

 

“This House believes that Brussels should have the power to block foreign takeovers”

3 mayo 2018

 

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Bajo el formato de un Oxford Union-style Debate  se discute el tema “This House believes that Brussels should have the power to block foreign takeovers”, recogiendo un debate del que puede verse su origen aquí o más recientemente aquí

Con dos defensores de la moción, L. Holle y P. Montagnon y dos opositores, J. Coffee y E-L von Thadden y amplia participación de la audiencia se llega a la votación final.

Proteccionismo, seguridad, Trump, China, reciprocidad,  son algunas de las palabras más repetidas.

Supongo que el debate podrá verse en un futuro próximo en la web de la ECGI. Muy recomendable y estimulante.

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Por cierto, el resultado: 15 a favor 17 en contra. Ha habido abstenciones

Corporate Governance: Mitos y realidades. Estamos en Coursera

2 abril 2018

 

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Iniciamos esta experiencia con un curso de Corporate Governance, estructurado en cuatro semanas repartidas de la siguiente manera.

  1. Panorama general del corporate governance. Función y desarrollo (Jorge Miquel UAB)
  2. Los acreedores en el gobierno corporativo (Francisco Mercadal UAB)
  3. Gobierno corporativo y diversidad de género (Adoración Perez Troya UAH)
  4. Las políticas de compliance (Miriam Cugat UAB, Inma Valeije UVigo, Gonzalo Quintero URV, Luigi Foffani, Unimore –Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia-)

Contamos además con invitados con los que tenemos conversaciones de mucho interés: Carlos Bas, miembro de un Consejo de un Banco inglés o Miguel Angel Gimeno, Director de la Oficina Antifraude de Cataluña en las semanas 1 y 4 respectivamente.

Como puede verse, el programa es variado, va de lo general a lo concreto y toca aspectos diversos. Tenemos el reto de poder interesar a personas que no tengan un conocimiento de la materia pero también que aquellos que ya lo conozcan y se acerquen a este curso puedan aprovechar y aprender.

El subtítulo, “mitos y realidades” pretende subrayar que determinadas creencias generales -si es que tal cosa existe en este ámbito- a veces no se ajustan estrictamente a la realidad: el juego del principio comply or explain o el alcance de las políticas de compliance son dos ejemplos de una percepción distinta de lo que sucede.

Explico algo sobre Coursera en la entrada anterior. Coursera tiene una alta implantación en América Latina y por esa razón aunque a veces las referencias sean meramente incidentales, tenemos la mirada puesta en todo momento hacia allí, confiando en que podamos desempeñar también ese papel de receptor de las políticas que vienen de la UE y en este caso singularmente del Reino Unido y explicar al mismo tiempo la experiencia española, que es obviamente la que mejor conocemos.

En fin, no sé qué más decir. Esperando al viaje, despegamos.

Ground Control to Major Tom (ten, nine, eight, seven, six)
Commencing countdown, engines on (five, four, three)
Check ignition and may God’s love be with you (two, one, liftoff)
This is Ground Control to Major Tom
You’ve really made the grade

 

 

 

 

 

 

Gobierno de las Sociedades ante Situaciones de Crisis

16 marzo 2018

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Una vez más doy noticia de la interesante jornada que organizan los colegas mercantilistas de la UAM, en lo que constituye ya la IV Jornada de trabajo con hilo de continuidad temático y estructural (aquí la III con referencias a la I y la II). En este caso, analizando el papel de administradores y socios en situaciones de crisis, un tema de mucha actualidad en el que confluye el más puro derecho de sociedades con el concursal y las reglas de buen gobierno corporativo que cada vez afectan a más sectores.

