Archive for the ‘Sociedades’ Category

Los acuerdos nulos no pueden acceder al Registro Mercantil aunque no hayan sido impugnados (DGRN 30-5-2018)

15 junio 2018
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La RDGRN de 30 de mayo de 2018 (BOE de 15-6) plantea una cuestión relativa a la posible inscripción registral de acuerdos nulos que no han sido impugnados.

Se trata de una junta general de una SRL en la que se adoptan acuerdos de disolución y liquidación de una sociedad de manera unánime por parte de los presentes en ella,  que sin embargo constituyen solamente el 54,32 % del capital social, quórum estatutario insuficiente para adoptar ese acuerdo. Además, la junta se celebra en ciudad distinta a la de su domicilio social.

Se deniega la inscripción por esas razones y en el recurso se alega que transcurrido un año sin que se haya producido la impugnación de los acuerdos sociales, estos quedan  sanados mediante la caducidad de la acción, deviniendo  inimpugnables e inscribibles en el Registro Mercantil.

Dice la DGRN que “no existiendo controversia sobre la nulidad de la junta celebrada así como, en consecuencia, de los acuerdos en ella adoptados, la cuestión se traslada a determinar si, tal y como sostiene el recurrente, la posible caducidad de la acción de nulidad derivada del incumplimiento de los requisitos legal y estatutariamente establecidos permite que se lleve a cabo la inscripción solicitada en el Registro Mercantil“.

Realiza después, en distintos momentos, diversas afirmaciones:

En dicho supuesto, que el escrito de recurso  no  discute,  la  eventual  caducidad  de  la  acción  no  convierte  en  válidos  los acuerdos tachados de nulidad, simplemente los hace inatacables en vía de impugnación. […]

No puede, en consecuencia, sostenerse que el transcurso del tiempo transforma lo nulo en válido ni que lo nulo queda integrado en la realidad jurídica como si la tacha no existiese.

Recuerda los deberes de los administradores:

Ante la existencia de un acuerdo nulo por incumplimiento de la Ley o de los estatutos  sociales,  el  administrador  está  vinculado  por  su  deber  de  diligencia:  «Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario» (artículo 225.1 de la Ley de Sociedades de Capital). Consecuentemente, el administrador debe llevar a cabo los  actos  precisos  para  que  la  junta  general  revoque  o,  en  su  caso,  sustituya  los acuerdos correspondientes para adecuarlos a la legalidad (artículo 204.2 en relación con el artículo 207.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Incluso en el caso de que la nulidad no se ha declarado judicialmente:

Cuando  la  tacha  de  nulidad  no  ha  sido  declarada  judicialmente,  el  administrador diligente (artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital), debe actuar en beneficio del interés social, de sus socios y eventuales terceros lo que implica acomodar el acervo social a las exigencias del ordenamiento jurídico bien mediante la revocación de los acuerdos nulos bien adoptando los acuerdos de ratificación o subsanación que sean precisos.

Y llega a la conclusión final (lógica, de otra parte)

En definitiva, siendo indiscutido en el expediente que los acuerdos cuya inscripción se solicita resultan contrarios tanto a la Ley como a los estatutos sociales (artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital), no puede accederse a su inscripción (artículo 18.2 del Código de Comercio), sin que la mera afirmación del administrador de la sociedad de que no se ha interpuesto acción de impugnación permita tenerla por caducada (artículo 205 de la Ley de Sociedades de Capital).

Se desestima, por tanto, el recurso

** (Lesser Ury, Nollendorfplatz bei Nacht, 1925)

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Reforma del Derecho de sociedades en Bélgica

5 junio 2018

 

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(René Magritte L’art de la conversation)

Me informan (¡gracias!) de la entrada en el Congreso de Bélgica del Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Se trata ciertamente de un proyecto de alto interés porque introduce algunas reformas relevantes que probablemente introduzcan en el debate algunas cuestiones recurrentes en nuestro actual Derecho de sociedades.

Siguiendo el detallado Informe del Consejo de Estado que aparece al principio del Proyecto (me parece una excelente opción, una explicación de las novedades realizada desde fuera y con sugerencias de mejora), encontramos algunas novedades muy destacadas, como la supresión de la distinción entre sociedades civiles y mercantiles, la concentración en único texto legal de toda la normativa referida a las fundaciones, sociedades y  asociaciones y en el caso de estas dos últimas, cambios importantes en el criterio de distinción, que va a residir en si se persigue o no fin lucrativo: en un caso serán sociedades, en otro asociaciones. Se elimina la categoría de sociedades públicas y se limitan las reglas específicas de las sociedades cotizadas. Asimismo, se limitan las formas societarias, desaparecen algunas (como la société momentanée, la société interne, la société coopérative à responsabilité illimitée, el groupement (belge) d’intérêt économique (GIE) o la sociedad comanditaria por acciones, entre otras.

El Proyecto confiesa la voluntad de introducir un derecho de sociedades flexible, simple y previsible que naturalmente tenga en cuenta las exigencias del derecho comunitario y en el que se refuerza la autonomía de la voluntad estatutaria

Hay un apartado del Informe que me parece muy interesante, referido a la terminología, en el que se dicen muchas cosas entre las que destaco este ejemplo: Il convient d’harmoniser les expressions “clause contraire”, “disposition contraire”, “clause (ou disposition ou modification) statutaire”, “clause (ou disposition ou modification) des statuts”, “clause (ou disposition) dans les statuts”, “sauf clause (ou disposition) contraire”, “à défaut de clause (ou de disposition) contraire”, “sauf si les statuts l’excluent”, “à moins que les statuts en disposent autrement” et toutes les expressions similaires.

Entraremos próximamente en cuestiones de detalle, porque creo que hay muchas ideas interesantes: destaco una: la supresión del capital mínimo en la SARL.

