Si le pusiéramos banda sonora al proceso de elaboración de la Directiva sobre diligencia debida, sería apropiada esta canción. En el espléndido documental Get back podemos ver su gestación.
No creo que se deba solamente a los tiempos en que vivimos, en que todo se retransmite en directo. Da la impresión de que la Propuesta de Directiva tiene ya muchos años y lo cierto es que es de 2022. Sin embargo, ya anteriormente había trabajos previos a la Propuesta, que habían visto la luz y generado en su momento intensos debates.
La base de la discusión es conocida. En síntesis, en el núcleo de todo está la obligación que se pretendía imponer a las empresas europeas de determinada dimensión, una obligación de realizar un procedimiento de identificación, exclusión y mitigación de los riesgos de efectos adversos que pueda tener su actividad sobre los derechos humanos o el medio ambiente. Además de imponer un deber de diligencia a los administradores y la consiguiente responsabilidad.
Sin embargo, durante el avance de la tramitación, alguna de esas previsiones sufrió modificaciones importantes. En especial, el artículo 25 que era uno de los más controvertidos. Parecía en algún momento que la Propuesta no iba a salir adelante. En concreto el pasado 28 de febrero, fue rechazada por el Consejo Europeo. Alemania en primer término, pero también Italia y Francia mostraron su disconformidad con algunas de las obligaciones que se imponían. En ese momento y con la proximidad de las elecciones europeas y la disolución del Parlamento, parecía que la Directiva no iba a acabar de ver la luz. Sin embargo, el pasado viernes 15 de marzo se volvió a dar un impulso que esta vez parece definitivo, con la aprobación de un texto que rebaja las propuestas iniciales, que parece que se votará definitivamente a finales de abril. A falta de leerlo con detalle, uno de los aspectos más importantes está en el umbral exigido para quedar sometido a la Directiva, que al parecer afectará ahora a menos empresas de las que se había previsto inicialmente (el umbral de 450 millones de euros de volumen de negocios neto).
Sobre los antecedentes y en general el cambio de rumbo del gobierno corporativo en los últimos tiempos, escribí en Quo vadis, Corp. Gov. (Revista de Derecho del Sistema Financiero, Nº. 2, 2021). Puede verse también Recalde La inclusión de objetivos públicos en la gestión de las sociedades de capital, publicado en los Estudios jurídicos en homenaje al profesor Ricardo Alonso Soto y también disponible aquí
Seguiremos con atención el camino hasta la aprobación definitiva
Etiquetas: corporate governance, directiva diligencia debida
Mercantilista sin ánimo de lucro 
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