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CNMV: Estudio basado en el Informe anual de gobierno corporativo

8 febrero 2018

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En el Boletin de la CNMV de enero de 2018  (páginas 55 y siguientes) se ha publicado un estudio basado en el Informe anual de gobierno corporativo (IAGC, vayamos acostumbrándonos a las siglas) de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales (ejercicio 2016) publicado en noviembre de 2017 por la CNMV. Los autores del Informe son Javier Sanz Alonso y Nerea Vázquez García, del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV.

Hace unas semanas recordaba aquí la incorporación a nuestro ordenamiento de  normas sobre divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa. Estas materias constituyen sin duda una pieza importante del buen gobierno y además de estar sujetas a un escrutinio cada vez mayor van incorporándose progresivamente a nuestra legislación societaria en concreto al Código de comercio y a la LSC (y a la Ley de Auditoría de Cuentas). En esa línea creo que debe también ponerse en contexto este informe, en donde se intuye ya esa tendencia a un IAGC de mayor alcance.

Reproduzco aquí textualmente  las conclusiones a las que llegan los autores (p. 72) y me detengo en un breve comentario de la última de ellas.

– Se siguen observando desde 2006 (año en que se aprobó el Código unificado) mejoras en los IAGC de las sociedades, destacando especialmente la relativa a la información general ofrecida por las sociedades en los mencionados informes y un mayor grado de seguimiento de las recomendaciones.
– En cuanto a la participación en las juntas generales, cabe destacar el descenso de la asistencia física, en mayor proporción que el incremento experimentado en la participación por representación. Por otro lado, los medios electrónicos para emitir el voto registraron un incremento, mientras que se redujo el uso de otros medios.
– Por lo que respecta a la estructura del consejo, destaca el incremento de más de 3 puntos porcentuales en el número de consejeros que ocupan el cargo de presidente del consejo, con categoría de independientes (10,9 % en 2016).
– La presencia media del 16,6% de mujeres en los consejos, aunque ha aumentado 4,6 puntos porcentuales desde 2013, todavía está lejos del objetivo marcado del 30 % en 2020.
– Respecto a la descripción del SCIIF, el 96,6 % de los emisores cotizados la incluyó en sus IAGC. Casi la totalidad de las sociedades del Ibex 35 (94,1%) sometieron esta descripción a la revisión del auditor.
– El grado de seguimiento del nuevo Código de buen gobierno es elevado para ser el segundo año de aplicación, ya que en promedio se sigue el 83,9 % de sus recomendaciones. No obstante, se constata que las recomendaciones que menos se siguen son las relativas a las nuevas prácticas que recomienda el Código, entre las que destaca que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y una de retribuciones separadas, y que exista transparencia informativa previa a la junta general.
– Por lo que respecta al análisis de las explicaciones ofrecidas en los IAGC por las sociedades españolas cotizadas, son las primeras que se elaboran tras la publicación de la Guía técnica de buenas prácticas del principio «cumplir o explicar», como se ha mencionado anteriormente. El análisis —conforme al grado de exigencia establecido en la Guía— demuestra que se debe mejorar la calidad de las explicaciones, por lo que la CNMV mantendrá en los próximos ejercicios la especial atención que viene prestando en los últimos años a este aspecto del gobierno corporativo de las sociedades.
Como decía, más allá del reflejo en el informe (y en este estudio) de la evolución puntual de diversas materias, cada una de ellas digna de un estudio individualizado (participación en las juntas, estructura de los consejos, diversidad de género …) debemos subrayar una evidencia: para que se cumplan los objetivos para los que se ha creado este sistema,  debemos conseguir la mayor calidad posible en las explicaciones: como dice la Guía técnica de buenas prácticas para la aplicación del principio «cumplir o explicar» hay que evitar las explicaciones redundantes, generales, alternativas y transitorias.
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Convalidación Real Decreto-ley 18/2017 que modifica Código de comercio, Ley de Sociedades de Capital y Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad

22 diciembre 2017
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Se publica en el BOE de hoy el acuerdo en el Congreso de los Diputados de convalidar el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 25 de noviembre de 2017.
Se observa, como tendencia de interés en el marco del gobierno corporativo,  la expansión progresiva de su ámbito de actuación.  La reforma y sus razones vienen bien explicadas en la Exposición de Motivos.
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales.
Por otro lado, la Directiva 2014/95/UE amplía el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que deben publicar las sociedades anónimas cotizadas, en aras de mejorar la transparencia facilitando la comprensión de la organización empresarial y de los negocios de la empresa de que se trate. La nueva obligación para estas sociedades consiste en la divulgación de las «políticas de diversidad de competencias y puntos de vista» que apliquen a su órgano de administración respecto a cuestiones como la edad, el sexo, la discapacidad, o la formación y experiencia profesional. En caso de que la sociedad no aplicase una política de diversidad, no existe obligación alguna de establecerla, aunque la declaración sobre gobernanza empresarial ha de explicar claramente el motivo por el que no se aplica.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En este contexto, con el fin de mejorar la coherencia y la comparabilidad de la información no financiera divulgada, algunas empresas deben preparar un estado de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. De acuerdo con la Directiva 2014/95/UE ese estado debe incluir una descripción de las políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y debe incorporarse en el informe de gestión de la empresa obligada o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.
Dicho estado debe incluir, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no
renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la contaminación atmosférica.
Respecto a las cuestiones sociales y relativas al personal, la información facilitada en el estado puede hacer referencia a las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de esas comunidades.En relación con los derechos humanos, el estado de información no financiera podría incluir información sobre la prevención de las violaciones de los derechos humanos y en su caso, sobre las medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos.
Asimismo, en relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, el estado de información no financiera podría incluir información sobre los instrumentos existentes  para luchar contra los mismos.
El estado de información no financiera, de acuerdo con la citada Directiva, debe incluir información sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales. A estos efectos, se entiende por procedimientos de diligencia debida las actuaciones realizadas para identificar y evaluar los riesgos, así como para su verificación y control, incluyendo la adopción de medidas.
Las empresas obligadas deben facilitar información adecuada sobre los aspectos respecto de los que existen más probabilidades de que se materialicen los principales riesgos de efectos graves, junto con los aspectos respecto de los que dichos riesgos ya se han materializado. Los riesgos de efectos adversos pueden derivarse de actividades propias de la empresa o pueden estar vinculados a sus actividades. Esto no debe entrañar cargas administrativas adicionales innecesarias para las pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Continúa la explicación
El ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información no financiera se extiende, a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las comanditarias por acciones que, de forma simultánea, tengan la condición de entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicionalmente se consideren empresas grandes, en los términos definidos por la Directiva 2013/34, es decir, cuyo importe neto de la cifra de negocios, total activo y número medio de trabajadores determine su calificación en este sentido.
Las sociedades de interés público que formulen cuentas consolidadas también están incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma siempre que el grupo se califique como grande, en los términos definidos por la Directiva 2013/34/UE, y el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio por el conjunto de sociedades que integran el grupo sea superior a 500.  No obstante, una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de la obligación anterior si la empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra empresa. Por otro lado, y en cualquier caso, las pequeñas y medianas empresas quedan eximidas de la obligación de incluir una declaración no financiera, así como de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación
La modificación afecta al artículo 49 del Código de comercio, al artículo 35 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y en concreto en lo referido a la Ley de Sociedades de Capital el artículo 262.5, se añade un 262.6 y se modifica el 6.º del artículo 540.4.c)
En fin, la modificación concreta en el texto de la Ley de Sociedades de Capital es del tenor literal siguiente:
Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 262, que queda redactado como sigue:
«5. Las sociedades de capital que, de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas,  tengan  la  consideración  de  entidades  de  interés  público  deberán incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera o elaborar  un  informe  separado  con  el  mismo  contenido  que  el  previsto  para  las  cuentas consolidadas por el artículo 49, apartados 5, 6 y 7 del Código de Comercio, aunque referido exclusivamente a la sociedad en cuestión siempre que concurran  en ella los siguientes requisitos:
a) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500
b) Que durante  dos  ejercicios  consecutivos  reúnan,  a  la  fecha  de  cierre  de  cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

1.º  Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.

2.º  Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de  euros.

3.º  Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no  financiera  si  dejan  de  reunir,  durante  dos  ejercicios  consecutivos  dos  de  los  requisitos de la letra b) anterior, o cuando al cierre del ejercicio el número medio de trabajadores empleados no excediera de 500.

En  los  dos  primeros  ejercicios  sociales  desde  la  constitución  de  la  sociedad,   estará  obligada  a  elaborar  el  estado  de  información  no  financiera  consolidado  cuando  al  cierre  del  primer  ejercicio  se  cumplan,  al  menos,  dos  de  las  tres  circunstancias a que se refiere el apartado b), siempre que al cierre del ejercicio se cumpla además el requisito previsto en el apartado a).

En casos excepcionales se podrá omitir información relativa a acontecimientos inminentes  o  cuestiones  que  están  siendo  objeto  de  negociación  cuando,  en  la  opinión  debidamente  justificada  del  órgano  de  administración,  la  divulgación  de  dicha información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial del grupo, siempre  que  esa  omisión  no  impida  una  comprensión  fiel  y  equilibrada  de  la  evolución, los resultados y la situación del grupo, y del impacto de su actividad.