No procede la reducción cuando se hace por compensación de deuda de un socio que no ha consentido: la RDGRN de 16-5-2018

30 mayo 2018

 

En este blog, como les pasa a muchas sociedades del IBEX, dependemos bastante del BOE. Llevamos un año de escasísima producción legislativa -lo que no es en sí mismo malo- y una extraña sequía de Resoluciones. Un día de estos las cuento, pero en materia mercantil llevamos varios meses de escasez. Dicho eso, como las Resoluciones nunca vienen solas no descarto que esta misma semana nos venga un diluvio.

Mientras tanto, un apunte sobre esta que publica el BOE de hoy: la RDGRN de 16 de mayo de 2018 (BOE de 30-5) referida a una reducción de capital, y cuyo recurso se estima parcialmente.

Recojo aquí las ideas básicas de la Resolución que plantea una serie de cuestiones de interés que desarrollaré próximamente.

-La junta general de una sociedad de responsabilidad limitada acuerda por unanimidad de los presentes, que representan un porcentaje del 85,7028% del total capital social, la  reducción del capital social mediante la restitución de aportaciones a todos los socios. En acuerdo aparte y en el que uno de los socios asistentes no vota a favor, se aprueba el sistema de restitución así como el procedimiento, consistiendo aquél en la reducción del nominal de todas las participaciones y este en la entrega de un cheque nominativo a cada socio, salvo al socio que no ha votado a favor del acuerdo a quien, en parte, se le paga mediante la compensación de una deuda contra la sociedad.

-El objeto de la presente se restringe a determinar: en primer lugar, si procede la inscripción de un acuerdo de reducción de capital por restitución de valor de las aportaciones cuando no consta el consentimiento de la totalidad de los socios. En segundo lugar, si procede la inscripción cuando la ejecución del acuerdo se ha realizado, en parte, mediante la compensación de una deuda de un socio que no ha prestado su consentimiento
-Procede la estimación del recurso en cuanto al primer defecto señalado por cuanto no resulta de los hechos que el acuerdo de reducción por restitución del valor de aportaciones, adoptado con la mayoría exigida por el artículo 199.a), de la Ley de Sociedades de Capital, suponga, en los términos de los artículos 329 y 330 de la propia ley, una violación del principio de paridad de trato en los términos que los mismos formulan. Resulta de los hechos que el acuerdo de reducción se adopta por unanimidad de los presentes, que se ejecuta mediante la disminución del nominal de las participaciones y que la disminución opera en la misma cantidad para cada participación social. No hay pues disparidad de trato ni merma alguna de la posición de los socios en la sociedad pues la conservan intacta sin dilución ni supresión del porcentaje sobre el capital que les correspondía con anterioridad a la adopción del acuerdo (y sin perjuicio de que, claramente, el resultado habría sido radicalmente distinto si la ejecución del acuerdo de reducción se hubiera llevado a cabo mediante la amortización de participaciones sociales).
-Distinta valoración merece el segundo defecto a que se refiere este expediente (número tercero de la nota). Ciertamente, la regulación de la Ley de Sociedades de Capital en sede de reducción de capital por restitución del valor de aportaciones no contiene una previsión expresa de que su ejecución haya de llevarse a cabo mediante la entrega de una cantidad de numerario a cada uno de los socios a los que afecte.
-En definitiva, tiene razón la recurrente cuando afirma que no existe precepto alguno que restrinja o prohíba la compensación como medio de extinción del crédito de reembolso pero carece de ella cuando pretende hacerlo valer frente al socio que ha votado en contra del sistema de reembolso y que no ha prestado su consentimiento.

El nuevo Reglamento del Registro Mercantil.

18 mayo 2018

Screenshot-2018-5-18 Normas en tramitación - Normativa - Ministerio de Justicia

 

Esta noticia de El Economista empieza diciendo que “El Ministerio de Justicia ha abierto el plazo para una consulta pública previa sobre la propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, que concluirá el 1 de junio”. El artículo se refiere al documento hecho público por el Ministerio de Justicia bajo el título Consulta pública sobre propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (de momento no he podido encontrar el texto sobre el que opinar: imagino que se podrá hacer aquí en breve)

El breve texto enumera las numerosas reformas de los últimos años y termina: “A este respecto, concluye la consulta señalando que desde 1996 han sido numerosos y sustanciales los cambios normativos con relevancia mercantil registral, que hace que una parte muy considerable del texto reglamentario carezca de vigencia y que sea necesaria su reforma. Su mantenimiento sin la debida actualización puede afectar al principio de seguridad jurídica

Como es sabido, de manera paralela o inmediatamente posterior a cada gran reforma del Derecho de sociedades ha sucedido una en el Reglamento del Registro Mercantil (1956, 1989, 1996). Esa tendencia se rompió primero con la Ley de Modificaciones Estructurales, luego con la Ley de Sociedades de Capital, el texto refundido y sus -numerosas- reformas posteriores además de otras normas -enumeradas en el texto-.

Llama la atención que se diga nueve años después que su mantenimiento sin la debida actualización puede afectar al principio de seguridad jurídica. Que el texto existe y está más o menos completo es alog sabido desde hace ya algunos años. Que no se haya activado hasta ahora obedece a razones que no se han hecho públicas.

En algún momento  he llegado a pensar que sin Reglamento del Registro Mercantil vivíamos mejor (referido naturalmente a las materias sustantivas, que son las que nos van a afectar, no cuestiones de organización o principios)

El periodo de consulta pública previa concluye el 1 de junio ¡dese usted prisa si tiene algo que decir y avise si encuentra el texto!

Esto se dice en la web del Ministerio

Los trámites de consulta pública previa tienen por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.

