Archive for the ‘Sociedades’ Category

Resoluciones DGRN sobre el artículo 348 bis LSC no publicadas en el BOE

19 octubre 2018

(c) BRIDGEMAN; Supplied by The Public Catalogue Foundation

Me avisan (de nuevo gracias) de la publicación en la web del Ministerio de Justicia de un buen número de Resoluciones de la DGRN que -salvo error u omisión míos- no han sido publicadas en el BOE. Entre ellas, un buen número referidas al artículo 348 bis LSC. Aquí están, listadas y preparadas para ser estudiadas.

Las cuestiones que se plantean son recurrentes y la respuesta de la también DGRN lo es muchas veces. Se reitera una fórmula general, en la que se citan con frecuencia una serie de sentencias (principalmente las SSTS de 23-1-2006 y de 7-12-2011, la SAP de La Coruña de 21-3-2014 o la SAP de Barcelona de 26-3-2015 que comenté aquí ).

Recojo las Resoluciones que me constan de 2018. De manera ordenada y sistematizada por grupos de casos, puede verse respecto a 2017, DE LA PUENTE ALFARO, Doctrina de la DGRN sobre el artículo 348 BIS Ley de Sociedades de Capital, Diario La Ley, Nº 9141, 2018.

Las comento brevemente en orden cronológico, sin perjuicio de agrupar algunas de contenido idéntico o muy similar.

 Las RRDGRN de 8 y 16 de enero de 2018 parten principalmente de que no hay junta válidamente convocada, por lo que no puede ejercitarse el derecho

La RDGRN de 22 de enero de 2018 se refiere a una cuestión que es bastante habitual y que la DGRN resuelve con la misma fórmula que transcribo aquí:

(También la RGDRN de 7 de febrero de 2018)

Si la sociedad niega la existencia de un «beneficio propio de la explotación del objeto social» que sirva de base al ejercicio del derecho de separación alegado por el solicitante, debe acreditar dicha circunstancia a satisfacción del registrador y de acuerdo con los parámetros expuestos. Es doctrina reiteradísima de esta Dirección General (en sede de recursos contra resoluciones de los registradores sobre procedencia de la designación de auditores por aplicación del artículo 265.2 LSC, vide por todas resoluciones de 17 de abril, 7 de mayo, 8 de septiembre y 28 de octubre de 2015, 16 de junio de 2016 y 2 de febrero de 2017), que cuando la sociedad niegue la concurrencia de los requisitos legales en que el interesado funda su pretensión debe acreditarlo debidamente a fin de no romper el principio de igualdad entre las partes del procedimiento. Consecuentemente, la mera afirmación de parte de que no concurren los requisitos legales o la negativa de la prueba aportada por el solicitante no bastan por si solos para desestimar su solicitud.

Esta es la situación que se presenta en el expediente objeto de esta resolución. La sociedad se limita a afirmar que la mayor parte del beneficio no procede de la explotación del objeto social, pero ni es conforme a derecho la exclusión de los beneficios financieros (como ha quedado expuesto), ni la sociedad ha justificado debidamente la falta de concurrencia de los requisitos derivados del artículo 348 bis para el ejercicio del derecho de separación. Bien al contrario, la sociedad ha reconocido explícitamente que la sociedad ha obtenido beneficios limitándose a afirmar que la mayor parte de los mismos proceden de resultados financieros. En definitiva, existiendo beneficios de explotación del objeto social concurre el requisito establecido en el reiterado precepto limitándose la sociedad a afirmar, sin aportar justificación alguna, que del mismo deben excluirse los beneficios financieros de la sociedad producidos durante el ejercicio.

Otra cuestión que aparece reiteradamente es la que resuelve la RDGRN de 26 de enero de 2018:

Resulta en consecuencia indubitado que el ejercicio del derecho de separación debe llevarse a cabo en el plazo de un mes desde la aprobación del acuerdo a que se refiere el artículo 348 bis o desde la aprobación del acta de la junta si se realiza con posterioridad, sin perjuicio, para los ausentes, de su posible ejercicio desde la publicación del acuerdo o desde la notificación a que se refieren los artículos 348 LSC y 205 RRM. No puede confundirse, como hace el recurso, el ejercicio del derecho de separación con la solicitud de designación de experto independiente, solicitud, que como resulta de la simple lectura del artículo 353 LSC implica el previo ejercicio del derecho a que el mismo se refiere.

Otro caso interesante es el de la RGDRN de 1 de febrero de 2018

El socio ejercita su derecho de separación al amparo de la previsión del artículo 348 bis LSC. La sociedad no niega el ejercicio del derecho de separación pero alega que no procede la designación de experto al existir negociaciones entre las partes sobre el valor razonable de las participaciones del socio que se separa; incluso, afirma que existe ya un acuerdo sobre el valor que no se ha ejecutado por no estar determinadas ciertas garantías; no obstante afirma que no puede aportar evidencia al respecto. Como ha quedado debidamente expuesto, el ejercicio del derecho de separación depende exclusivamente de la voluntad del socio una vez que concurran los requisitos legalmente establecidos. Ejercitado el derecho y con el fin de determinar el crédito de separación (artículo 356 LSC), la Ley proporciona al socio la posibilidad de que acuda al registrador mercantil a fin de que designe experto independiente si no llega a un acuerdo con la sociedad.

Otro caso habitual: la sociedad alega que no concurren los requisitos porque no ha habido votación y por tanto no concurre el requisito legal. Es la RGDRN de 12 de febrero de 2018

El ejercicio del derecho contemplado en el artículo 348bis de la Ley de Sociedades de Capital exige que el socio no haya votado a favor de una propuesta que no contemple el reparto, en forma de dividendo, del resultado obtenido en el ejercicio en la proporción mínima que dicho precepto contempla. En definitiva, que resulte patente la voluntad del socio de no aceptar una propuesta de aplicación del resultado que no se destine al reparto de dividendo en, al menos, la cantidad exigida por el precepto.