Viernes, 20 de abril a partir de las 09:30 de la mañana en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UAM. Inscripciones en gobierno.corporativo@uam.es

 

CNMV: Estudio basado en el Informe anual de gobierno corporativo

8 febrero 2018

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En el Boletin de la CNMV de enero de 2018  (páginas 55 y siguientes) se ha publicado un estudio basado en el Informe anual de gobierno corporativo (IAGC, vayamos acostumbrándonos a las siglas) de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales (ejercicio 2016) publicado en noviembre de 2017 por la CNMV. Los autores del Informe son Javier Sanz Alonso y Nerea Vázquez García, del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV.

Hace unas semanas recordaba aquí la incorporación a nuestro ordenamiento de  normas sobre divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa. Estas materias constituyen sin duda una pieza importante del buen gobierno y además de estar sujetas a un escrutinio cada vez mayor van incorporándose progresivamente a nuestra legislación societaria en concreto al Código de comercio y a la LSC (y a la Ley de Auditoría de Cuentas). En esa línea creo que debe también ponerse en contexto este informe, en donde se intuye ya esa tendencia a un IAGC de mayor alcance.

Reproduzco aquí textualmente  las conclusiones a las que llegan los autores (p. 72) y me detengo en un breve comentario de la última de ellas.

– Se siguen observando desde 2006 (año en que se aprobó el Código unificado) mejoras en los IAGC de las sociedades, destacando especialmente la relativa a la información general ofrecida por las sociedades en los mencionados informes y un mayor grado de seguimiento de las recomendaciones.
– En cuanto a la participación en las juntas generales, cabe destacar el descenso de la asistencia física, en mayor proporción que el incremento experimentado en la participación por representación. Por otro lado, los medios electrónicos para emitir el voto registraron un incremento, mientras que se redujo el uso de otros medios.
– Por lo que respecta a la estructura del consejo, destaca el incremento de más de 3 puntos porcentuales en el número de consejeros que ocupan el cargo de presidente del consejo, con categoría de independientes (10,9 % en 2016).
– La presencia media del 16,6% de mujeres en los consejos, aunque ha aumentado 4,6 puntos porcentuales desde 2013, todavía está lejos del objetivo marcado del 30 % en 2020.
– Respecto a la descripción del SCIIF, el 96,6 % de los emisores cotizados la incluyó en sus IAGC. Casi la totalidad de las sociedades del Ibex 35 (94,1%) sometieron esta descripción a la revisión del auditor.
– El grado de seguimiento del nuevo Código de buen gobierno es elevado para ser el segundo año de aplicación, ya que en promedio se sigue el 83,9 % de sus recomendaciones. No obstante, se constata que las recomendaciones que menos se siguen son las relativas a las nuevas prácticas que recomienda el Código, entre las que destaca que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y una de retribuciones separadas, y que exista transparencia informativa previa a la junta general.
– Por lo que respecta al análisis de las explicaciones ofrecidas en los IAGC por las sociedades españolas cotizadas, son las primeras que se elaboran tras la publicación de la Guía técnica de buenas prácticas del principio «cumplir o explicar», como se ha mencionado anteriormente. El análisis —conforme al grado de exigencia establecido en la Guía— demuestra que se debe mejorar la calidad de las explicaciones, por lo que la CNMV mantendrá en los próximos ejercicios la especial atención que viene prestando en los últimos años a este aspecto del gobierno corporativo de las sociedades.
Como decía, más allá del reflejo en el informe (y en este estudio) de la evolución puntual de diversas materias, cada una de ellas digna de un estudio individualizado (participación en las juntas, estructura de los consejos, diversidad de género …) debemos subrayar una evidencia: para que se cumplan los objetivos para los que se ha creado este sistema,  debemos conseguir la mayor calidad posible en las explicaciones: como dice la Guía técnica de buenas prácticas para la aplicación del principio «cumplir o explicar» hay que evitar las explicaciones redundantes, generales, alternativas y transitorias.