Una  sociedad  dependiente  de  un  grupo  estará  dispensada  de  la  obligación  establecida en este apartado si dicha empresa y sus dependientes, si las tuviera, están  incluidas  a  su  vez  en  el  informe  de  gestión  consolidado  de  otra  empresa,  elaborado conforme al contenido establecido en este artículo. Si una sociedad se  acoge  a  esta  opción,  deberá  incluir  en  el  informe  de  gestión  una  referencia  a  la  identidad  de  la  sociedad  dominante  y  al  Registro  Mercantil  u  otra  oficina  pública  donde  deben  quedar  depositadas  sus  cuentas  junto  con  el  informe  de  gestión  consolidado o, en los supuestos de no quedar obligada a depositar sus cuentas en ninguna oficina pública, o de haber optado por la elaboración del informe eparado, sobre  dónde  se  encuentra  disponible  o  se  puede  acceder  a  la  información  consolidada de la sociedad dominante.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 262, con la siguiente redacción: «6.  La  información  contenida  en  el  informe  de  gestión  en  ningún  caso  justificará  su  ausencia  en  las  cuentas  anuales  cuando  esta  información  deba  incluirse en éstas de conformidad con lo previsto en este título y las disposiciones que lo desarrollan.»

Tres. Se modifica la redacción del subapartado 6.º del artículo 540.4.c) que queda redactada como sigue: «Una descripción de la política de diversidad aplicada en relación con el consejo  de administración, incluyendo sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la que se han aplicado y los resultados en el período de presentación de informes, así  como las medidas que, en su caso, hubiera acordado en este sentido la comisión de nombramientos.  La  política  de  diversidad  comprenderá  cuestiones  como  la  formación  y  experiencia  profesional,  la  edad,  la  discapacidad  y  el  género,  que  se referirá a las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

En  caso  de  no  aplicarse  una  política  de  este  tipo,  se  deberá  ofrecer  una  explicación al respecto.

Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición contenida en la legislación de auditoría de cuentas, únicamente estarán obligadas a proporcionar información sobre las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado en materia de género.»

Finalmente, se precisa el primer ejercicio en que se aplica la norma:

Las modificaciones introducidas por este real decreto-ley serán de aplicación para los  ejercicios  económicos  que  se  inicien  a  partir  del  1  de  enero  de  2017.  Los  dos  ejercicios  computables,  a  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  49.5.b)  del  Código  de  Comercio  y 262.5.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital serán el citado ejercicio 2017 y el inmediato anterior.

 

III Congreso sobre Gobierno Corporativo. Temas actuales sobre Administradores sociales y Junta General: ICAB, Barcelona, 16 y 17 de noviembre

8 noviembre 2017

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La próxima semana, los días 16 y 17 de noviembre se celebra en el ICAB, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona el III Congreso sobre Gobierno Corporativo. organizado por el Catedrático de la UB Daniel Vázquez Albert.

El programa es intenso, los ponentes de procedencia diversa, de altísimo nivel: magistrados (TS, Audiencia, Juzgado Mercantil), notario y registrador, abogados y por supuesto profesores de Universidad. El formato previsto pretende apuntar los problemas esenciales y fomentar el debate.

Ese día hago doblete, por la mañana moderando una mesa en la Jornada sobre Propiedad Industrial y por la tarde participando en una de las mesas de este Congreso sobre Gobierno Corporativo.

Este Congreso coincide, por cierto con el que se organiza en Sevilla: el Congreso Internacional Concurso y Derecho de Sociedades