Resulta así indubitado de la narración de hechos que lleva a cabo el notario autorizante que se rechazó someter a votación la propuesta de aplicación del órgano de administración. Por el contrario, resulta que se aceptó la propuesta de aplicación que llevó a cabo otro socio y que se limitaba a destinar el total beneficio a reservas. Esta es la única propuesta que se sujetó a votación y resulta del acta que el socio, ahora instante, votó en contra de la propuesta. El sentido de su voto, en relación a la propuesta sometida a votación, resulta inequívoco en su contra por lo que sólo cabe afirmar que, como exige el precepto y lo ha interpretado la resolución judicial expuesta y esta Dirección, su voluntad es contraria a una propuesta que no contempla el reparto de dividendo en la, al menos, proporción establecida.

Eso mismo se dice más claramente se dice en la RGDRN de 13 de febrero de 2018

Establecido lo anterior resulta patente que no puede rechazarse el ejercicio del derecho de separación derivado del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital por el motivo alegado por la sociedad de que no ha existido un voto favorable del socio a la propuesta de distribución de beneficios. No ha existido dicha propuesta.

Y en esta Resolución se hace también referencia a un caso habitual:

Tampoco puede ampararse el motivo que hace referencia a la incompetencia de la registradora mercantil para designar experto independiente cuando existe oposición de la sociedad y negación expresa del derecho de separación del socio.

En sentido similar a estas dos últimas, la RGDRN de 27 de marzo de 2018

La RGDRN de 22 de febrero de 2018 (1)  reitera lo que decía la de 26 de enero:

No puede confundirse, como hace el recurso, el ejercicio del derecho de separación con la notificación que ha de realizarse a la sociedad afectada para que se ponga en marcha el mecanismo de reconocimiento y satisfacción del crédito de separación.

Añade además

Tampoco puede ser estimado el hecho de que la sociedad afirme que se encuentra obligada a la verificación contable y de que el ejercicio del derecho ha sido posterior al plazo de tres meses previsto en el artículo 359 RRM del Reglamento del Registro Mercantil.

La RGDRN de 22 de febrero de 2018 (2) combina cuestiones ya comentadas:

De este modo si la sociedad niega la existencia de un «beneficio propio de la explotación del objeto social» que sirva de base al ejercicio del derecho de separación alegado por el solicitante, debe acreditar dicha circunstancia a satisfacción del registrador y de acuerdo con los parámetros expuestos

La sociedad se opone al reconocimiento del derecho de separación y afirma que ha sido ejercitado fuera de plazo porque los intentos de notificar a la administración de la sociedad resultaron infructuosos. El argumento es insostenible porque confunde reiteradamente el ejercicio del derecho de separación a que se refiere el precepto con la notificación a la sociedad del hecho del ejercicio

Tampoco puede ser estimado el hecho de que la sociedad tenga designado auditor para la verificación de sus cuentas anuales.

A la luz de lo expresado, basta mencionar los argumentos que se recogen como el recurso RGDRN de 26 de marzo de 2018 para darse cuenta de su desestimación

Solicitado del registrador mercantil por dos socias de la sociedad la designación de experto independiente con fundamento en los artículos 348 bis y 353 LSC, la sociedad se alza contra la estimación por tres órdenes de razones: en primer lugar porque, a su juicio, el resultado positivo del ejercicio obedece a un beneficio extraordinario que excluye la existencia del derecho de separación; en segundo lugar, porque las solicitantes no han aportado prueba de su derecho habiendo sido la sociedad quien ha acreditado la inexistencia de derecho de separación, lo que pone de manifiesto la mala fe en el ejercicio de su pretensión; tercero, porque no ha existido controversia sobre la propia existencia del derecho de separación lo que exige o bien el consentimiento de la sociedad o bien una resolución judicial que así lo declare.

La RGDRN de 16 de mayo de 2018 plantea un caso distinto:

La especialidad del supuesto de hecho consiste en que, tras una primera aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de resultado, se produce una reformulación de las cuentas anuales y una nueva aprobación por parte de la junta. En ambos casos las cuentas han sido objeto de verificación contable (vide artículo 270.2 LSC). En las cuentas reformuladas el resultado del ejercicio es negativo. No existiendo beneficio repartible, el elemento de hecho que condiciona el ejercicio del derecho de separación, no se encuentra presente por lo que el recurso no puede ser estimado.

Finalmente, la RGDRN de 22 de mayo de 2018

En relación a la primera cuestión, esta Dirección tiene declarado (vide resoluciones de 22 de febrero de 2018 en esta misma materia de designación de expertos), que el mandato que recibe el auditor de cuentas de la sociedad consistente en: «…la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros.», (artículo 1.2 Ley de Auditoría de Cuentas), no puede confundirse con el mandato que recibe un experto independiente, que no tiene porqué ser auditor, para la determinación del valor razonable de la participación del socio que se separa (artículo 353 LSC). De aquí que el hecho de que la sociedad disponga de auditor de cuentas para la verificación de sus estados contables no impide, en absoluto, la procedencia de designación de un experto independiente en los supuestos en que la Ley así lo considera oportuno, como es el que da lugar a la presente.

Establecido lo anterior, resulta patente que la convocatoria de la junta en la que se adoptaron los acuerdos de aprobación de cuentas y de aplicación del resultado es nula de pleno derecho como son nulos los acuerdos subsiguientes.

Dejo hoy al margen de comentario dos Resoluciones, la de 13 de marzo de 2018 y de 9 de abril de 2018, que me parece que pueden ser comentadas de manera separada.