Convalidación Real Decreto-ley 18/2017 que modifica Código de comercio, Ley de Sociedades de Capital y Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad

22 diciembre 2017
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Se publica en el BOE de hoy el acuerdo en el Congreso de los Diputados de convalidar el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 25 de noviembre de 2017.
Se observa, como tendencia de interés en el marco del gobierno corporativo,  la expansión progresiva de su ámbito de actuación.  La reforma y sus razones vienen bien explicadas en la Exposición de Motivos.
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales.
Por otro lado, la Directiva 2014/95/UE amplía el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que deben publicar las sociedades anónimas cotizadas, en aras de mejorar la transparencia facilitando la comprensión de la organización empresarial y de los negocios de la empresa de que se trate. La nueva obligación para estas sociedades consiste en la divulgación de las «políticas de diversidad de competencias y puntos de vista» que apliquen a su órgano de administración respecto a cuestiones como la edad, el sexo, la discapacidad, o la formación y experiencia profesional. En caso de que la sociedad no aplicase una política de diversidad, no existe obligación alguna de establecerla, aunque la declaración sobre gobernanza empresarial ha de explicar claramente el motivo por el que no se aplica.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En este contexto, con el fin de mejorar la coherencia y la comparabilidad de la información no financiera divulgada, algunas empresas deben preparar un estado de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. De acuerdo con la Directiva 2014/95/UE ese estado debe incluir una descripción de las políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y debe incorporarse en el informe de gestión de la empresa obligada o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.
Dicho estado debe incluir, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no
renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la contaminación atmosférica.
Respecto a las cuestiones sociales y relativas al personal, la información facilitada en el estado puede hacer referencia a las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de esas comunidades.En relación con los derechos humanos, el estado de información no financiera podría incluir información sobre la prevención de las violaciones de los derechos humanos y en su caso, sobre las medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos.
Asimismo, en relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, el estado de información no financiera podría incluir información sobre los instrumentos existentes  para luchar contra los mismos.
El estado de información no financiera, de acuerdo con la citada Directiva, debe incluir información sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales. A estos efectos, se entiende por procedimientos de diligencia debida las actuaciones realizadas para identificar y evaluar los riesgos, así como para su verificación y control, incluyendo la adopción de medidas.
Las empresas obligadas deben facilitar información adecuada sobre los aspectos respecto de los que existen más probabilidades de que se materialicen los principales riesgos de efectos graves, junto con los aspectos respecto de los que dichos riesgos ya se han materializado. Los riesgos de efectos adversos pueden derivarse de actividades propias de la empresa o pueden estar vinculados a sus actividades. Esto no debe entrañar cargas administrativas adicionales innecesarias para las pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Continúa la explicación
El ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información no financiera se extiende, a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las comanditarias por acciones que, de forma simultánea, tengan la condición de entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicionalmente se consideren empresas grandes, en los términos definidos por la Directiva 2013/34, es decir, cuyo importe neto de la cifra de negocios, total activo y número medio de trabajadores determine su calificación en este sentido.
Las sociedades de interés público que formulen cuentas consolidadas también están incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma siempre que el grupo se califique como grande, en los términos definidos por la Directiva 2013/34/UE, y el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio por el conjunto de sociedades que integran el grupo sea superior a 500.  No obstante, una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de la obligación anterior si la empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra empresa. Por otro lado, y en cualquier caso, las pequeñas y medianas empresas quedan eximidas de la obligación de incluir una declaración no financiera, así como de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación
La modificación afecta al artículo 49 del Código de comercio, al artículo 35 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y en concreto en lo referido a la Ley de Sociedades de Capital el artículo 262.5, se añade un 262.6 y se modifica el 6.º del artículo 540.4.c)
En fin, la modificación concreta en el texto de la Ley de Sociedades de Capital es del tenor literal siguiente:
Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 262, que queda redactado como sigue:
«5. Las sociedades de capital que, de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas,  tengan  la  consideración  de  entidades  de  interés  público  deberán incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera o elaborar  un  informe  separado  con  el  mismo  contenido  que  el  previsto  para  las  cuentas consolidadas por el artículo 49, apartados 5, 6 y 7 del Código de Comercio, aunque referido exclusivamente a la sociedad en cuestión siempre que concurran  en ella los siguientes requisitos:
a) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500
b) Que durante  dos  ejercicios  consecutivos  reúnan,  a  la  fecha  de  cierre  de  cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

1.º  Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.