El día 16 de noviembre los mercantilistas nos echamos a la calle

III Congreso sobre Gobierno Corporativo. Temas actuales sobre administradores sociales y Junta general.
Barcelona, 16-17 de noviembre de 2017
Horario: Jueves 16/11/2017, de 15 a 20:30 horas/ Viernes 17/11/2017, de 9 a 14 horas
Lugar de celebración: Aula 1 del Centro de Formación ICAB (C/Mallorca 281)
Organiza: Sección de Derecho Mercantil del ICAB de la Comisión de Cultura y Grupo de Investigación Consolidado sobre Gobierno Corporativo de la Empresa de la UB
Jueves, 16 de noviembre de 2017
15:00-16:00h. Acreditaciones y entrega de documentación
16:00-16:15h. Inauguración
Eugènia Gay Rosell, Decana del ICAB
Belén Arribas Sánchez, Presidenta de la Sección de derecho mercantil del ICAB, abogada
Daniel Vázquez Albert, Catedrático de derecho mercantil de la UB
16:15-17:45h.
Mesa Redonda 1. Impugnación de acuerdos sociales y artículo 348bis LSC
Moderador: José M. Calavia Molinero, Catedrático de Derecho Mercantil de la UB, abogado
– Problemática judicial:
Bárbara Córdoba Ardao, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 9 de Barcelona
– Derecho al dividendo y derecho de separación de socios (art. 348 bis LSC):
José M. Rojí Buqueras, Abogado
– Financiación de empresas y art. 348 bis LSC:
José Soria Sorjús, Abogado
– Impugnación de acuerdos por infracción del derecho de información:
Rafael Guasch Martorell, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la UB
– Impugnación de acuerdos abusivos y opresión de minoría:
Joan Jané Bonet, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la UB
– Protección de minoría y pactos entre socios:
Simeón García-Nieto Nubiola, Abogado
Coloquio
17:45-18:00h Pausa
18:00-19:30h
Mesa redonda 2. Venta de activos esenciales y traslado de domicilio social
Moderadora: Maria Teresa Gispert Pastor, Catedrática de Derecho Mercantil de la UB
– Problemática judicial:
José M. Fernández Seijo, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15ª)
– Concepto de activo esencial
Lluís Esquerra Resa, Abogado
– Eficacia de la venta de activos esenciales frente terceros
Ricardo Cabanas Trejo, Notario
– Nuevo régimen del traslado del domicilio social:
Jorge Miquel Rodríguez, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la UAB
– Consecuencias mercantiles y fiscales del traslado de domicilio social:
M. Luisa Alarcón Elorrieta, Abogada
Coloquio
19:30-20:30h
Conferencia inaugural.
Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en materia de sociedades de capital:
Rafael Sarazá Jimena, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala 1ª)
Presentación: Sebastián Sastre, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala 1ª) jubilado, abogado
Coloquio
Viernes, 17 de noviembre de 2017
9:00-9:30h.
Plenario de la Sección de Derecho Mercantil del ICAB
Yvonne Pavía Lalauze, Diputada de Junta de Gobierno del ICAB responsable de formación
Cristina Vallejo Ros, Diputada de Junta de Gobierno del ICAB responsable de formación
Belén Arribas Sánchez, Presidenta de la Sección de derecho mercantil del ICAB, abogada
Lluís Esquerra Resa, Vicepresidente de la Sección de derecho mercantil del ICAB, abogado
9:30-11:00h.
Mesa redonda 3. Retribución de administradores sociales.
Moderador: Francesc Tusquets Trias de Bes, Académico, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la
UB, abogado
– Problemática judicial:
José María Ribelles Arellano, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15ª)
– Retribución de los consejeros ejecutivos
Luis Fernández del Pozo, Registrador mercantil
– Retribución de administradores: cuestiones prácticas
Raimundo Segura, Abogado
– Retribución de administradores y la compatibilidad mercantil y laboral (teoría del vínculo)
José Luis Salido Banus, Profesor titular de derecho laboral de la UB, abogado
Coloquio
11:00- 11:15h. Pausa
11:15- 13:00h.
Mesa redonda 4. Responsabilidad de administradores sociales
Moderador: José Ramón Salelles Climent, Catedrático de Derecho Mercantil de la UPF
– Problemática judicial:
Manuel Díaz Muyor, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15ª)
– Acción social vs. acción individual:
Gerardo Roca Idelberger, Abogado
– Responsabilidad por deudas y riesgo de empresa:
Francisco Mercadal Vidal, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la UAB
– Responsabilidad concursal y acuerdos de refinanciación:
José Machado Plazas, Catedrático habilitado de Derecho Mercantil de la UB, Abogado
– Aspectos procesales: prueba y acumulación de acciones:
Juan M. de Castro, Magistrado Especialista Mercantil en excedencia, Abogado
– Grupos de sociedades y responsabilidad de administradores:
Daniel Vázquez Albert, Catedrático de Derecho Mercantil de la UB
– Seguro de responsabilidad de administradores:
M. Concepción Hill Prados, Profesora titular de derecho mercantil de la UB
– Responsabilidad penal y compliance:
Diego Pol, Abogado
Coloquio
13:00h- 14:00h.
Conferencia de clausura.
La doctrina jurisprudencial de la Audiencia de Barcelona en materia de sociedades de capital
Juan F. Garnica Martín, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona (Presidente de la Secc.
15ª)
Mesa:
Yvonne Pavía Lalauze, Diputada de Junta de Gobierno del ICAB responsable de formación
Cristina Vallejo Ros, Diputada de Junta de Gobierno del ICAB responsable de formación
Belén Arribas Sánchez, Presidenta de la Sección de Derecho Mercantil del ICAB
Daniel Vázquez Albert, Catedrático de Derecho Mercantil de la UB
Coloquio

Paseo de Gracia, 32

25 enero 2016

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Se ha publicado en la prensa estos días la celebración de junta general de Adolfo Domínguez, de carácter extraordinaria y debidamente comunicada a la CNMV como hecho(s) relevante(s) (1) y (2). La exigencia legal de transparencia en las sociedades cotizadas, siempre loable y nunca ponderada de manera suficiente, nos permite leer el informe del Consejo, que nos dice lo que yo intuitivamente he pensado a primera vista: que un edificio, por bien situado que esté y por valioso que sea, no debería considerarse activo esencial en una compañía dedicada a la moda (que además opera en las distintas fases del proceso de producción y tiene numerosos puntos de venta). El informe nos sugiere que se tiene muy en cuenta el corsé que supone la presunción del 160 f).

Sin tratarse de un activo esencial para el desarrollo de la actividad de la Sociedad, dado que es previsible que el importe de la operación de venta del activo inmobiliario que sería objeto de la Enajenación resulte superior al 25% del valor de los activos que figuran en el último balance aprobado de la Sociedad, el Consejo de Administración ha considerado conveniente, siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo,someter a la aprobación de la Junta General de accionistas la operación de Enajenación para el caso de que dicho activo se considerase un activo esencial de conformidad con el citado artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital“.