CR Nevinson, Any Wintry Afternoon in England, 1930

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La DGRN admite cláusula estatutaria que prohíbe constituir derechos reales sobre las participaciones sociales

14 septiembre 2018

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Dejo para el lunes la entrada que tenía preparada para hoy porque el BOE nos trae dos Resoluciones -gemelas- referidas a dos sociedades distintas, «Umami United Services, S.L.» (RDGRN de 30 de julio de 2018) y  «Umami United Brands, S.L.» (RDGRN de 31 de julio de 2018) pero a cláusulas del mismo contenido.

Empezando a leer la Resolución, parece que se va a discutir también sobre unas cláusulas de arrastre y acompañamiento, pero el recurso de la DGRN no entra en esa cuestión porque

 

[E]l registrador afirma que, a la vista del recurso y de las alegaciones realizadas por el notario autorizante rectifica la calificación en lo que respecta al primer defecto relativo a los derechos de acompañamiento y arrastre previstos en los artículos 9 y 10 de los estatutos sociales, accediendo a su inscripción en los términos solicitados.
Conviene dejar para otro momento el análisis del porqué de la denegación inicial y de su admisión posterior.
Así, la DGRN centra la cuestión y resume bien la contrversia y las posiciones de las partes:

En el presente expediente debe decidirse si es o no inscribible la cláusula estatutaria de una sociedad de responsabilidad limitada en la que se dispone lo siguiente: «Los socios no podrán constituir derechos reales sobre sus participaciones sociales, ni utilizarlas de otro modo como garantía o para cualquier otro objeto que pudiera dar como resultado una transmisión de dichas participaciones. No se inscribirán derechos reales sobre las participaciones sociales en el libro registro de socios. La constitución de opciones sobre participaciones sociales será libre, sin perjuicio de las reglas aplicables a la transmisión».

 

Según el registrador

tales prohibiciones «son contrarias, por un lado a determinaciones legales, las referidas a actos no voluntarios del propietario –embargos, afecciones– y al principio de libre circulación de los bienes las que afectan a actos voluntarios que si bien pueden –y en sede de transmisión de participaciones deben– limitarse, no pueden ser absolutas fuera del marco temporal o sin la previsión de un derecho de separación conforme para el pleno dominio y por analogía establece el art. 109 LSC. En su consecuencia, tampoco puede admitirse la prohibición de su constancia en el libro registro de socios (art. 104 y 105 LSC)».

El recurrente

alega que el primer reproche es equivocado, pues lo que se prohíbe en la referida cláusula estatutaria es la constitución de derechos reales, lo que exige un negocio jurídico voluntario del titular de la participación, y no se prohíbe los embargos y afecciones. Y respecto del segundo de los reproches afirma que el artículo 108.3 LSC solo prohíbe las cláusulas que a su vez prohíban la transmisión voluntaria de las participaciones (a no ser que se prevea un derecho de separación, lo cual no es ni siquiera necesario durante los cinco primeros años desde la creación de las concretas participaciones). Considera que el precepto legal imita la prohibición de negocios jurídicos traslativos que recaigan sobre el pleno dominio, sin referencia a os que se refieran a derechos reales sobre las participaciones, por lo que, al ser una norma excepcional, no está permitida su extensión analógica a supuestos expresamente no contemplados en ella (artículo 4.2 del Código Civil).

La DGRN resuelve con diversos argumentos, de los que dejaré solamente su esencia

En primer lugar, se refiere a las prohibiciones de disponer con carácter general citando  la Ley Hipotecaria, el Código Civil, una STS de 1945 y otra de 1991 y Resoluciones diversas, algunas recientes (2013, 2018) y otras antiguas (de 1913, 1949 o 1963).

La frase que mejor resume toda esta argumentación: Las prohibiciones de disponer, además de la temporalidad o la accesoriedad, exigen la existencia de justa causa

Luego entra en las clásicas consideraciones sobre el carácter esencialmente cerrado de la SRL, la autonomía de la voluntad o el régimen supletorio previsto en la normativa vigente.

Sobre la cuestión concreta dice:

Respecto de la constitución de derechos reales sobre las participaciones sociales pudiera entenderse que la prohibición de la misma sólo estaría justificada en los casos en que como consecuencia del derecho real de que se trate se atribuyera según los estatutos sociales el ejercicio de derechos de socio al titular del derecho real limitado constituido (usufructuario, acreedor pignoraticio –RDGRN de 22-10-1993–). Pero lo cierto es que, aun cuando no exista esa atribución estatutaria del ejercicio de derechos de socio, la previsión expresa de aplicación de restricciones a la constitución de derechos reales se justifica por el hecho de que del título constitutivo de los mismos puede atribuir determinados derechos sociales al titular del derecho constituido que le permitan influir en la vida corporativa de la sociedad (p.ej., es conocido que el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar sindicatos de voto). Y aunque tales riesgos pudieran conjurarse mediante la simple extensión de las limitaciones estatutarias –o las legales supletorias, aplicables en el presente caso– no siempre estas normas se acomodan sin dificultades al derecho real de que se trate (p. ej., la aplicación de un derecho de adquisición preferente al supuesto de constitución de una prenda en garantía de una determinada deuda especifica). Por ello, no puede rechazarse la inscripción de la cláusula estatutaria que excluye la posibilidad de constitución de tales derechos reales sobre las participaciones, toda vez que, al permitir al socio la transmisión plena de sus participaciones (en el presente caso sin prohibición alguna y según las restricciones que resultan del artículo 107 LSC, además de las previstas en los artículos de los estatutos que han quedado transcritas en los «Hechos») no lo convierte en «prisionero» de la sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad (cfr. artículos 1255 y 1258 C.c, 28 LSC y 188.1 RRM).

Por lo demás, es evidente que, como alega el recurrente, la cláusula debatida no prohíbe los embargos y afecciones.

Como queda reflejado en el título de esta entrada, la DGRN admite la claúsula y por tanto estima el recurso y revoca la calificación.

El argumento empleado deja alguna puerta abierta. Es decir, la cláusula se admite porque no convierte al socio en «prisionero» de la sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad … frase esta sobre la que conviene reflexionar un poco más en profundidad.