A continuación se recoge el listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentra abierto este trámite, indicando el título, la fecha en que finaliza el plazo de la consulta y el medio para realizar las aportaciones. 

 

AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA. Trámites abiertos.

Los trámites de audiencia e información pública tienen por objeto recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.

A continuación se recoge el listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentra abierto este trámite, indicando el título, la fecha en que finaliza el plazo de la consulta y el medio para realizar las aportaciones. ​

  • En la actualidad no hay trámites abiertos. 

EDITO y AÑADO (22-5-2018)

Me había llamado la atención la frase “pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario“, sobre todo porque no encontraba ese cuestionario y es que no lo hay. O no lo hay  en el sentido en que yo entiendo la palabra cuestionario. Tampoco existe texto del Reglamento para enviar las sugerencias.

En efecto, mirando con más atención el procedimiento y en concreto la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales veo que se dice lo siguiente

La opción «Consulta pública previa» recogerá un listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentre abierto este trámite, con el título y la fecha en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de entrada en el sistema, de más reciente a más antiguo.

En relación con cada proyecto normativo, se ofrecerá información sobre los siguientes aspectos:

– Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos).

– Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.

– Necesidad y oportunidad de su aprobación.

– Objetivos de la norma.

– Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

3. La opción «trámites de Audiencia e información pública» recogerá un listado de los proyectos normativos para los que se encuentre abierto este trámite, indicando la fecha en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de entrada en el sistema, de más reciente a más antiguo.

4. En ambos casos, se ofrecerá al ciudadano la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuadro de texto libre, con la opción de adjuntar documentos. Se enviará al ciudadano un aviso de la recepción de sus aportaciones.

Por tanto, se nos pide que nos pronunciemos (en un plazo breve de tiempo, pero eso al final es lo de menos) sobre un texto más o menos programático, en el que se enumeran las normas relevantes en materia de sociedades aparecidas en los últimos años que aconsejan la reforma y se nos dan una serie de objetivos que creo que todo el mundo puede compartir (sobre todo el segundo y el tercero, sobre el primero sí puede haber un debate o discusión de fondo interesante, pero que creo que en su caso debería haberse hecho mucho antes)

La propuesta persigue tres objetivos fundamentales:
-La adaptación de la norma reglamentaria al conjunto de reformas sustantivas realizadas en los últimos años;
-La configuración del Registro Mercantil como un registro electrónico y
-La incorporación de las normas sobre agilización de trámites y reducción de costes en la organización y funcionamiento de las sociedades y en sus relaciones con el Registro Mercantil.
La verdad, no me parece que la transparencia sea esto.

 

The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance

14 mayo 2018

 

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(Thanks to automatic translation an English version of this post can be found here)

El pasado viernes tuve la fortuna de asistir a la presentación de The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, una obra colectiva esencial, probablemente la más importante de este siglo en la materia. Simplemente viendo el índice de temas y los autores correspondientes nos hacemos una idea de la trascendencia de esta obra.

La presentación del libro estuvo a la altura de su contenido, con unas presentaciones y réplicas profundas y afiladas y debates repletos de ideas, un montón de ideas apretadas que fueron surgiendo durante toda la jornada con intervenciones tan sugerentes y brillantes como los propios títulos apuntan, el ya conocido From Corporate Law to Corporate Governance de Ronald Gilson o The Future of the Corporation  de Colin Mayer o el cierre final coral, Convergence and Persistence in Corporate Law – Globalisation, cross-border integration (EU) & disintegration (Brexit) .

El Corporate Governance se ha convertido en la pieza y motor esencial del derecho de sociedades en todo el mundo y esos problemas se comparten de manera universal. Con particularidades (pienso ahora mismo por ejemplo en las propias del caso español), con diferencias notables derivadas de la propia estrucutra de los mercados, con problemas de diseño general y de encontrar una explicación de las diferencias en el resultado ante soluciones idénticas. Las dudas acerca de si las preguntas que se hacen son las correctas, cómo afrontar la disrupción tecnológica o descendiendo a terrenos prácticos más concretos, una preocupación común sobre la calidad de las explicaciones -en ese sentido no somos los únicos que tenemos problemas con el comply or explain-.