Esta operación ejemplifica perfectamente que el 160 f) LSC traslada el foco desde la esencialidad del activo al valor o magnitud económica global de la transacción. El Consejo en mi opinión actúa prudentemente y seguramente cualquier asesoramiento cauto hubiera aconsejado lo mismo. Ahora bien, ¿era imprescindible convocar la junta? ¿Es este un caso adecuado para leer el 160f) en combinación con el 511 bis LSC -que nos daría seguramente una solución distinta-?.

Recordemos el 511 bis y pongámoslo en relación con las Recomendaciones del CUBG de 2006

Artículo 511 bis. Competencias adicionales.

“1. En las sociedades cotizadas constituyen materias reservadas a la competencia de la junta general, además de las reconocidas en el artículo 160, las siguientes: a) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas.  b) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad. c) La política de remuneraciones de los consejeros en los términos establecidos en esta ley.

2. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el volumen de la operación supere el veinticinco por ciento del total de activos del balance”.

Recomendación 3 CUBG 2006

 

“Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta General de Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:a. La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding,mediante “filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas; b. La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del objeto social; c.Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.”

Dos apuntes finales

1. En la jornada celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid el pasado mes de diciembre, hubo un par de referencias interesantes al objeto social. De una parte, la que recordaba desde la perspectiva registral -si no recuerdo mal lo dijo Miguel Seoane- la pérdida progresiva de importancia del objeto (en favor de CNAEs y otras hierbas de ese tipo). De otra, la que apuntó el Prof. Pérez Millán de leer el concepto de activo esencial en relación al objeto social.

Ciertamente, el objeto social de la sociedad, sin ninguna mención excesivamente genérica  y enumerando una serie de actividades que coinciden con lo que desde fuera uno piensa que se hace en una compañía de estas características, no nos da pie a pensar que ese edificio sea activo esencial.

“2.1.Constituye su objeto:

a) La fabricación, adquisición, venta y comercialización al por menor y por mayor, importación y exportación de prendas confeccionadas, calzado, bolsos, marroquinería, pañuelos, artículos de papelería, de perfumería y de bisutería, gafas y toda clase de complementos, así como ropa del hogar, muebles y objetos de decoración, tejidos, géneros de punto y textiles, artículos de vestuario y adornos personales, así como la venta de los mismos a través de medios electrónicos (venta on line).
b) Creación y comercialización de diseños, bocetos, patrones y marcas para dichos productos.
c) Creación, explotación y gestión de tiendas y almacenes de depósito de mercancías de todo tipo.
d) Prestación de servicios comerciales, de búsqueda y selección de proveedores y suministradores de bienes y servicios, gestión de compras, control de proveedores y de la calidad y precio de los productos suministrados, asesoramiento y control logístico, servicios administrativos y de asesoramiento, gerencia, marketing, contabilidad, estudios y gestión de sistemas empresariales, publicidad, y controles de calidad, normalización, homologación e innovación tecnológica.
e)Investigación y desarrollo de nuevos productos y mejora y optimización de losprocesos de fabricación, distribución y venta en el campo textil, confección y diseño.

f) Realización de cursos de perfeccionamiento tecnológico y prestación de servicios tecnológicos en el campo textil, confección y diseño

2.2. La Sociedad podrá asimismo desarrollar las actividades integrantes del objeto social total o parcialmente de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

2. En el segundo de los hechos relevantes se detalla el destino del dinero ingresado por la operación.

 “Del importe obtenido por la venta del inmueble, 21, 5 millones de euros aproximadamente se han destinado a amortizar y cancelar anticipadamente parte del endeudamiento financiero de la Sociedad, reduciéndose, tras la operación, la deuda bancaria de la Sociedad a 2,1 millones de euros. La posición financiera neta estimada quedaría alrededor de 21,7 millones de euros a la fecha de la operación. Se estima que el beneficio neto para la Sociedad por la venta del inmueble referido asciende, aproximadamente, a 36 millones de euros”.

** (Fotografía de 1920, autor desconocido, sacada de aquí)

Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas

2 marzo 2015

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*Portada de Vogue de 1 de abril de 1944. Diseñada por Salvador Dali. Vista aqui

La presentación del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas realizada por la CNMV la semana pasada (ver la nota de prensa con un resumen de novedades aquí) es ya una noticia vieja [/mode hipérbole off]. A estas alturas, incluso teniendo en cuenta que aquí no aplica el principio prior in tempore potior in google pensaba si valía la pena hacerme eco de la novedad. Y creo que sí, siquiera como cuaderno de notas particular (uso mi propio blog como bloc) y ya puestos recapitulando lo que han puesto los colegas.  Imagino que un porcentaje muy alto de los lectores de este blog, los fijos, los discontinuos y los fijos discontinuos, también siguen otros de temática análoga: así habrán podido ver el de Jesús Alfaro, que publicaba hace ya más de una semana un comentario bajo el título El nuevo Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. Comentarios de urgencia y hospedaba ese mismo día otro comentario a cargo de Mercedes Agreda bajo el título El nuevo Código de Buen Gobierno: principales novedades). Daban asimismo noticia de él los blogs de los Profesores Juan Sánchez-Calero (Presentado el nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas) y Luis Cazorla (El nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo ya está aqui) así como el de Àlex Plana (Nuevo Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas de 2015). En fin, también creo muy destacables  las consideraciones de Manuel Conthe en su muy recomendable blog El sueño de Jardiel: Gobierno Corporativo y Gobierno Corporativo II.