 

(**) Foto: La Habana, agosto 2018

 

Coheredera de herencia sin partir puede -pese al 126 LSC- solicitar auditor de cuentas (RDGRN 11-6-2018)

18 julio 2018

 

La RDGRN de 11 de junio de 2018, que de momento -que yo sepa-  no ha sido publicada en el BOE resuelve un interesante tema y no muy frecuente referido al artículo 126 LSC

Artículo 126. Copropiedad de participaciones sociales o de acciones.

En caso de copropiedad sobre una o varias participaciones o acciones, los copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de esta condición. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre participaciones o acciones.

La coheredera de un socio que tenía el 90% del capital social de una sociedad acepta una herencia de la que aún no ha habido partición. El otro coheredero es el administrador único de la sociedad (el 10% pertenece a la madre del coheredero).

La coheredera solicita el nombramiento de auditor que verificase las cuentas anuales y el Registrador Mercantil deniega la solicitud por falta de legitimación.

La DGRN repasa su propia doctrina que tiene dos momentos bien distintos

En principio (siguiendo la STS de 5 de noviembre de 2004) en síntesis decía que en tanto se llevase a cabo la partición, los coherederos tenían derecho al conjunto de la herencia pero no sobre bienes concretos como las acciones o participaciones. Bastaría, decían esas Resoluciones (cita, adivirtiendo que hay más, las de 11 de abril y 23 de mayo de 2005, 17 de diciembre de 2008 o 7 de octubre de 2013) con acreditar la condición de heredero para estar legitimado, por existir una cuota sobre el todo.

En un momento posterior se decía que no había razones suficientes para aplicar a la comunidad hereditaria un régimen distinto al de cualquier otra comunidad -que es lo que dice la última frase del artículo 126 LSC-. Por tanto, deberá designarse una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio. Según la RDGRN de 4 de junio de 2014 uno solo de los partícipes en la comunidad carece de legitimación para actuar.

Dice entoncer la DGRN que conforme lo expuesto procedería la desestimación del recurso. Sin embargo advierte que “la concreta situación fáctica hace preciso que, de conformidad con la doctrina expresada en la SAP de la Coruña de 11 de marzo de 2010 [que resuelve un recurso presentado ante una RDGRN] sea forzoso reconocer que de actuar así se estaría dejando en situación de profunda desigualdad a las partes interesadas en la sociedad. En este caso, en que uno de los comuneros es administrador único y la situación de igualdad de cuotas imposibilita un acuerdo de designación de representante, por lo que se podría producir una evidente situación de desamparo.

Se estima por tanto el recurso y se reconoce la legitimación

 

 

 

 

Los acuerdos nulos no pueden acceder al Registro Mercantil aunque no hayan sido impugnados (DGRN 30-5-2018)

15 junio 2018
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La RDGRN de 30 de mayo de 2018 (BOE de 15-6) plantea una cuestión relativa a la posible inscripción registral de acuerdos nulos que no han sido impugnados.

Se trata de una junta general de una SRL en la que se adoptan acuerdos de disolución y liquidación de una sociedad de manera unánime por parte de los presentes en ella,  que sin embargo constituyen solamente el 54,32 % del capital social, quórum estatutario insuficiente para adoptar ese acuerdo. Además, la junta se celebra en ciudad distinta a la de su domicilio social.

Se deniega la inscripción por esas razones y en el recurso se alega que transcurrido un año sin que se haya producido la impugnación de los acuerdos sociales, estos quedan  sanados mediante la caducidad de la acción, deviniendo  inimpugnables e inscribibles en el Registro Mercantil.

Dice la DGRN que “no existiendo controversia sobre la nulidad de la junta celebrada así como, en consecuencia, de los acuerdos en ella adoptados, la cuestión se traslada a determinar si, tal y como sostiene el recurrente, la posible caducidad de la acción de nulidad derivada del incumplimiento de los requisitos legal y estatutariamente establecidos permite que se lleve a cabo la inscripción solicitada en el Registro Mercantil“.

Realiza después, en distintos momentos, diversas afirmaciones:

En dicho supuesto, que el escrito de recurso  no  discute,  la  eventual  caducidad  de  la  acción  no  convierte  en  válidos  los acuerdos tachados de nulidad, simplemente los hace inatacables en vía de impugnación. […]

No puede, en consecuencia, sostenerse que el transcurso del tiempo transforma lo nulo en válido ni que lo nulo queda integrado en la realidad jurídica como si la tacha no existiese.

Recuerda los deberes de los administradores:

Ante la existencia de un acuerdo nulo por incumplimiento de la Ley o de los estatutos  sociales,  el  administrador  está  vinculado  por  su  deber  de  diligencia:  «Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario» (artículo 225.1 de la Ley de Sociedades de Capital). Consecuentemente, el administrador debe llevar a cabo los  actos  precisos  para  que  la  junta  general  revoque  o,  en  su  caso,  sustituya  los acuerdos correspondientes para adecuarlos a la legalidad (artículo 204.2 en relación con el artículo 207.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Incluso en el caso de que la nulidad no se ha declarado judicialmente:

Cuando  la  tacha  de  nulidad  no  ha  sido  declarada  judicialmente,  el  administrador diligente (artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital), debe actuar en beneficio del interés social, de sus socios y eventuales terceros lo que implica acomodar el acervo social a las exigencias del ordenamiento jurídico bien mediante la revocación de los acuerdos nulos bien adoptando los acuerdos de ratificación o subsanación que sean precisos.

Y llega a la conclusión final (lógica, de otra parte)

En definitiva, siendo indiscutido en el expediente que los acuerdos cuya inscripción se solicita resultan contrarios tanto a la Ley como a los estatutos sociales (artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital), no puede accederse a su inscripción (artículo 18.2 del Código de Comercio), sin que la mera afirmación del administrador de la sociedad de que no se ha interpuesto acción de impugnación permita tenerla por caducada (artículo 205 de la Ley de Sociedades de Capital).