El índice

Part l: Theoretical Approaches, Tools, and Methods
1: From Corporate Law to Corporate Governance, Ronald J. Gilson
2: Convergence and Persistence in Corporate Law and Governance, Jeffrey N. Gordon
3: Corporate Governance and Its Political Economy, Mark J. Roe and Massimiliano Vatiero
4: The “Corporate Contract” Today, Michael Klausner
5: The State of State Competition for Incorporations, Marcel Kahan
6: Culture and Law in Corporate Governance, Amir N. Licht
7: A Behavioural Perspective on Corporate Law and Corporate Governance, Jaap Winter
8: Empirical Studies in Corporate Law and Governance, Michael Klausner
9: The Benefits and Costs of Indices in Empirical Corporate Governance Research, Allen Ferrell
10: Taxonomies and Leximetrics, Mathias M. Siems
Part II: Substantive Topics
11: External and Internal Asset Partitioning: Corporations and Their Subsidiaries, Henry Hansmann and Richard Squire
12: The Board of Directors, Stephen M. Bainbridge
13: Executive Remuneration, Guido Ferrarini and Cristina Ungureanu
14: Institutional Investors in Corporate Governance, Edward Rock
15: Shareholder Activism: A Renaissance, Wolf-Georg Ringe
16: Corporate Short-Termism, Mark J. Roe
17: Majority Control and Minority Protection, Zohar Goshen and Assaf Hamdani
18: Debt and Corporate Governance, Charles K. Whitehead
19: Accounting and Financial Reporting: Global Aspirations, Local Realities, Lawrence A. Cunningham
20: Related Party Transactions, Luca Enriques
21: Control Shifts via Share Acquisition Contracts with Shareholders (Takeovers), Paul Davies
22: Mergers, Acquisitions, and Restructuring: Types, Regulation, and Patterns of Practice, John C. Coates IV
23: Groups of Companies, Klaus J. Hopt
24: Corporate Social Responsibility and Corporate Governance, Cynthia A. Williams
25: Comparative Corporate Governance in Closely Held Corporations, Holger Fleischer
Part III: New Challenges in Corporate Governance
26: Western versus Asian Corporate Governance Environments: The Role of Enforcement in International Convergence, Hideki Kanda
27: Corporate Governance in Emerging Markets, Mariana Pargendler
28: The Governance Ecology of China’s State-Owned Enterprises, Curtis J. Milhaupt
29: The Rise of Foreign Ownership and Corporate Governance, Merritt B. Fox
30: Governance by Institutional Investors in a Stakeholder World, Gerard Hertig
31: New Metrics for Corporate Governance: Shifting Strategies in an Aging IPO Market, Erik Vermeulen
Part IV: Enforcement
32: Corporate Law and Self-Regulation, David Kershaw
33: The Evolution in the U.S. of Private Enforcement via Litigation and Monitoring Techniques: Are There Lessons for Germany?, James D. Cox and Randall S. Thomas
34: Private and Public Enforcement of Securities Regulation, Howell E. Jackson and Jeffrey Y. Zhang
35: Public Enforcement: Criminal versus Civil, Amanda M. Rose
36: Corporate Litigation in Specialized Business Courts, Joseph A. McCahery and F. Alexander de Roode
37: The Compliance Function: An Overview, Geoffrey Parsons Miller
Part V: Adjacent Areas
38: Comparative Corporate Insolvency Law, Horst Eidenmüller
39: Corporate Governance and Employment Relations, Zoe Adams and Simon Deakin
40: Corporate Governance, Capital Markets, and Securities Law, A.C. Pritchard
41: Vertical and Horizontal Problems in Financial Regulation and Corporate Governance, Jonathan R. Macey and Maureen O’Hara
42: Corporate Governance in Banks, John Armour
43: Tax and Corporate Governance: The Influence of Tax on Managerial Agency Costs, David M. Schizer

 

La Comisión propone nuevas normas para ayudar a las empresas a trasladarse a otros países dentro de la Unión y a encontrar soluciones en línea

7 mayo 2018
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A falta de realizar comentarios ulteriores, de momento me limito a reproducir El comunicado de prensa hecho público el pasado 25 de abril:

“La Comisión Europea ha propuesto hoy nuevas normas relativas al Derecho de sociedades para facilitar la fusión, la escisión o el traslado de empresas dentro del mercado único.

Las nuevas normas también garantizarán la prevención del abuso fiscal y la protección de los derechos de los trabajadores. Las normas estimularán el potencial de crecimiento de las empresas europeas mediante la digitalización del proceso de creación y gestión de una empresa

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado: «En nuestro próspero mercado único de la UE, las empresas tienen la libertad de circular y crecer, pero esto debe hacerse de forma justa. La propuesta de hoy establece procedimientos claros para las empresas, con salvaguardias sólidas para proteger los derechos los trabajadores y, por primera vez, para evitar los montajes artificiales con fines de evasión fiscal y otras prácticas abusivas».

La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, ha declarado : «Con demasiada frecuencia se impide a las empresas europeas buscar oportunidades de negocio en el extranjero. Quiero cambiar esta situación y modernizar las normas del Derecho de sociedades. En primer lugar, deseo más soluciones en línea para las empresas europeas a fin de ahorrar costes y tiempo. En segundo lugar, deseo ofrecer a los empresarios honrados la elección del lugar para hacer negocios y de la manera de ampliar o reorganizar sus actividades».

Normas armonizadas sobre el traslado, la fusión y la escisión de empresas, con sólidas salvaguardias frente a las prácticas abusivas

La propuesta establece procedimientos comunes a nivel de la UE sobre la manera en que una empresa puede trasladarse de un país a otro de la UE, fusionarse o escindirse en dos o más nuevas entidades en diferentes Estados.

En consonancia con una sentencia que ha creado jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (véase la nota informativa), las empresas podrán trasladar su sede de un Estado miembro a otro siguiendo un procedimiento simplificado. Las nuevas normas sobre las conversiones y las escisiones transfronterizas incluirán ahora también medidas específicas que ayudarán a las autoridades nacionales a luchar contra las prácticas abusivas. Los traslados de este tipo incluirán salvaguardias eficaces contra los montajes abusivos para eludir la legislación tributaria, perjudicar los derechos de los trabajadores o poner en peligro los intereses de los acreedores o de los accionistas minoritarios. En tales casos, la autoridad nacional del Estado miembro de partida interrumpirá la operación incluso antes de que pueda tener lugar el traslado.

En la actualidad, las normas nacionales difieren en gran medida entre los Estados miembros o imponen demasiadas trabas administrativas. Esto disuade a las empresas de buscar nuevas oportunidades por temor a una burocracia excesiva. También significa que, cuando las empresas se trasladan, quedan sin proteger adecuadamente los intereses de los acreedores y de los accionistas minoritarios.

Las nuevas normas se inscriben en la actuación de la Comisión en favor de un mercado único más justo. También complementan las iniciativas recientes para reforzar las normas relativas a los trabajadores desplazados y la lucha contra la evasión y el fraude fiscales, así como la propuesta de la Comisión relativa a la Autoridad Laboral Europea. Al mismo tiempo, las nuevas normas permitirán a las empresas trasladarse o reorganizarse sin complicaciones jurídicas innecesarias y a un menor coste en todo el mercado único. Según las estimaciones de la Comisión, el ahorro de costes para las empresas se cifraría entre 12 000 y 19 000 euros por operación y entre 176 y 280 millones de euros durante un período de cinco años.

