X Jornada de Barcelona sobre Derecho de la propiedad industrial (7 de noviembre)

2 octubre 2019

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Como suelo hacer por estas fechas, doy publicidad de la X Jornada de Barcelona sobre Derecho de la propiedad industrial que se celebrará el día 7 de noviembre en la Casa Llotja de Mar. De nuevo hay que felicitar a su director, el Profesor Ramón Morral, por la constancia y por la selección de temas y participantes, que provienen -como los asistentes- de los distintos sectores: de la Universidad, de la judicatura, de la abogacía y de la empresa. La reforma de la Ley de Marcas en virtud del RD-Ley 23/2018 y la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales son en esta ocasión los protagonistas de la Jornada. El formato, como siempre, permite acercarse a la cuestiones tratadas desde diversas perspectivas como puede comprobarse de la simple lectura del intenso programa, que puede consultarse para el resto de detalles aquí.

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Derecho de Sociedades Europeo

18 septiembre 2019

Screenshot_2019-09-05 Correu - Jorge Miquel uab cat

 

Retomo el blog más de una semana después de haber empezado las clases. Recuerdo -de estudiante- haberlas iniciado alguna vez justo después del puente del Pilar. Ahora no llegamos a tanto, pero empezamos antes que los colegios. Julio y septiembre, por diversos motivos, se han convertido en días casi inhábiles para nosotros. Inhábiles para escribir, investigar, cerrar trabajos o abrir otros. Pero eso lo dejo para otro día.

Empiezo complacido, anunciando la próxima aparición de este Derecho de Sociedades Europeo, libro que hemos coordinado Adoración Pérez Troya y yo mismo y reúne a un buen número de colegas (y amigos) que en muchos casos trabajan sobre sus temas, en el estudio sistemático del Derecho comunitario de sociedades.

Como comentamos en la introducción tratamos de dar una panorámica general del Derecho de sociedades de la UE, explicando por supuesto la abundante normativa -y sus modificaciones sucesivas- pero prestando atención también a la jurisprudencia del TJUE. Ha coincidido la finalización del libro con la aprobación de dos importantes Directivas que se recogen de manera cumplida en los capítulos 3º y 12º lo que creo que permite afirmar que la aparición de la obra es muy oportuna. Esperamos que también sea de utilidad.

Dejo para comentar en días futuros en este mismo sitio algunas cosas que he aprendido -o a las que he prestado mayor atención- redactando mi capítulo. Sobre todo en lo que podíamos bautizar como cosas que permite hacer la Directiva pero nuestro legislador no ha incorporado.

Adelanto aquí el sumario de la obra y sus autores

 I.  PRINCIPIOS DEL DERECHO DE SOCIEDADES EUROPEO. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES

Capítulo 1º. Derecho originario: Principio de libre establecimiento. Derecho secundario: Armonización y Derecho uniforme (Górriz)

Capítulo 2º. Constitución de sociedades (Miquel)

Capítulo 3º. Procedimiento en línea (constitución, registro y presentación de documentos e información), publicidad y registros (Cabanas)

Capítulo 4º. El capital social (A propósito de la Directiva (UE) 2017/1132) (Machado)

Capítulo 5º. La regulación de los estados financieros (Sanz)

II GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES

Capítulo 6º (I). La influencia de las Directivas europeas en materia de sociedades sobre la junta de la sociedad de capital (Morral)

 Capítulo 6º (II). La armonización de las normas nacionales en materia de derechos de los socios (Boet)

 Capítulo 7º. La regulación europea de la administración societaria (Ribas)

III. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES, OPAS Y RESTRUCTURACIONES SOCIETARIAS

Capítulo 8º. Transformaciones transfronterizas (Arenas)

Capítulo 9º. La regulación europea de las fusiones de sociedades (Pérez Troya)

Capítulo 10º. La regulación europea de las escisiones de sociedades (Pérez Troya)

Capítulo 11º. Ofertas Públicas de Adquisición (OPAS) (Sala)

 Capítulo 12º. Aspectos societarios en la Directiva sobre reestructuración e insolvencia (Mercadal)

Admisión de convocatoria por correo electrónico aunque no haya confirmación de lectura (RDGRN de 19-7-2019)