Se desestima, por tanto, el recurso

** (Lesser Ury, Nollendorfplatz bei Nacht, 1925)

Reforma del Derecho de sociedades en Bélgica

5 junio 2018

 

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(René Magritte L’art de la conversation)

Me informan (¡gracias!) de la entrada en el Congreso de Bélgica del Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Se trata ciertamente de un proyecto de alto interés porque introduce algunas reformas relevantes que probablemente introduzcan en el debate algunas cuestiones recurrentes en nuestro actual Derecho de sociedades.

Siguiendo el detallado Informe del Consejo de Estado que aparece al principio del Proyecto (me parece una excelente opción, una explicación de las novedades realizada desde fuera y con sugerencias de mejora), encontramos algunas novedades muy destacadas, como la supresión de la distinción entre sociedades civiles y mercantiles, la concentración en único texto legal de toda la normativa referida a las fundaciones, sociedades y  asociaciones y en el caso de estas dos últimas, cambios importantes en el criterio de distinción, que va a residir en si se persigue o no fin lucrativo: en un caso serán sociedades, en otro asociaciones. Se elimina la categoría de sociedades públicas y se limitan las reglas específicas de las sociedades cotizadas. Asimismo, se limitan las formas societarias, desaparecen algunas (como la société momentanée, la société interne, la société coopérative à responsabilité illimitée, el groupement (belge) d’intérêt économique (GIE) o la sociedad comanditaria por acciones, entre otras.

El Proyecto confiesa la voluntad de introducir un derecho de sociedades flexible, simple y previsible que naturalmente tenga en cuenta las exigencias del derecho comunitario y en el que se refuerza la autonomía de la voluntad estatutaria

Hay un apartado del Informe que me parece muy interesante, referido a la terminología, en el que se dicen muchas cosas entre las que destaco este ejemplo: Il convient d’harmoniser les expressions “clause contraire”, “disposition contraire”, “clause (ou disposition ou modification) statutaire”, “clause (ou disposition ou modification) des statuts”, “clause (ou disposition) dans les statuts”, “sauf clause (ou disposition) contraire”, “à défaut de clause (ou de disposition) contraire”, “sauf si les statuts l’excluent”, “à moins que les statuts en disposent autrement” et toutes les expressions similaires.

Entraremos próximamente en cuestiones de detalle, porque creo que hay muchas ideas interesantes: destaco una: la supresión del capital mínimo en la SARL.

No procede la reducción cuando se hace por compensación de deuda de un socio que no ha consentido: la RDGRN de 16-5-2018

30 mayo 2018

 

En este blog, como les pasa a muchas sociedades del IBEX, dependemos bastante del BOE. Llevamos un año de escasísima producción legislativa -lo que no es en sí mismo malo- y una extraña sequía de Resoluciones. Un día de estos las cuento, pero en materia mercantil llevamos varios meses de escasez. Dicho eso, como las Resoluciones nunca vienen solas no descarto que esta misma semana nos venga un diluvio.

Mientras tanto, un apunte sobre esta que publica el BOE de hoy: la RDGRN de 16 de mayo de 2018 (BOE de 30-5) referida a una reducción de capital, y cuyo recurso se estima parcialmente.

Recojo aquí las ideas básicas de la Resolución que plantea una serie de cuestiones de interés que desarrollaré próximamente.

-La junta general de una sociedad de responsabilidad limitada acuerda por unanimidad de los presentes, que representan un porcentaje del 85,7028% del total capital social, la  reducción del capital social mediante la restitución de aportaciones a todos los socios. En acuerdo aparte y en el que uno de los socios asistentes no vota a favor, se aprueba el sistema de restitución así como el procedimiento, consistiendo aquél en la reducción del nominal de todas las participaciones y este en la entrega de un cheque nominativo a cada socio, salvo al socio que no ha votado a favor del acuerdo a quien, en parte, se le paga mediante la compensación de una deuda contra la sociedad.

-El objeto de la presente se restringe a determinar: en primer lugar, si procede la inscripción de un acuerdo de reducción de capital por restitución de valor de las aportaciones cuando no consta el consentimiento de la totalidad de los socios. En segundo lugar, si procede la inscripción cuando la ejecución del acuerdo se ha realizado, en parte, mediante la compensación de una deuda de un socio que no ha prestado su consentimiento
-Procede la estimación del recurso en cuanto al primer defecto señalado por cuanto no resulta de los hechos que el acuerdo de reducción por restitución del valor de aportaciones, adoptado con la mayoría exigida por el artículo 199.a), de la Ley de Sociedades de Capital, suponga, en los términos de los artículos 329 y 330 de la propia ley, una violación del principio de paridad de trato en los términos que los mismos formulan. Resulta de los hechos que el acuerdo de reducción se adopta por unanimidad de los presentes, que se ejecuta mediante la disminución del nominal de las participaciones y que la disminución opera en la misma cantidad para cada participación social. No hay pues disparidad de trato ni merma alguna de la posición de los socios en la sociedad pues la conservan intacta sin dilución ni supresión del porcentaje sobre el capital que les correspondía con anterioridad a la adopción del acuerdo (y sin perjuicio de que, claramente, el resultado habría sido radicalmente distinto si la ejecución del acuerdo de reducción se hubiera llevado a cabo mediante la amortización de participaciones sociales).
-Distinta valoración merece el segundo defecto a que se refiere este expediente (número tercero de la nota). Ciertamente, la regulación de la Ley de Sociedades de Capital en sede de reducción de capital por restitución del valor de aportaciones no contiene una previsión expresa de que su ejecución haya de llevarse a cabo mediante la entrega de una cantidad de numerario a cada uno de los socios a los que afecte.
-En definitiva, tiene razón la recurrente cuando afirma que no existe precepto alguno que restrinja o prohíba la compensación como medio de extinción del crédito de reembolso pero carece de ella cuando pretende hacerlo valer frente al socio que ha votado en contra del sistema de reembolso y que no ha prestado su consentimiento.