Creación de empresas en línea

En la actualidad solo hay 17 Estados miembros que ofrezcan un procedimiento íntegramente en línea para el registro de sociedades. Con arreglo a las nuevas normas, las empresas podrán inscribirse, establecer nuevas sucursales o presentar documentos en el registro mercantil en línea en todos los Estados miembros. La digitalización hace que el proceso de creación de una empresa sea más rentable y eficaz:

  • el registro en línea dura como media la mitad del tiempo y puede ser hasta tres veces más barato que el tradicional realizado en papel;
  • el ahorro en el caso del registro y la presentación de una solicitud a tal efecto en línea con arreglo a las nuevas normas se estima en un cifra comprendida entre los 42 y los 84 millones de euros al año para las empresas de la UE;
  • el principio de «solo una vez», incluido en la presente propuesta, acaba con la necesidad de presentar varias veces la misma información a distintas autoridades en el ciclo de vida de una empresa;
  • se pondrá a disposición de todas las partes interesadas más información sobre las sociedades de forma gratuita en los registros mercantiles.

Para prevenir el fraude y las prácticas abusivas, las autoridades nacionales podrán basarse recíprocamente en sus datos sobre los directivos inhabilitados. Si sospechan de la existencia de un fraude, las autoridades seguirán pudiendo solicitar la presencia física de los propietarios de la empresa. También podrán exigir la participación de agentes acreditados, tales como los notarios, en el proceso.

Contexto

En mayo de 2015, la Comisión anunció la Estrategia para el Mercado Único Digital, destinada a responder a los retos de la economía digital. En el marco de esta estrategia, la Comisión se comprometió a conseguir unas normas más simples y menos gravosas para las empresas. Esto incluye aportar soluciones digitales durante todo el ciclo de vida de una empresa, en particular en lo que atañe a su registro y a la presentación de sus documentos y datos. Asimismo, la Comisión anunció que estudiaría la necesidad de actualizar las normas sobre fusiones transfronterizas y de introducir normas sobre las escisiones transfronterizas.

En el Programa de Trabajo de la Comisión de 2017, esta anunció que presentaría una iniciativa en materia de Derecho de sociedades para facilitar el uso de las tecnologías digitales a lo largo de todo el ciclo de vida de una empresa, así como las fusiones y escisiones transfronterizas.

En octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró (C-106/16 Polbud) que la libertad de establecimiento comprende el derecho de una empresa a convertirse en una sociedad sujeta al Derecho de otro Estado miembro si cumple los requisitos del Estado miembro de destino para su incorporación (conversión transfronteriza).

Para más información:

Directiva en lo que respecta al uso de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades

Directiva en lo que respecta a las conversiones, fusiones y escisiones transfronterizas

Preguntas y respuestas

Página correspondiente a esta política

 

 

“This House believes that Brussels should have the power to block foreign takeovers”

3 mayo 2018

 

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Bajo el formato de un Oxford Union-style Debate  se discute el tema “This House believes that Brussels should have the power to block foreign takeovers”, recogiendo un debate del que puede verse su origen aquí o más recientemente aquí

Con dos defensores de la moción, L. Holle y P. Montagnon y dos opositores, J. Coffee y E-L von Thadden y amplia participación de la audiencia se llega a la votación final.

Proteccionismo, seguridad, Trump, China, reciprocidad,  son algunas de las palabras más repetidas.

Supongo que el debate podrá verse en un futuro próximo en la web de la ECGI. Muy recomendable y estimulante.

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Por cierto, el resultado: 15 a favor 17 en contra. Ha habido abstenciones

Gobierno de las Sociedades ante Situaciones de Crisis

16 marzo 2018

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Una vez más doy noticia de la interesante jornada que organizan los colegas mercantilistas de la UAM, en lo que constituye ya la IV Jornada de trabajo con hilo de continuidad temático y estructural (aquí la III con referencias a la I y la II). En este caso, analizando el papel de administradores y socios en situaciones de crisis, un tema de mucha actualidad en el que confluye el más puro derecho de sociedades con el concursal y las reglas de buen gobierno corporativo que cada vez afectan a más sectores.

Viernes, 20 de abril a partir de las 09:30 de la mañana en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UAM. Inscripciones en gobierno.corporativo@uam.es

 

Estadísticas Mercantil 2017

13 marzo 2018

Se han publicado recientemente la Estadística Mercantil 2017 del Colegio de Registradores (EM CR) y la Estadística Mercantil 2017 del Registro Mercantil Central (EM RMC). Como ya hemos hecho en otras ocasiones, nos hacemos eco de ellas y comentamos algunas cuestiones que nos parecen dignas de mención, subrayando de entrada que existe una lógica continuidad con ejercicios anteriores

Destaco unos cuantos aspectos. Primero una referencia en la EM CR al tiempo de constitución de una sociedad. Pese a lo elemental de la explicación, o seguramente por eso, reproduzco un interesante párrafo. También menciono otras cuestiones recurrentes: estabilidad en cuanto al sistema de administración según forma societaria, crecimiento sostenido de las sociedades unipersonales (ya son casi el 40% del total), pocas cuentas consolidadas y escasísimo número de páginas web corporativas.