7 agosto 2019

Screenshot_2019-08-07 Agregar y solicitar confirmaciones de lectura y notificaciones de entrega

La RDGRN de 19 de julio de 2019 (BOE de 7-8) estima el recurso interpuesto ante la denegación inscripción de la siguiente cláusula estatutaria de convocatoria de junta (cláusula demasiado larga a mi juicio):

«Artículo 21.º Toda Junta General deberá ser convocada por medio de cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, incluyendo medios electrónicos, realizada tanto por el servicio postal universal como por un operador distinto, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o que conste en la documentación de la sociedad (considerándose como tal el que figure en el Libro Registro de Socios, y a falta de él, el domicilio que conste en el documento o título de adquisición de la condición de socio) o en la dirección de correo electrónico facilitada por cada socio y que conste asimismo en el Libro Registro de Socios (con confirmación de lectura teniendo en cuenta que la negativa de confirmación a la petición de lectura del envío del correo de convocatoria producirá los efectos de la misma siempre que no hubiera sido devuelto por el sistema) ajustándose, en todo caso, el contenido de la convocatoria a lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos de fusión y escisión, en que la antelación deberá ser de un mes como mínimo, computándose el plazo a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos, A estos efectos, los socios residentes en el extranjero, deberán designar un lugar en territorio nacional para notificaciones. El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día en el que figurarán los asuntos a tratar y además se hará constar en el anuncio las menciones obligatorias que para cada caso exija la Ley con relación a los temas a trata; figurando asimismo el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. En todo caso, quedan a salvo otras formas especiales de convocatoria previstas, en su caso, en la Ley 3/2009 o en el Real Decreto Legislativo 1/2010».

Se discute el subrayado en negrita, que es el motivo de denegación

No puede admitirse el sistema de convocatoria de junta por correo electrónico sin exigir la confirmación de lectura establecido en el nuevo art. 21 de los estatutos adaptados. Art. 173.2 de la LSC y RDGRyN de 28 de octubre de 2014.

Me parece gracioso el alegato del notario en favor del uso del correo electrónico

En realidad es más segura esta forma de comunicación en el sentido de que será más probable que la reciba el destinatario y que la conozca, a la forma de convocatoria legal subsidiaria de primer orden a la web, que es el anuncio en el BORME y en un periódico de gran difusión en la provincia del domicilio social, pues -permítaseme la chanza- a ver quién siendo socio de una sociedad domiciliada en Gijón, consulta el boletín mercantil o lee «La Nueva España» viviendo en Castro Caldelas (Orense); e incluso si la comunicación se hace a través de correo certificado con acuse de recibo, pues puede que el socio que vive solo lo hayan intervenido y esté ingresado en el hospital de Cabueñes tres meses, porque la cosa se complicó, y en ese plazo se convoca la junta y se envía la carta, recibiendo la sociedad el acuse de recibo del servicio postal con la nota de ausente.

La DGRN admite la cláusula tal como está formulada

En el presente caso, la forma de convocatoria se concreta, entre otras, en la realizada por medio de cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, por medios electrónicos que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en la dirección de correo electrónico facilitada por cada socio y que conste asimismo en el Libro Registro de Socios, con confirmación de lectura. De la interpretación teleológica y sistemática del artículo 173 LSC (cfr. artículo 11 quater de la misma ley), atendiendo además a la realidad social sobre la utilización de las comunicaciones por vía telemática (artículos 3.1 del Código Civil y 231-59 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, objeto de informe en el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2014) y al principio de autonomía de la voluntad que respecto de tal extremo se reconoce por la ley (cfr. artículo 28), resulta la admisibilidad de la cláusula estatutaria debatida. Indudablemente, el sistema previsto permite asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio. Respecto de la prueba de esa recepción, que en el estado actual de los envíos telemáticos puede fácilmente obtenerse (por ejemplo, mediante los sistemas de la denominada «confirmación de entrega», etc.), la concreta disposición estatutaria objeto de la calificación impugnada incluye la confirmación de lectura. Y esta conclusión no puede quedar empañada por el hecho de que se disponga adicionalmente «que la negativa de confirmación a la petición de lectura del envío del correo de convocatoria producirá los efectos de la misma siempre que no hubiera sido devuelto por el sistema», pues interpretada esta disposición en el sentido más adecuado para que produzca efecto (artículo 1284 del Código Civil) únicamente puede entenderse como una vía para que, acreditada en la forma pactada la remisión y recepción de la comunicación telemática, prevalezca tal procedimiento sobre la actitud obstruccionista del socio que se niegue a dicha confirmación de lectura, de suerte que en tal caso incumbirá a dicho socio la prueba de la eventual falta de convocatoria.