El nuevo Reglamento del Registro Mercantil.

18 mayo 2018

Screenshot-2018-5-18 Normas en tramitación - Normativa - Ministerio de Justicia

 

Esta noticia de El Economista empieza diciendo que “El Ministerio de Justicia ha abierto el plazo para una consulta pública previa sobre la propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, que concluirá el 1 de junio”. El artículo se refiere al documento hecho público por el Ministerio de Justicia bajo el título Consulta pública sobre propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (de momento no he podido encontrar el texto sobre el que opinar: imagino que se podrá hacer aquí en breve)

El breve texto enumera las numerosas reformas de los últimos años y termina: “A este respecto, concluye la consulta señalando que desde 1996 han sido numerosos y sustanciales los cambios normativos con relevancia mercantil registral, que hace que una parte muy considerable del texto reglamentario carezca de vigencia y que sea necesaria su reforma. Su mantenimiento sin la debida actualización puede afectar al principio de seguridad jurídica

Como es sabido, de manera paralela o inmediatamente posterior a cada gran reforma del Derecho de sociedades ha sucedido una en el Reglamento del Registro Mercantil (1956, 1989, 1996). Esa tendencia se rompió primero con la Ley de Modificaciones Estructurales, luego con la Ley de Sociedades de Capital, el texto refundido y sus -numerosas- reformas posteriores además de otras normas -enumeradas en el texto-.

Llama la atención que se diga nueve años después que su mantenimiento sin la debida actualización puede afectar al principio de seguridad jurídica. Que el texto existe y está más o menos completo es alog sabido desde hace ya algunos años. Que no se haya activado hasta ahora obedece a razones que no se han hecho públicas.

En algún momento  he llegado a pensar que sin Reglamento del Registro Mercantil vivíamos mejor (referido naturalmente a las materias sustantivas, que son las que nos van a afectar, no cuestiones de organización o principios)

El periodo de consulta pública previa concluye el 1 de junio ¡dese usted prisa si tiene algo que decir y avise si encuentra el texto!

Esto se dice en la web del Ministerio

Los trámites de consulta pública previa tienen por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.

A continuación se recoge el listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentra abierto este trámite, indicando el título, la fecha en que finaliza el plazo de la consulta y el medio para realizar las aportaciones. 

 

AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA. Trámites abiertos.

Los trámites de audiencia e información pública tienen por objeto recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.

A continuación se recoge el listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentra abierto este trámite, indicando el título, la fecha en que finaliza el plazo de la consulta y el medio para realizar las aportaciones. ​

  • En la actualidad no hay trámites abiertos. 

EDITO y AÑADO (22-5-2018)

Me había llamado la atención la frase “pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario“, sobre todo porque no encontraba ese cuestionario y es que no lo hay. O no lo hay  en el sentido en que yo entiendo la palabra cuestionario. Tampoco existe texto del Reglamento para enviar las sugerencias.

En efecto, mirando con más atención el procedimiento y en concreto la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales veo que se dice lo siguiente

La opción «Consulta pública previa» recogerá un listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentre abierto este trámite, con el título y la fecha en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de entrada en el sistema, de más reciente a más antiguo.

En relación con cada proyecto normativo, se ofrecerá información sobre los siguientes aspectos:

– Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos).

– Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.

– Necesidad y oportunidad de su aprobación.

– Objetivos de la norma.

– Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

3. La opción «trámites de Audiencia e información pública» recogerá un listado de los proyectos normativos para los que se encuentre abierto este trámite, indicando la fecha en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de entrada en el sistema, de más reciente a más antiguo.

4. En ambos casos, se ofrecerá al ciudadano la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuadro de texto libre, con la opción de adjuntar documentos. Se enviará al ciudadano un aviso de la recepción de sus aportaciones.

Por tanto, se nos pide que nos pronunciemos (en un plazo breve de tiempo, pero eso al final es lo de menos) sobre un texto más o menos programático, en el que se enumeran las normas relevantes en materia de sociedades aparecidas en los últimos años que aconsejan la reforma y se nos dan una serie de objetivos que creo que todo el mundo puede compartir (sobre todo el segundo y el tercero, sobre el primero sí puede haber un debate o discusión de fondo interesante, pero que creo que en su caso debería haberse hecho mucho antes)

La propuesta persigue tres objetivos fundamentales:
-La adaptación de la norma reglamentaria al conjunto de reformas sustantivas realizadas en los últimos años;
-La configuración del Registro Mercantil como un registro electrónico y
-La incorporación de las normas sobre agilización de trámites y reducción de costes en la organización y funcionamiento de las sociedades y en sus relaciones con el Registro Mercantil.
La verdad, no me parece que la transparencia sea esto.

 

The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance

14 mayo 2018

 

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(Thanks to automatic translation an English version of this post can be found here)

El pasado viernes tuve la fortuna de asistir a la presentación de The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, una obra colectiva esencial, probablemente la más importante de este siglo en la materia. Simplemente viendo el índice de temas y los autores correspondientes nos hacemos una idea de la trascendencia de esta obra.

La presentación del libro estuvo a la altura de su contenido, con unas presentaciones y réplicas profundas y afiladas y debates repletos de ideas, un montón de ideas apretadas que fueron surgiendo durante toda la jornada con intervenciones tan sugerentes y brillantes como los propios títulos apuntan, el ya conocido From Corporate Law to Corporate Governance de Ronald Gilson o The Future of the Corporation  de Colin Mayer o el cierre final coral, Convergence and Persistence in Corporate Law – Globalisation, cross-border integration (EU) & disintegration (Brexit) .