TIEMPO DE CONSTITUCIÓN

En una primera fase los potenciales creadores de una sociedad deben comprobar que el nombre elegido para la misma es válido, no se encuentra en uso o entra en conflicto con otros existentes. Una vez comprobado este aspecto se debe redactar la escritura de constitución de la sociedad y presentarla en el Registro Mercantil correspondiente según el domicilio social elegido. El Registro Mercantil procederá al despacho de dicha escritura y apertura de la hoja registral de la sociedad (inscripción) una vez sea verificada la validez legal de la misma (aspectos como la capacidad de los administradores nombrados para serlo, requerimientos de capital, etc.). Podemos observar que esta fase es la relativa únicamente a la constitución legal de una sociedad mercantil, la realidad es que se debe dedicar mucho más tiempo a otras fases, como la obtención del Número de Identificación Fiscal, los trámites necesarios para obtener las licencias municipales correspondientes, así como las altas en la seguridad social necesarias, haciendo de hecho la creación de una empresa un proceso mucho más largo del que podemos atribuir a su mera constitución desde el punto de vista legal (primera fase). Toda fase de tramitación se puede dividir en períodos, y la que nos ocupa la hemos dividido en los siguientes: el tiempo que trascurre desde la emisión de la certificación negativa de denominación en el Registro Mercantil Central (respuesta a la consulta al RMC para comprobar la validez del nombre elegido) hasta la creación de la escritura de constitución (atribuible al notario); el que transcurre desde que la escritura está  finalizada hasta que se presenta al Registro Mercantil correspondiente (atribuible también al notario o a los intervinientes); y, finalmente, aquél que  discurre entre la presentación de la escritura en el RM y su inscripción (atribuible, esta vez sí, al Registro Mercantil). Todo este procedimiento inicial se puede realizar de manera presencial o telemáticamente.  Como puede observarse en el cuadro siguiente , del tiempo medio de tramitación total en el caso de tramitación telemática, que fue de 35,56 días, solamente 5,05 corresponden a la tramitación en el Registro Mercantil, siendo el tiempo restante, 30,51 días, el que corresponde al período que va desde la emisión de la certificación negativa de denominación hasta la presentación de la escritura de constitución en el Registro Mercantil provincial correspondiente, atribuible, en principio, a causas ajenas al Registro. Por CC.AA. destaca que 6 de ellas cuentan con tiempo medio de tramitación en el registro inferior a 4 días.En el caso de las tramitaciones presenciales, lógicamente más dilatadas en el tiempo y mostradas en detalle en el cuadro siguiente, el tiempo medio total de tramitación fue de52,23 días, de los cuales solamente 7,81 corresponden a la tramitación en el Registro Mercantil correspondiente. Por CC.AA. destaca que 9 de ellas ofrecieron tiempos medios inferiores a 7 días.
ESTRUCTURA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
El texto es de la Estadística del CR y la imagen de la Estadística del RMC
En 2017 la distribución del tipo de estructura de los órganos de administración en las sociedades mercantiles, se mantiene absolutamente estable. Como en años anteriores, en las sociedades anónimas, el consejo de administración, con un 41% de los casos y el administrador único, con el 44%, son las estructuras de control preferidas, seguidas de administradores solidarios con el 12% y administradores mancomunados con el 3%. Caso de tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada,el administrador único alcanza el 73% de los casos, seguido por los administradoressolidarios con el 19%, administradores mancomunados con el 5%, y consejo de administración con el 3% restante.
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UNIPERSONALES
Al paso que vamos, en breve tendremos mayoría de sociedades unipersonales cuyo socio único será un robot.
Unipersonales 2017
DEPOSITOS DE CUENTAS
Seguimos con muy pocos depósitos de cuentas consolidadas
Dice también la Estadística del CR: La última de las magnitudes analizadas por este anuario son los depósitos de cuentas , variable que aproxima el número de sociedades con actividad, así como el grado de cumplimiento con la legalidad de las mismas en este aspecto.Tras el importante repunte de 2010 (aumento del 8,39%) la tendencia ha sido claramente decreciente hasta 2015, con disminuciones anuales constantes y mantenidas (0,9% en 2011, 1,7% en 2012, 1,39% en 2013, 1,11% en 2014 y 0,44% en 2015). Esta tendencia se invirtió claramente en 2016 con un crecimiento del 3,39% , mientras que en 2017 se vuelve a reducir , aunque de forma moderada (0,53%). Por tanto parece que se ha establecido un soporte en torno a los 1.100.000 depósitos anuales. En cifras absolutas, el pasado año se presentaron 1. 137.097 depósitos, de los cuales el 83,07 %, es decir, 944.475 correspondieron al ejercicio económico 2016 y el resto a ejercicios anteriores.
En cuanto a los depósitos de cuentas consolidadas de grupos empresariales, en 2017 han sido presentadas cuentas de 3.361 grupos, lo que supone un aumento del 1,94% con respecto al año anterior. Este tipo de depósitos suponen apenas el 0,30 % del total depositado pero resultan de especial interés para el estudio del tejido empresarial español.
PÁGINAS WEB CORPORATIVAS
Sigue pareciéndome bajísimo el número. Del total del 68 inscritas 20 lo han sido en la provincia de Málaga. Seguro que asistentes habituales al Congreso de Sociedades.
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Lex mala, sed lex: la STS de 26-2-2018 sobre constancia estatutaria de retribución de administradores

28 febrero 2018

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La STS de 26 de febrero de 2018 (ponente Sarazá Jimena) revoca la SAP de BCN de 30 de junio de 2017, que se manifestaba en el mismo sentido que la doctrina de la DGRN, específicamente de su Resolución de 17 de junio de 2016 (y otras anteriores) reseñadas aquí en su momento.

La Sentencia merecerá sin duda comentarios y estudios mucho más exhaustivos que este breve apunte, pero como en este caso tengo una opinión formada y meditada sobre la materia, me permito realizar de manera apresurada una serie de observaciones. Prescindo de explicar los antecedentes, que se dan ya por conocidos (o fácilmente conocibles, leyendo las entradas anteriores y las remisiones que allí se hacen)

Advierto de inicio que mi posición ha sido (y es) la que defendían la SAP revocada y  la DGRN. Comparto, creo que con la práctica totalidad de los que nos hemos ocupado de este tema y sosteníamos esta posición, que la redacción legal es inadecuada pero que no cabe otra interpretación siguiendo el tenor literal de la Ley.