 

 

 

Otra de identidad de denominaciones: la RDGRN de 3-7-2019

26 julio 2019

Le Crotoy à marée haute - Georges Seurat

Dentro de la escasez de Resoluciones de la DGRN de las últimas semanas llama la atención que hay dos sobre denominaciones. La anterior, de 21 de junio de 2019 (BOE de 17 de julio), “Ardo Benimodo”, fue objeto de comentario por parte de Jesús Alfaro aquí. La otra es la de 3 de julio de 2019 (BOE de 26 de julio), “Grupo Juinsa, Sociedad Limitada”.

A veces sucede, nada más ver el motivo de la controvesia uno ve claro el resultado final. Desde luego, la primera impresión es que no hay identidad en el sentido del RRM.

Segundo. Que, por consiguiente, el Registrador que suscribe pasa a razonar detalladamente los motivos de su calificación de fecha 25/02/19, de la denominación “Grupo Juinsa, Sociedad Limitada”.

Tercero. Que, examinada la Sección de Denominaciones que obra en este Registro, resulta la existencia de las denominaciones –entre otras–, “Junsa, S.L.”, “Junisa, Sociedad Anónima”, “Juin, Sociedad Anónima”, y “Joinsa, S.A.”

5. Detectar la identidad de denominaciones es una tarea eminentemente fáctica, por lo que exige una especial atención a las circunstancias de cada caso. No cabe olvidar que se trata de valorar cuándo el nombre identifica, con un cierto margen de seguridad, al sujeto responsable de determinadas relaciones jurídicas. Por ello, si la interpretación de los criterios normativos, sobre todo la de aquellos que incorporan conceptos revestidos de una mayor indeterminación, como los relativos a términos o expresiones «genéricas o accesorias», a signos o partículas «de escasa significación» o a palabras de «notoria semejanza fonética» no tiene por qué realizarse de forma restrictiva, tampoco cabe en ella una gran laxitud, o la consideración de que no sea posible la aplicación simultánea de dos o más de esos criterios que se incluyen en el citado artículo 408 (por ejemplo, la adición de un término o palabra genérica, añadida a la existencia o no de un mero parecido fonético, o esté unido a la alteración del orden de las palabras, etc.), de suerte que puedan llevar a considerar como distintas determinadas denominaciones a pesar de la semejanza que presenten si ésta no es suficiente para dar lugar a errores de identidad. En ese difícil equilibrio se ha de desenvolver la tarea de calificar la identidad de las denominaciones, de modo que la interpretación y aplicación de tales normas, conforme al criterio teleológico apuntado, ha de atemperarse a las circunstancias de cada caso.

 

6. Atendidas las consideraciones anteriores la cuestión se centra en determinar si entre la denominación solicitada y aquellas ya registradas señaladas por el registrador en su nota existen elementos suficientes que puedan sostener la existencia de una identidad sustancial que justifique la negativa del registrador, lo que exige la realización de un análisis individualizado en relación con las denominaciones previamente inscritas (prescindiendo de la forma social, artículo 408.3 del Reglamento del Registro Mercantil).El término incluido en la denominación solicitada, «Juinsa», presenta una evidente semejanza con los incluidos en las registradas «Junsa», «Junisa» y «Joinsa», y en menor medida con «Juin», pero es forzoso reconocer que aun semejantes las denominaciones referidas son claramente diferenciables pues, no siendo idénticas, existen elementos que las hacen discernibles.Así ocurre entre la solicitada, «Grupo Juinsa, Sociedad Limitada», y la existente «Junsa», pues la existencia de una vocal adicional en aquella constituye un elemento suficientemente diferenciador. La misma apreciación merece la relación entre la solicitada y la existente «Junisa, Sociedad Anónima», pues la diferente colocación de las letras en el primer término de ésta es suficiente para distinguirla gráfica y fonéticamente. También se diferencia la denominación solicitada de la preexistente «Joinsa, S.A.», dada la diferente vocal que se incluye como segunda letra en ambas. Y mayor diferencia existe con la denominación registrada «Juin, Sociedad Anónima», siendo en este caso el elemento diferenciador las dos últimas letras –consonante y vocal– del término «Juinsa».Si se tienen en cuenta las anteriores diferencias, y aun cuando el término «Grupo» que se contiene en la denominación pretendida se encuentra incluido en la relación de términos o expresiones genéricas –carentes de suficiente valor distintivo– a que hacen referencia los artículos 408 del Reglamento del Registro Mercantil y 10 de la Orden de 30 de diciembre de 1991, lo cierto es que aquellas diferencias gramaticales y fonéticas unidas a la inclusión de aquel término tiene como resultado que se trate de denominaciones claramente diferenciables a los efectos de la exigencia legal de identificación, según ha quedado anteriormente expuesto.