 

El Código Rodríguez

9 octubre 2014

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La reforma del Código Unificado de Buen Gobierno forma parte de las prioridades descritas en el Plan de Actividades de la CNMV 2014 siguiendo lo anunciado el año anterior tal como recuerda en su p. 22: “Adicionalmente, el Gobierno creó, en mayo de 2013, dentro del marco de su Plan Nacional de Reformas, la «Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo», presidida por la Presidenta de la CNMV, que publicó en octubre un informe con propuestas de reforma normativa en esta materia. A lo largo de 2014, la CNMV avanzará en la culminación de las reformas propuestas y, en 2014 (I), será una prioridad para la CNMV, condicionado a la aprobación de la reforma normativa en marcha, la aprobación de un nuevo Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades anónimas cotizadas que culmine los trabajos iniciados en el año 2013”.

Precisamente la culminación de esa reforma normativa, de la que siguen publicándose los avances de su tramitación en las Cortes supondrá a buen seguro la apertura del camino para que vea la luz el ya bautizado como Código Rodríguez. Hasta el momento las noticias que tenemos vienen siendo publicadas en prensa. En concreto, en tres noticias aparecidas en El Confidencial con algunos meses de diferencia

El ‘Código Rodríguez’ pondrá ejemplos de lo que no deben hacer las empresas del Ibex

El ‘Código Rodríguez’ plantea la cuota fija: un 30% del consejo serán mujeres en 2020

El Código Rodríguez ‘sugiere’ al Ibex que sus directivos devuelvan el bonus impropio

Informe de Gobierno Corporativo Ejercicio 2012

4 febrero 2014

Se ha publicado en la web de CNMV el Informe de Gobierno Corporativo de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales correspondiente al ejercicio 2012.

El informe se divide en dos grandes bloques, y lo completa un amplio número de cuadros, gráficos y anexos.

El primer bloque, Informe anual de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas desarrolla los temas siguientes: evolución de las prácticas de gobierno corporativo, estructura de la propiedad, estructura del consejo de administración, funcionamiento del consejo de administración, comisiones del consejo, retribuciones del consejo y alta dirección, información financiera y control de riesgos, sistemas de control y gestión de riesgos, operaciones vinculadas y conflictos de intereses, junta general de accionistas, principio de cumplir o explicar

El segundo bloque, Informe anual de gobierno corporativo de las entidades emisoras de valores, distintos de las acciones, admitidos a negociación: estructura de la propiedad y órganos de administración, remuneraciones y operaciones vinculadas, control de riesgos, principio de cumplir o explicar y calidad de la información, panorama internacional

He mirado el informe y hay bastantes cuestiones de interés. Por seleccionar una, me quedo con esta información (p. 116), en el apartado Panorama internacional:

ESMA – Declaración sobre acción concertada. En el marco de la revisión de la Directiva de Ofertas Públicas de Adquisición (TBD) y el Plan de Acción de la Comisión Europea sobre derecho de sociedades y gobierno corporativo, la autoridad europea de valores y mercados (ESMA) ha publicado, el 12 de noviembre de 2013, una declaración sobre , la cooperación entre accionistas y el concepto regulatorio de “acción concertada”. La Comisión Europea afirma que la implicación eficaz y sostenible de los accionistas es una de las piedras angulares del modelo de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. En este contexto, considera necesario aclarar el alcance de lo que las autoridades nacionales consideran “acción concertada” y, en particular, en relación con los efectos de una acción concertada entre accionistas en el marco de la normativa de ofertas públicas de adquisición.

Según la Comisión Europea, la incertidumbre legal que genera la aplicación de este concepto en las distintas jurisdicciones europeas podría perjudicar o incluso impedir la cooperación entre accionistas y, en consecuencia, su deseable implicación en el gobierno corporativo de las sociedades a medio y largo plazo.

La declaración publicada por ESMA pretende minorar dicha incertidumbre legal, manifestada por inversores institucionales de ámbito internacional que desean establecer mecanismos de cooperación en materias relacionadas con el gobierno corporativo de las sociedades en las que invierten por cuenta de terceros. Dicha colaboración tendría su reflejo en un ejercicio responsable de los derechos de voto en las juntas. El documento de ESMA contiene una lista de posibles actuaciones y materias relacionadas con el gobierno corporativo de las sociedades, en las que los accionistas o inversores institucionales podrían participar activamente de forma conjunta, sin que de lo anterior resulte una presunción de actuación concertada, en el sentido regulado por la directiva de ofertas públicas de adquisición (White List). Las actividades se refieren, por ejemplo, al establecimiento de un diálogo entre accionistas sobre asuntos generales relacionados con el consejo de la sociedad; la realización de presentaciones conjuntas al consejo de la sociedad sobre políticas, principios y recomendaciones de gobierno corporativo; la inclusión de nuevos puntos del orden del día de la junta o la solicitud de convocatoria de junta; acuerdos sobre el sentido del voto en determinados puntos del orden del día de la junta y, por último, la cooperación para el nombramiento de miembros del consejo de la sociedad.