El TS dice lo contrario. Lo hace con una detallada explicación, convincente en muchos aspectos incluso para los que pensamos de manera distinta, consciente sin duda de la trascendencia práctica de esta decisión (algunos argumentos merecerían mayor atención, pero me limito a enumerarlos). Abre además una puerta muy interesante, al referirse de manera expresa y reiterada a un marco estatutario más flexible que tenga en cuenta la aplicación de la regla a las sociedades no cotizadas.

Un criterio inicial, al que se le otorga una notable trascendencia es el artículo 3.1 C.c., , «según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas». Realiza una reflexión que comparto plemanente, aunque no en la consecuencia:  Tampoco está de más recordar que, como afirmara la doctrina clásica de la hermenéutica jurídica, «el juez no debe atender a lo que el legislador se ha propuesto, sino solo a lo que de hecho ha dispuesto; más exactamente: a lo que, como contenido de su disposición, ha hallado expresión en las palabras de la ley según el sentido lógico, el gramatical, y el que se infiere de su conexión sistemática».

En mi opinión, debe acudirse a una premisa previa: in claris non fit interpretatio. En este caso, el criterio literal debe prevalecer antes de acudir a los demás. También es cierto que todo va relacionado, porque el propio TS ha dicho por ejemplo In claris non fit interpretatio dice el adagio; y el adagio lleva razón cuando se trata  simplemente de operaciones sencillas de subsunción de casos típicos en el supuesto de hecho de la norma aplicada.

Veamos los diferentes argumentos de la Sentencia, reiterando que los comparto en muchas ocasiones, aunque no en la consecuencia que se les atribuye.

Como primer argumento, no consideramos que el art. 217 TRLSC regule exclusivamente la remuneración de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos, y que la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos esté regulada exclusivamente por el art. 249.3 y 4 TRLSC, de modo que la exigencia de previsión estatutaria no afecte a la remuneración de estos últimos ni se precise acuerdo alguno de la junta general en los términos previstos en el art. 217 TRLSC.

Yo sí creo que el 217 LSC regula el régimen general o común de la retribución de los administradores, aplicable a todos. A todos menos aquellos a los que haya una norma especial, que es la del 249.3 y 249.4 LSC.

Por tanto, este precepto exige la constancia estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y del sistema de remuneración, cuestión objeto de este recurso, para todo cargo de administrador, y no exclusivamente para una categoría de ellos.

De nuevo, diría yo que se establece para todo cargo excepto para el que tenga un régimen específico.

Entra luego el TS en una reflexión sobre la expresión «administradores en su condición de tales», que me parece interesante y que a mi juicio merece un debate aparte. En este caso concreto, me parece que no tiene tanta trascendencia en el objeto de la discusión. También menciona el 249.bis.i LSC: que  prevé como una de las facultades que el consejo de administración no puede delegar «las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general» […] La ubicación del precepto, su referencia no a los «consejeros no ejecutivos», ni siquiera a los «administradores en su condición de tales» (si es que a esta expresión pudiera darse el sentido que sostienen la Audiencia Provincial y la DGRN), sino a los consejeros en general, muestran que la exigencia de reserva estatutaria para la retribución de los administradores se extiende a todos los administradores sociales, incluidos los miembros del consejo de administración y, dentro de ellos, a los consejeros delegados y ejecutivos, respecto de los cuales se adoptan las principales decisiones del consejo relativas a la remuneración de los consejeros.

Rebate también el TS la diferencia que se ha apuntado entre el 217.2 LSC y los arts. 218 y 219 LSC: Es contradictorio que se afirme que un precepto, el art. 217.2 TRSLC, no es aplicable a los consejeros delegados o ejecutivos, pero que sí lo son los preceptos legales que desarrollan algunas de sus previsiones, como son los arts. 218 y 219 TRLSC, que reiteran la exigencia de reserva estatutaria contenida en el art. 217 TRLSC.

La lectura que hace el TS: Consideramos que la lógica del sistema determina que los términos del contrato del art. 249.3 y 4 TRLSC constituyen el desarrollo del acuerdo de distribución de la retribución entre los distintos administradores adoptado por el consejo de administración con base en el art. 217.3 TRLSC. Han de enmarcarse en las previsiones estatutarias sobre retribuciones y dentro del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores aprobado por la junta general.

Estamos completamente de acuerdo con esta afirmación, pero como se ha dicho, me parece que es un error que debe corregir el legslador.

Tampoco parece razonable que, siendo la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos la más importante entre los distintos consejeros, no solo escapen a la exigencia de previsión estatutaria y a cualquier intervención de la junta general en la fijación de su cuantía máxima, sino que, además, los criterios establecidos en el art. 217.4 TRLSC no le sean aplicables.

                La mayoría de estos criterios solo cobran verdadera trascendencia práctica si se aplican a las remuneraciones de los consejeros delegados o ejecutivos.

Lo mismo diría del párrafo siguiente:

Una interpretación del nuevo régimen legal de la remuneración de los administradores sociales como la realizada por la Audiencia Provincial supone, como la propia sentencia recurrida reconoce, comprometer seriamente la transparencia en la retribución del consejero ejecutivo y afectar negativamente a los derechos de los socios, especialmente del socio minoritario, en las sociedades no cotizadas, por la severa restricción de la importancia del papel jugado por la junta general.

Realiza otra consideración el TS al vincular la interpretación que hay que dar a estos preceptos con el cambio en el régimen del derecho de información y también con la infracción del deber de información como causa de impugnación de acuerdos sociales.