 

 

Georges Seurat, Le Crotoy à marée haute

Transmisión forzosa, exclusión de socios y limitación estatutaria del derecho de voto: la RDGRN de 23 de mayo de 2019

13 junio 2019

Ciervo

 

 La RDGRN de 23 de mayo de 2019 (BOE de 13 de junio) supone una continuación de la comentada en la entrada anterior, la de 9 de mayo a la que esta misma también se refiere (por esas cosas que tiene Twitter, ya tenía noticia anticipada de su existencia).  De nuevo se plantean cuestiones relativas a una serie de cláusulas estatutarias en una SL, acordadas de manera unánime en junta universal, referidas a una transmisión forzosa, con exclusión de socios y una limitación del derecho de voto. La Resolución es larga, tiene 17 páginas, y por tanto me dejo por razones de espacio muchas cosas de interés. Merece profundizarse en toda la reflexión relativa a la forma de valoración de las participaciones, en donde se hace un completo repaso a la propia doctrina previa.

Remitiéndose a su previa Resolución de 9 de mayo dice la RDGRN:

– En relación con el derecho de adquisición preferente en caso de inicio o apertura de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones sociales […] tiene razón el recurrente al afirmar que, admitiendo como admite la causa de exclusión del socio consistente en el inicio del procedimiento de embargo, resulta contradictorio rechazar para el mismo caso la configuración estatutaria del previo derecho de adquisición en favor de la sociedad y los socios.

El régimen de transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos «inter vivos» únicamente queda sujeto a los límites generales derivados de las leyes y de los principios configuradores del tipo social elegido (artículo 28 LSC) así como a las limitaciones específicas establecidas en el artículo 108 de la misma ley. Entre tales limitaciones legales no existe ninguna que prohíba pactar como precio o valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor contable que resulte del último balance aprobado por la junta general

Es también muy relevante la limitación en el ejercicio del derecho de voto que se admite:

Por último, debe decidirse si es o no inscribible la cláusula estatutaria por la cual se previene que, mientras las participaciones sociales afectadas por el embargo no sean transmitidas en la forma establecida en los mismos estatutos –anteriormente expuesta–, tales participaciones no conferirán a su titular el «ejercicio del voto en acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una mayoría reforzada según lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos, detrayéndose su participación del cómputo de votos a los efectos de quórum y mayorías establecidas». Es cierto que, como expresa la registradora en su calificación, la LSC no contempla expresamente esta limitación en el ejercicio del derecho de voto, a diferencia de otros supuestos que cita. Pero tal circunstancia no autoriza para concluir que con tales previsiones legales expresas se cercena el margen de autonomía de la voluntad de los socios para prevenir la suspensión del ejercicio del derecho de voto en otros supuestos en los que, según la valoración de todos aquellos al instrumentar por unanimidad la cláusula debatida, existe un interés en dicha suspensión. Si se tiene en cuenta la flexibilidad del régimen jurídico de la sociedad de responsabilidad limitada, con admisión expresa de creación de privilegios respecto del derecho de voto (cfr. artículos 96 -«a contario sensu»- y 188.1 LSC, con posibilidad incluso de crear participaciones sin voto –artículos 98 y siguientes de la misma ley–), debe admitirse también que los socios configuren estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del sufragio, más allá de los supuestos de conflicto de intereses expresamente contemplados en al artículo 190 de dicha ley. No puede haber obstáculo, pues, para que en esos concretos supuestos los estatutos prevean que en la formación del acuerdo social no cuente el socio cuyas participaciones se hallan en trance de transmisión por estar afectadas por el inicio de un procedimiento de embargo, al modo que la misma LSC prevé expresamente para otros supuestos (cfr. RDGRN de 16 de mayo de 1989)