“Minoritario dominical” o algo así

20 diciembre 2013

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Uno creía que entendía algo de buen gobierno

Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo

18 diciembre 2013

El Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo se encuentra en Audiencia Pública hasta el 15 de enero de 2014. Como decíamos ayer (siempre quise decir esto) se ha publicado un buen resumen con algunas de las medidas adoptadas. Pero como todo resumen, y más de una Ley (o un Anteproyecto), se deja cosas fuera: entre ellas una que me interesa especialmente, la mayoría para la adopción de acuerdos en la SA –de la que ya hablé-.

Sí se menciona, en cambio, otro aspecto que me parece muy relevante: la extensión -controlada pero extensión al fin y al cabo- del régimen del conflicto de intereses de los socios de una SL a los accionistas de una SA. Me parece un argumento más en favor del acercamiento en el tratamiento de las limitadas y las anónimas (régimen común más amplio para las sociedades de capital) en aquellos casos en que la diferencia no esté objetivamente justificada por razón del tipo. Faltaría una cláusula general que dijera explícitamente: se presume que vale para un tipo societario todo lo que el legislador haya previsto para otro tipo societario y no haya prohibido expresamente para el primero. Sí, es una cláusula general poco elegante, con un cierto feísmo estilístico buscado -yo solamente imito- pero al menos me parece clara.

«Artículo 190. Conflicto de intereses.
1. El socio no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones o participaciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:
a) autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria,
b) excluirle de la sociedad,
c) liberarle de una obligación o concederle un derecho,
d) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor o dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad acordada conforme a lo previsto en el artículo 230.
En las sociedades anónimas, la prohibición de ejercitar el derecho de voto contemplada en las letras a) y b) anteriores solo será de aplicación cuando esté expresamente prevista dicha prohibición en las correspondientes cláusulas estatutarias reguladoras de la restricción a la libre transmisión o la exclusión.
2. Las acciones o participaciones del socio que se encuentre en algunas de las situaciones de conflicto de interés contempladas en el apartado anterior se deducirán del
capital social para el cómputo de la mayoría de votos que en cada caso sea necesaria.
3. En los casos de conflicto de interés distintos de los previstos en el apartado 1, los socios no estarán privados de su derecho de voto. No obstante, cuando el voto del socio o socios incursos en conflicto haya sido decisivo para la adopción del acuerdo, corresponderá, en caso de impugnación, a la sociedad y, en su caso, al socio o socios afectados por el conflicto, la carga de la prueba de la conformidad del acuerdo al interés social. Al socio o socios impugnantes les corresponderá la acreditación del conflicto de interés. De esta regla se exceptúan los acuerdos relativos al nombramiento, revocación y exigencia de responsabilidad de los administradores y cualesquiera otros de análogo significado en los que el conflicto de interés se refiera exclusivamente a la posición que ostenta el socio en la sociedad.»

Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la mejora del gobierno corporativo de las empresas

16 diciembre 2013

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20131213.htm#GobiernoCorporativo

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS

La junta de accionistas aprobará la política de remuneraciones con carácter vinculante, al menos cada tres años.
Se reduce del 5 por 100 al 3 por 100 el capital necesario para ejercer los derechos de las minorías.
El cargo de administrador deberá ejercerse por un período máximo de cuatro años, frente a los seis actuales.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo fin es mejorar el gobierno corporativo de estas sociedades. La norma aborda aspectos como las remuneraciones de los consejeros, la duración de su mandato, nombramientos, las situaciones de conflictos de interés y los deberes de lealtad y diligencia de los administradores, entre otros aspectos. El Anteproyecto se somete ahora al trámite de audiencia pública para su vuelta posterior al Consejo de Ministros y el inicio de la tramitación parlamentaria.

El Anteproyecto de Ley incorpora propuestas de modificaciones normativas planteadas por la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo. Esta comisión fue creada por un Acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de mayo de 2013 con el objetivo de elaborar un estudio sobre las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo e impulsar las iniciativas al respecto. Su creación se desprende del Programa Nacional de Reformas para 2013, entre cuyos objetivos está la mejora del actual marco de gobierno corporativo de las empresas.