Según el TS, la relación entre el 217 y el 249 LSC debe interpretarse de la siguiente manera:

Por tanto, en las sociedades no cotizadas, la relación entre el art. 217 TRLSC (y su desarrollo por los arts. 218 y 219) y el art. 249 TRLSC no es de alternatividad, como sostiene la sentencia recurrida y la DGRN, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos se rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos se rige exclusivamente por el art. 249 TRSLC, de modo que a estos últimos no les afecta la reserva estatutaria del art. 217, la intervención de la junta de los arts. 217.3, 218 y 219, los criterios generales de determinación de la remuneración del art. 217.4 y los requisitos específicos para el caso de participación en beneficios o remuneración vinculada a acciones de los arts. 218 y 219.

                La relación entre unos y otros preceptos (217 a 219, de una parte, y 249 TRLSC, de otra) es de carácter cumulativo, como sostiene el recurrente. El régimen general se contiene en los arts. 217 a 219 TRLSC, preceptos que son aplicables a todos los administradores, incluidos los consejeros delegados o ejecutivos. De hecho, algunas de sus previsiones (retribuciones previstas en los apartados «c» a «g» del art. 217.2 y el desarrollo que de algunas de ellas se contienen en los arts. 218 y 219) son aplicables de forma típica a los consejeros delegados o ejecutivos.

                El art. 249 TRLSC contiene las especialidades aplicables específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, que deberán firmar un contrato con la sociedad, que sea aprobado por el consejo de administración con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros y con la abstención del consejero afectado tanto en la deliberación como en la votación, pero cuyo contenido ha de ajustarse al «marco estatutario» y al importe máximo anual de las retribuciones de los administradores, en el desempeño de su cargo, fijado por acuerdo de la junta  general, en cuyo ámbito ejercita el consejo de administración su competencia para decidir la distribución de las remuneraciones correspondientes a los administradores. Asimismo, esta retribución del consejero delegado o ejecutivo recogida en el contrato debe ajustarse a los criterios generales establecidos en el art. 217.4 TRLSC y cumplir los requisitos específicos previstos en los arts. 218 y 219 TRLSC cuando se establezcan como conceptos retributivos los previstos en tales preceptos legales.

 Aunque alguna de las consideraciones que se han realizado en los fundamentos anteriores sobre la interpretación de determinadas normas del TRLSC pudiera ser discutible aisladamente considerada, la interpretación conjunta del régimen diseñado para regir las remuneraciones de los administradores sociales y, especialmente, la interpretación sistemática de los arts. 217, 218, 219 y 249 TRLSC, con los demás preceptos citados, teniendo en cuenta las finalidades expresadas en el preámbulo de la ley de reforma, conduce a las conclusiones expuestas.

Me parece muy interesante como ya he advertido anteriormente  esta afirmación y se abre una puerta que veremos donde nos lleva (esperemos que no a la dimensión desconocida):

Ahora bien, la consideración conjunta del nuevo sistema que regula las retribuciones de los miembros del órgano de administración en las sociedades no cotizadas nos lleva también a la conclusión de que la atribución al consejo de administración de la competencia para acordar la distribución de la retribución entre los distintos administradores, mediante una decisión que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y la atribución de la competencia para, en el caso de designar consejeros delegados o ejecutivos, aprobar con carácter preceptivo un contrato con los consejeros delegados o ejecutivos en el que se detallen todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, ha de tener como consecuencia que la reserva estatutaria sea interpretada de un modo menos rígido y sin las exigencias de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en sentencias de varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN, sin perjuicio de que las sentencias más recientes de esta sala, aun referidas a la anterior normativa societaria, ya han apuntado hacia esa mayor flexibilidad de la exigencia de reserva estatutaria (en este sentido, sentencias de esta sala 180/2015, de 9 de abril, y 505/2017, de 19 de septiembre).

                La atribución al consejo de administración de esta competencia supone el reconocimiento de un ámbito de autonomía «dentro del marco estatutario» a que hace mención el art. 249.bis.i TRSLC, que es el regulado con carácter principal en el art. 217 TRLSC, y dentro del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé el art. 217.3 TRLSC.

                Este ámbito de autonomía, dentro de un marco estatutario entendido de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los consejeros delegados o ejecutivos a las cambiantes exigencias de las propias sociedades y del tráfico económico en general, compaginándolo con las debidas garantías para los socios, que no deben verse sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los estatutos y por encima del importe máximo anual que la junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales.

En fin, todo el argumento queda condensado en este párrafo final

                Una cláusula estatutaria como la controvertida, que prevé que «el cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos remuneratorios», no es conforme al régimen legal de retribución de los administradores y, en concreto, de los consejeros ejecutivos, tal como ha quedado diseñado en nuestro Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, tal como ha resultado interpretado en esta sentencia, puesto que la posibilidad de fijar una retribución para los consejeros delegados es contradictoria con el carácter gratuito del cargo de administrador que se expresa en la cláusula, no se establece sistema de remuneración alguno para los consejeros ejecutivos, es más, se declara que no es necesaria previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos remuneratorios, y se excluye expresamente el acuerdo de la junta que fije el importe máximo anual de la remuneración del conjunto de los administradores por el ejercicio de su cargo.

 

El TS busca argumentar por numerosos flancos y su conclusión parece sólida y contundente. Sin embargo, después de leerla, sigo pensando lo mismo que antes. La Ley está mal diseñada en este punto, principalmente porque en origen estaba pensado para sociedades cotizadas, donde tienen sentido cautelas como la del 217.4 in fine (contrato conforme a la política de retribuciones aprobada por la junta general). La importancia del artículo 249 LSC queda también muy relativizada