Las cláusulas objeto de discusión:

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DGRN admite que estatutos contemplen que en caso de transmisión forzosa el valor razonable sea el valor contable del último balance aprobado en junta

3 junio 2019

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La RDGRN de 9 de mayo de 2019 (BOE de 1 de junio) estima el recurso interpuesto ante la denegación de inscripción de una cláusula estatutaria de transmisión forzosa de participaciones. La claúsula por cierto, se votó en una junta universal con el acuerdo unánime de todos los socios.

La denegación obedece a que no es conforme “a lo regulado en el art. 109.3 LSC en donde el precio en caso de transmisión forzosa viene predeterminado y no en función del valor razonable“.

El tenor literal de la cláusula propuesta, así como otra conectada con ella:

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El recurso es detallado y tiene diversos argumentos, resumidos por la propia DGRN en los Fundamentos de Derecho

El recurrente alega: a) que los acuerdos de modificación de estatutos han sido adoptados en junta general universal de la sociedad, por unanimidad; b) que el procedimiento de transmisión se ajusta a lo dispuesto en los artículos 175.2.b) y 188.3 del Reglamento del Registro Mercantil, 109 de la Ley de Sociedades de Capital y 635 y 637 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; c) que el método de valoración se ajusta al admitido por la Resolución de este Centro Directivo de 15 de noviembre de 2016, y d) que en el artículo 34 de los estatutos sociales se establece el mismo sistema de valoración de participaciones sociales para el caso de separación y exclusión de socios, siendo además causa de exclusión el inicio de un procedimiento administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones.

De entre ellos destaco este:

En este caso, la referida cláusula estatutaria cuya inscripción ha sido denegada es preciso contextualizarla con el caso resuelto por la citada RDGRN de 15 de noviembre 2016, pues en ésta se aceptaba para la transmisión ínter vivos que el precio de adquisición se calculara conforme al valor contable resultante del último balance, aun en el caso de que éste fuera inferior al precio inicialmente ofertado por el tercero adquirente. No cabe entenderse pues que sí se permita dicho método de valoración en las transmisiones ínter vivos, pero no en las forzosas, lo que equivaldría a una evidente desigualdad, dado que en este caso, nos encontraríamos con la situación de que un tercero adquirente de buena fe por transmisión ínter vivos podría entrar a formar parte del capital social de la sociedad en condiciones más perjudiciales que las de un embargante, si resulta que el valor contable es superior al que se haya considerado como razonable por un experto independiente, o en condiciones más beneficiosas si al contrario, el valor contable es inferior al valor razonable calculado.

La Resolución es también extensa y detallada, se citan numerosos antecedentes y concluye precisamente haciendo referencia al argumento que acabamos de destacar.

Por lo demás, ninguna objeción opone el registrador en cuanto a la determinación del valor razonable que haya de satisfacerse al socio quien ejercite el derecho estatutario de adquisición previa de las participaciones o la sociedad que acuerde su exclusión. No obstante, deben ser tenidas en cuenta «mutatis mutandis» las consideraciones anteriormente expresadas sobre la admisión por la Resolución de 15 de noviembre de 2016 de la inscripción de la disposición estatutaria sobre un derecho de adquisición preferente ejercitable por el valor razonable de las participaciones, que sería el valor contable resultante del último balance aprobado por la junta. A mayor abundamiento, admitida por el registrador una cláusula análoga a la misma para determinar la cuota de liquidación del socio en el artículo 34 de los estatutos, ningún reparo podría oponerse a la misma cláusula prevista para el derecho de adquisición previa ejercitable por la sociedad y los socios.