2.º  Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de  euros.

3.º  Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no  financiera  si  dejan  de  reunir,  durante  dos  ejercicios  consecutivos  dos  de  los  requisitos de la letra b) anterior, o cuando al cierre del ejercicio el número medio de trabajadores empleados no excediera de 500.

En  los  dos  primeros  ejercicios  sociales  desde  la  constitución  de  la  sociedad,   estará  obligada  a  elaborar  el  estado  de  información  no  financiera  consolidado  cuando  al  cierre  del  primer  ejercicio  se  cumplan,  al  menos,  dos  de  las  tres  circunstancias a que se refiere el apartado b), siempre que al cierre del ejercicio se cumpla además el requisito previsto en el apartado a).

En casos excepcionales se podrá omitir información relativa a acontecimientos inminentes  o  cuestiones  que  están  siendo  objeto  de  negociación  cuando,  en  la  opinión  debidamente  justificada  del  órgano  de  administración,  la  divulgación  de  dicha información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial del grupo, siempre  que  esa  omisión  no  impida  una  comprensión  fiel  y  equilibrada  de  la  evolución, los resultados y la situación del grupo, y del impacto de su actividad.

Una  sociedad  dependiente  de  un  grupo  estará  dispensada  de  la  obligación  establecida en este apartado si dicha empresa y sus dependientes, si las tuviera, están  incluidas  a  su  vez  en  el  informe  de  gestión  consolidado  de  otra  empresa,  elaborado conforme al contenido establecido en este artículo. Si una sociedad se  acoge  a  esta  opción,  deberá  incluir  en  el  informe  de  gestión  una  referencia  a  la  identidad  de  la  sociedad  dominante  y  al  Registro  Mercantil  u  otra  oficina  pública  donde  deben  quedar  depositadas  sus  cuentas  junto  con  el  informe  de  gestión  consolidado o, en los supuestos de no quedar obligada a depositar sus cuentas en ninguna oficina pública, o de haber optado por la elaboración del informe eparado, sobre  dónde  se  encuentra  disponible  o  se  puede  acceder  a  la  información  consolidada de la sociedad dominante.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 262, con la siguiente redacción: «6.  La  información  contenida  en  el  informe  de  gestión  en  ningún  caso  justificará  su  ausencia  en  las  cuentas  anuales  cuando  esta  información  deba  incluirse en éstas de conformidad con lo previsto en este título y las disposiciones que lo desarrollan.»

Tres. Se modifica la redacción del subapartado 6.º del artículo 540.4.c) que queda redactada como sigue: «Una descripción de la política de diversidad aplicada en relación con el consejo  de administración, incluyendo sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la que se han aplicado y los resultados en el período de presentación de informes, así  como las medidas que, en su caso, hubiera acordado en este sentido la comisión de nombramientos.  La  política  de  diversidad  comprenderá  cuestiones  como  la  formación  y  experiencia  profesional,  la  edad,  la  discapacidad  y  el  género,  que  se referirá a las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

En  caso  de  no  aplicarse  una  política  de  este  tipo,  se  deberá  ofrecer  una  explicación al respecto.

Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición contenida en la legislación de auditoría de cuentas, únicamente estarán obligadas a proporcionar información sobre las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado en materia de género.»

Finalmente, se precisa el primer ejercicio en que se aplica la norma:

Las modificaciones introducidas por este real decreto-ley serán de aplicación para los  ejercicios  económicos  que  se  inicien  a  partir  del  1  de  enero  de  2017.  Los  dos  ejercicios  computables,  a  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  49.5.b)  del  Código  de  Comercio  y 262.5.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital serán el citado ejercicio 2017 y el inmediato anterior.