La Comisión publicó sus conclusiones el pasado 14 de octubre e incorporó como anexo una serie de propuestas normativas concretas de reforma de la vigente Ley de Sociedades de Capital. El Gobierno ha tenido dos meses de plazo desde entonces para elaborar el correspondiente Anteproyecto de Ley, aprobado hoy. Las modificaciones de esta norma inciden, sobre todo, en las sociedades cotizadas, aunque también se introducen novedades de calado en todas las sociedades. Estas modificaciones son las siguientes:

COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

a) Todas las sociedades

Intervención en asuntos de gestión: Se permite a la junta impartir instrucciones de gestión salvo disposición contraria de los estatutos.
Votaciones: Se deberán votar separadamente las propuestas de acuerdo para aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes.
Conflictos de interés entre accionistas: Se propone extender a todas las sociedades la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado en determinados casos muy claros de conflicto de interés.

Impugnación de acuerdos sociales:
Desaparece la distinción entre acuerdos nulos y anulables.
Se amplía el plazo de impugnación desde los cuarenta días a un año.
En cuanto a la legitimación, se exige, al menos, el 1 por 100 del capital para poder ejercer la acción de impugnación.

b) Sociedades cotizadas

Competencias adicionales de la junta: Se le atribuye la decisión sobre operaciones esenciales: aquellas en las que el volumen de la operación supere el 25 por 100 del total de activos del balance.
Derechos de los accionistas: Se reduce del 5 por 100 al 3 por 100 el capital social necesario para ejercer los derechos de minoría.
Asistencia a la junta general: Se reduce el número máximo de acciones que se podrían exigir para poder asistir a la junta desde el 1 por 1000 a mil acciones.
Fraccionamiento y voto divergente: Las entidades que actúen por cuenta de diversas personas podrán fraccionar y delegar el voto, como es el caso de inversores extranjeros que efectúan sus inversiones a través de una cadena de intermediarios financieros que actúan como titulares fiduciarios por cuenta del inversor último.
Derecho de información: Se propone rebajar el plazo máximo en el que los accionistas pueden solicitar información de siete a cinco días antes de la celebración de la junta.
Asociaciones y foros de accionistas: Se establece su inscripción en un registro especial en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el cumplimiento de una serie de obligaciones contables y de información.

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

a) Todas las sociedades

Deberes y régimen de responsabilidad de los administradores:
Se tipifican de forma más precisa los deberes de diligencia y lealtad y los procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto de interés.
Se amplía el alcance de la sanción, más allá del resarcimiento del daño causado, incluyendo la devolución del enriquecimiento injusto. Se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad al reducir la participación necesaria (del 5 al 3 por 100 en cotizadas) y permitiendo su interposición directa (sin esperar a la junta) en caso de infracción del deber de lealtad.
Competencias del consejo de administración: Se incluye un nuevo artículo con las facultades indelegables del consejo, con el fin de reservar al consejo las decisiones correspondientes al núcleo esencial de la gestión y supervisión de la sociedad. En las sociedades cotizadas, a estas facultades se unen otras nuevas como la política de control y gestión de riesgos.

b) Sociedades cotizadas

Presidente y consejero ejecutivo: Cuando ambos cargos recaigan en una misma persona, el nombramiento del presidente del consejo requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del consejo. Además se deberá nombrar entre los independientes un consejero coordinador (“lead independent director”) al que se faculta para solicitar la convocatoria del consejo, ampliar el orden del día, coordinar a los consejeros no ejecutivos y dirigir la evaluación del presidente.
Evaluación del consejo y sus comisiones: El consejo de administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones.
Comisión de nombramientos y retribuciones: Los consejos de administración deberán de forma imperativa constituir una comisión de nombramientos y retribuciones.
Duración del cargo de administrador: Se propone que el periodo máximo de cada nombramiento no exceda de cuatro años, frente a los seis actuales.

RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

a) Todas las sociedades

Referencias programáticas: La remuneración de los administradores deberá ser razonable, acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas. El sistema de remuneración deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo.
Consejeros delegados: Se clarifica el régimen de retribuciones por el ejercicio de facultades ejecutivas de los consejeros. En esos casos se deberá firmar un contrato con el consejero, que incluirá los distintos conceptos retributivos. Se aprobará por una mayoría cualificada del consejo y la abstención de los interesados.
b) Sociedades cotizadas

Política de remuneraciones: Deberá ser aprobada por la junta (voto vinculante), previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, al menos cada tres años. Esta política contendrá, al menos:
La remuneración total a los consejeros por su condición de tales.
El sistema de remuneración de los consejeros ejecutivos: descripción de los componentes, cuantía global de la retribución fija anual y su variación en el periodo de referencia, los parámetros de fijación de los restantes componentes y todos los términos y condiciones de sus contratos como primas, indemnizaciones, etcétera).
El consejo decidirá la distribución individual siempre dentro de la política de remuneraciones.
Cualquier modificación requerirá aprobación de la junta y no podrá realizarse pago alguno mientras no haya sido aprobado por la junta.
Informe anual sobre remuneraciones: Seguirá siendo sometido a voto consultivo de la junta pero, en caso de voto negativo, deberá realizarse una nueva propuesta de política de remuneraciones.