 

Deutscher Corporate Governance Kodex

30 mayo 2019

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Tengo conocimiento, a través del excelente blog de Robert Goddard, Corporate Law and Governance, de la reciente aparición de la nueva versión del Deutscher Corporate Governance Kodex. Me parece un ejercicio interesante ir repasando las distintas novedades en los distintos Códigos, pues todos tienen el rasgo común de ir actualizándose cada poco tiempo, y nacen ya con esa vocación. En este caso, la versión anterior es de 2017. El Código no será publicado oficialmente hasta que se incorpore al Derecho alemán la Directiva 2017/828, también pendiente de adaptación en España (cfr. aquí el detallado comentario de Marta Soto-Yarritu sobre el Anteproyecto, conocido esta misma semana). Sigue habiendo, a lo largo de los años, pese a las particularidades de cada ordenamiento preocupaciones comunes, derivadas a veces de la propia normativa comunitaria pero que revelan también que la evolución en la regulación del buen gobierno va dejando atrás algunas cuestiones y se va centrando en otras nuevas.

También es interesante apreciar que también en Alemania la recepción a las diferentes recomendaciones suele ser tibia, cuando no directamente fría. Se subraya de maner expresa que la relevancia del Código para las propias compañías y los inversores, pero se advierte que la discusión sobre los estandares de buen gobierno corporativo se asumen de manera muy defensiva por las empresas (dass die Diskussion über die Standards guter Corporate Governance von den Unternehmen in weiten Teilen defensiv geführt wird).

En el caso del Kodex alemán las novedades principales –según la nota de prensa publicada, de la que hemos manejado su versión inglesa principalmente- giran en torno a las siguientes cinco cuestiones:

1. Se modifican las recomendaciones referidas a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración  -el Vorstand, tradicionalmente llamado entre nosotros Directorio-. Recordemos que Alemania es la cuna del sistema dual de administración, del que tenemos un rastro en nuestro ordenamiento en la regulación de la Sociedad Anónima Europea que contiene la LSC, que se refiere a la dirección y al Consejo de control -el Aufsicht Rat o Consejo de vigilancia-. Las novedades se refieren a cuestiones como la remuneración variable a largo plazo y las referencias a la sostenibilidad entre otras.

2. Se proponen una serie de medidas relativas a corregir la falta de independencia de los representantes de los accionistas en el Consejo de vigilancia, estableciendo una serie de indicadores que indican esa falta de independencia.

3. Se simplifican los Informes de Gobierno Corporativo.

4. Recomendaciones de limitaciones a la presencia en diversos Consejos de Vigilancia (por el mismo principio que requiere tener un tiempo de dedicación suficiente que ahora también está en nuestra LSC para los consejeros: arts. 225 y 529 quindecies).

5. Sugerencia de que el Consejo convoque Junta Extraordinaria en caso de OPA (la versión alemana habla de Anregung, mientras que en otros casos sí utiliza la expresión Empfehlung) .

 

** Berlin, mayo de 2018. WielandStraße, que se cruza con la Mommsen Straße muy cerca de la Savignyplatz

 

 

 

 

 

 

Estadísticas societarias de 2018

12 abril 2019

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De nuevo se publican las estadísticas que anualmente se vienen elaborando por el Colegio de Registradores (Estadística Mercantil 2018) así como la del Registro Mercantil Central, y como venimos haciendo con regularidad, reiteramos el comentario anual con algunas ideas.

Se mantiene estable el número y proporción de anónimas y limitadas que se constituyen cada año

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Screenshot_2019-04-11 ESTADISTICAS-2018 pdfSiempre es interesante ver esas otras formas con un poco de detalle:

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Además, tampoco está de más fijarnos en la extinciones.

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Como dato indicativo de las sociedades activas, podemos fijarons en las sociedades que depositan cuentas

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Asimismo, las cuentas consolidadas también nos dan una idea

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En lo referido a la distribución de órganos de administración

Screenshot_2019-04-11 Estadistica_Mercantil_2018 pdf(4)En cuanto a las sociedades unipersonales sigue la tendencia creciente: son ya el 40% del total. A este ritmo, en un futuro no muy lejano probablemente tengamos en nuestro mercado una amplia mayoría de sociedades unipersonales -con robots de socios únicos-.

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En fin, continúa el escaso éxito de las páginas web corporativas inscritas. Las indudables ventajas que ofrece no se compensan, con toda seguridad, seguro, por los costes y riesgos asociados a su mantenimiento.