El Corporate Governance se ha convertido en la pieza y motor esencial del derecho de sociedades en todo el mundo y esos problemas se comparten de manera universal. Con particularidades (pienso ahora mismo por ejemplo en las propias del caso español), con diferencias notables derivadas de la propia estrucutra de los mercados, con problemas de diseño general y de encontrar una explicación de las diferencias en el resultado ante soluciones idénticas. Las dudas acerca de si las preguntas que se hacen son las correctas, cómo afrontar la disrupción tecnológica o descendiendo a terrenos prácticos más concretos, una preocupación común sobre la calidad de las explicaciones -en ese sentido no somos los únicos que tenemos problemas con el comply or explain-.

El índice

Part l: Theoretical Approaches, Tools, and Methods
1: From Corporate Law to Corporate Governance, Ronald J. Gilson
2: Convergence and Persistence in Corporate Law and Governance, Jeffrey N. Gordon
3: Corporate Governance and Its Political Economy, Mark J. Roe and Massimiliano Vatiero
4: The “Corporate Contract” Today, Michael Klausner
5: The State of State Competition for Incorporations, Marcel Kahan
6: Culture and Law in Corporate Governance, Amir N. Licht
7: A Behavioural Perspective on Corporate Law and Corporate Governance, Jaap Winter
8: Empirical Studies in Corporate Law and Governance, Michael Klausner
9: The Benefits and Costs of Indices in Empirical Corporate Governance Research, Allen Ferrell
10: Taxonomies and Leximetrics, Mathias M. Siems
Part II: Substantive Topics
11: External and Internal Asset Partitioning: Corporations and Their Subsidiaries, Henry Hansmann and Richard Squire
12: The Board of Directors, Stephen M. Bainbridge
13: Executive Remuneration, Guido Ferrarini and Cristina Ungureanu
14: Institutional Investors in Corporate Governance, Edward Rock
15: Shareholder Activism: A Renaissance, Wolf-Georg Ringe
16: Corporate Short-Termism, Mark J. Roe
17: Majority Control and Minority Protection, Zohar Goshen and Assaf Hamdani
18: Debt and Corporate Governance, Charles K. Whitehead
19: Accounting and Financial Reporting: Global Aspirations, Local Realities, Lawrence A. Cunningham
20: Related Party Transactions, Luca Enriques
21: Control Shifts via Share Acquisition Contracts with Shareholders (Takeovers), Paul Davies
22: Mergers, Acquisitions, and Restructuring: Types, Regulation, and Patterns of Practice, John C. Coates IV
23: Groups of Companies, Klaus J. Hopt
24: Corporate Social Responsibility and Corporate Governance, Cynthia A. Williams
25: Comparative Corporate Governance in Closely Held Corporations, Holger Fleischer
Part III: New Challenges in Corporate Governance
26: Western versus Asian Corporate Governance Environments: The Role of Enforcement in International Convergence, Hideki Kanda
27: Corporate Governance in Emerging Markets, Mariana Pargendler
28: The Governance Ecology of China’s State-Owned Enterprises, Curtis J. Milhaupt
29: The Rise of Foreign Ownership and Corporate Governance, Merritt B. Fox
30: Governance by Institutional Investors in a Stakeholder World, Gerard Hertig
31: New Metrics for Corporate Governance: Shifting Strategies in an Aging IPO Market, Erik Vermeulen
Part IV: Enforcement
32: Corporate Law and Self-Regulation, David Kershaw
33: The Evolution in the U.S. of Private Enforcement via Litigation and Monitoring Techniques: Are There Lessons for Germany?, James D. Cox and Randall S. Thomas
34: Private and Public Enforcement of Securities Regulation, Howell E. Jackson and Jeffrey Y. Zhang
35: Public Enforcement: Criminal versus Civil, Amanda M. Rose
36: Corporate Litigation in Specialized Business Courts, Joseph A. McCahery and F. Alexander de Roode
37: The Compliance Function: An Overview, Geoffrey Parsons Miller
Part V: Adjacent Areas
38: Comparative Corporate Insolvency Law, Horst Eidenmüller
39: Corporate Governance and Employment Relations, Zoe Adams and Simon Deakin
40: Corporate Governance, Capital Markets, and Securities Law, A.C. Pritchard
41: Vertical and Horizontal Problems in Financial Regulation and Corporate Governance, Jonathan R. Macey and Maureen O’Hara
42: Corporate Governance in Banks, John Armour
43: Tax and Corporate Governance: The Influence of Tax on Managerial Agency Costs, David M. Schizer

 

La Comisión propone nuevas normas para ayudar a las empresas a trasladarse a otros países dentro de la Unión y a encontrar soluciones en línea

7 mayo 2018
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A falta de realizar comentarios ulteriores, de momento me limito a reproducir El comunicado de prensa hecho público el pasado 25 de abril:

“La Comisión Europea ha propuesto hoy nuevas normas relativas al Derecho de sociedades para facilitar la fusión, la escisión o el traslado de empresas dentro del mercado único.

Las nuevas normas también garantizarán la prevención del abuso fiscal y la protección de los derechos de los trabajadores. Las normas estimularán el potencial de crecimiento de las empresas europeas mediante la digitalización del proceso de creación y gestión de una empresa

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado: «En nuestro próspero mercado único de la UE, las empresas tienen la libertad de circular y crecer, pero esto debe hacerse de forma justa. La propuesta de hoy establece procedimientos claros para las empresas, con salvaguardias sólidas para proteger los derechos los trabajadores y, por primera vez, para evitar los montajes artificiales con fines de evasión fiscal y otras prácticas abusivas».

La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, ha declarado : «Con demasiada frecuencia se impide a las empresas europeas buscar oportunidades de negocio en el extranjero. Quiero cambiar esta situación y modernizar las normas del Derecho de sociedades. En primer lugar, deseo más soluciones en línea para las empresas europeas a fin de ahorrar costes y tiempo. En segundo lugar, deseo ofrecer a los empresarios honrados la elección del lugar para hacer negocios y de la manera de ampliar o reorganizar sus actividades».

Normas armonizadas sobre el traslado, la fusión y la escisión de empresas, con sólidas salvaguardias frente a las prácticas abusivas

La propuesta establece procedimientos comunes a nivel de la UE sobre la manera en que una empresa puede trasladarse de un país a otro de la UE, fusionarse o escindirse en dos o más nuevas entidades en diferentes Estados.

En consonancia con una sentencia que ha creado jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (véase la nota informativa), las empresas podrán trasladar su sede de un Estado miembro a otro siguiendo un procedimiento simplificado. Las nuevas normas sobre las conversiones y las escisiones transfronterizas incluirán ahora también medidas específicas que ayudarán a las autoridades nacionales a luchar contra las prácticas abusivas. Los traslados de este tipo incluirán salvaguardias eficaces contra los montajes abusivos para eludir la legislación tributaria, perjudicar los derechos de los trabajadores o poner en peligro los intereses de los acreedores o de los accionistas minoritarios. En tales casos, la autoridad nacional del Estado miembro de partida interrumpirá la operación incluso antes de que pueda tener lugar el traslado.

En la actualidad, las normas nacionales difieren en gran medida entre los Estados miembros o imponen demasiadas trabas administrativas. Esto disuade a las empresas de buscar nuevas oportunidades por temor a una burocracia excesiva. También significa que, cuando las empresas se trasladan, quedan sin proteger adecuadamente los intereses de los acreedores y de los accionistas minoritarios.

Las nuevas normas se inscriben en la actuación de la Comisión en favor de un mercado único más justo. También complementan las iniciativas recientes para reforzar las normas relativas a los trabajadores desplazados y la lucha contra la evasión y el fraude fiscales, así como la propuesta de la Comisión relativa a la Autoridad Laboral Europea. Al mismo tiempo, las nuevas normas permitirán a las empresas trasladarse o reorganizarse sin complicaciones jurídicas innecesarias y a un menor coste en todo el mercado único. Según las estimaciones de la Comisión, el ahorro de costes para las empresas se cifraría entre 12 000 y 19 000 euros por operación y entre 176 y 280 millones de euros durante un período de cinco años.

Creación de empresas en línea

En la actualidad solo hay 17 Estados miembros que ofrezcan un procedimiento íntegramente en línea para el registro de sociedades. Con arreglo a las nuevas normas, las empresas podrán inscribirse, establecer nuevas sucursales o presentar documentos en el registro mercantil en línea en todos los Estados miembros. La digitalización hace que el proceso de creación de una empresa sea más rentable y eficaz:

  • el registro en línea dura como media la mitad del tiempo y puede ser hasta tres veces más barato que el tradicional realizado en papel;
  • el ahorro en el caso del registro y la presentación de una solicitud a tal efecto en línea con arreglo a las nuevas normas se estima en un cifra comprendida entre los 42 y los 84 millones de euros al año para las empresas de la UE;
  • el principio de «solo una vez», incluido en la presente propuesta, acaba con la necesidad de presentar varias veces la misma información a distintas autoridades en el ciclo de vida de una empresa;
  • se pondrá a disposición de todas las partes interesadas más información sobre las sociedades de forma gratuita en los registros mercantiles.

Para prevenir el fraude y las prácticas abusivas, las autoridades nacionales podrán basarse recíprocamente en sus datos sobre los directivos inhabilitados. Si sospechan de la existencia de un fraude, las autoridades seguirán pudiendo solicitar la presencia física de los propietarios de la empresa. También podrán exigir la participación de agentes acreditados, tales como los notarios, en el proceso.

Contexto

En mayo de 2015, la Comisión anunció la Estrategia para el Mercado Único Digital, destinada a responder a los retos de la economía digital. En el marco de esta estrategia, la Comisión se comprometió a conseguir unas normas más simples y menos gravosas para las empresas. Esto incluye aportar soluciones digitales durante todo el ciclo de vida de una empresa, en particular en lo que atañe a su registro y a la presentación de sus documentos y datos. Asimismo, la Comisión anunció que estudiaría la necesidad de actualizar las normas sobre fusiones transfronterizas y de introducir normas sobre las escisiones transfronterizas.

En el Programa de Trabajo de la Comisión de 2017, esta anunció que presentaría una iniciativa en materia de Derecho de sociedades para facilitar el uso de las tecnologías digitales a lo largo de todo el ciclo de vida de una empresa, así como las fusiones y escisiones transfronterizas.

En octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró (C-106/16 Polbud) que la libertad de establecimiento comprende el derecho de una empresa a convertirse en una sociedad sujeta al Derecho de otro Estado miembro si cumple los requisitos del Estado miembro de destino para su incorporación (conversión transfronteriza).

Para más información:

Directiva en lo que respecta al uso de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades

Directiva en lo que respecta a las conversiones, fusiones y escisiones transfronterizas

Preguntas y respuestas

Página correspondiente a esta política

 

 

“This House believes that Brussels should have the power to block foreign takeovers”

3 mayo 2018

 

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Bajo el formato de un Oxford Union-style Debate  se discute el tema “This House believes that Brussels should have the power to block foreign takeovers”, recogiendo un debate del que puede verse su origen aquí o más recientemente aquí

Con dos defensores de la moción, L. Holle y P. Montagnon y dos opositores, J. Coffee y E-L von Thadden y amplia participación de la audiencia se llega a la votación final.

Proteccionismo, seguridad, Trump, China, reciprocidad,  son algunas de las palabras más repetidas.

Supongo que el debate podrá verse en un futuro próximo en la web de la ECGI. Muy recomendable y estimulante.

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Por cierto, el resultado: 15 a favor 17 en contra. Ha habido abstenciones