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Otra de suspensión de depósito de cuentas. Aquí en espera de que el Juzgado Mercantil resuelva el recurso

11 abril 2019

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Parafraseando el célebre eslogan (veo que la primera vez que se utilizó fue en 1960 y visto ahora, se constata que su estética era muy moderna), podemos decir que ya es primavera en la DGRN. La RDRGN de 21 de marzo de 2019 (BOE de 9 de abril) plantea, igual que la del último día de invierno,  un problema de depósito de cuentas. El caso se parece mucho al anterior, con un añadido: se ha impugnado ante el Juzgado Mercantil la Resolución de la DGRN que resolvía la controversia. El resultado es el mismo. El razonamiento añade unas ideas a la comentada ayer.

 La particularidad del supuesto de hecho es que de la hoja particular de la sociedad resulta la anotación preventiva de medida cautelar ordenada por el juez de lo Mercantil para que en tanto no recaiga resolución definitiva se abstenga –el registrador– de proceder al nombramiento de auditor de cuentas. Con independencia de la imposibilidad de cumplir el tenor literal del mandato judicial, dada la efectiva designación e inscripción en el Registro Mercantil del auditor de cuentas, el registrador suspende la práctica del depósito de cuentas solicitado hasta que, recaída la resolución judicial firme, se despeje la incógnita de si es preciso o no acompañar al depósito el informe de verificación realizado por auditor de cuentas .Esta Dirección General confirma la decisión del registrador Mercantil porque, de conformidad con la doctrina expuesta más arriba, en tanto el contenido del Registro no sea definitivo no es posible calificar de conformidad con el mismo (artículo 18 del Código de Comercio), y, en consecuencia determinar de forma igualmente definitiva si las cuentas anuales deben ir o no acompañadas del informe de auditor. Los argumentos de contrario del recurrente no pueden enervar dicha conclusión. No es cierta la afirmación de que el registrador está incumpliendo el mandato del juez de lo Mercantil porque no es cierta la afirmación de que de la existencia de la medida cautelar se sigue que no existe obligación de verificar las cuentas anuales. Bien al contrario. El registrador ha cumplido rigurosamente las consecuencias lógicas de la existencia de la anotación preventiva de medidas provisionales que le impone abstenerse de actuar en tanto no recaiga una resolución firme. La deducción del recurrente de que no existe obligación de auditar porque existe la medida provisional prevista en el auto del juez es inadmisible. El objeto del procedimiento judicial que ha entablado el recurrente es precisamente determinar si procede o no la verificación de las cuentas anuales y si, en consecuencia, es preceptivo o no que el depósito de cuentas venga acompañado del oportuno informe. En tanto no recaiga sentencia firme el registrador no puede tomar la decisión de si procede o no la aplicación del artículo 279 LSC. Es igualmente inadmisible la afirmación de que el juez ha apreciado el buen derecho del recurrente por lo que el depósito debe practicarse sin venir acompañado del informe de verificación. Una cosa es que el juez de lo Mercantil haya aceptado la solicitud de una medida provisional y otra muy distinta que haya resuelto sobre la pretensión de fondo. […]

Dice por último algo que ya decía en la anterior

Finalmente esta Dirección General reconoce que, como dice el recurrente, la falta de depósito de las cuentas sociales tiene o puede tener consecuencias negativas. Ahora bien dichas consecuencias son el resultado de que el ordenamiento jurídico ha garantizado el derecho de la sociedad a oponerse y a recurrir contra la pretensión de un socio minoritario de que se verifiquen las cuentas anuales suspendiendo los efectos de una resolución administrativa definitiva en tanto no resulte una resolución judicial firme. Es precisamente el ejercicio por la sociedad del conjunto de derechos que le reconoce el ordenamiento el que provoca una dilación que sin duda no es beneficiosa, por mucho que sea inevitable. Lo que no puede pretender el recurrente es que la defensa de su derecho se resuelva en el perjuicio del derecho de la otra parte, la que ha solicitado la verificación contable, en un procedimiento en el que no está llamada a participar.

Debe suspenderse el depósito de cuentas hasta que se decida el expediente judicial de designación de auditor

10 abril 2019

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La RDGRN de 20 de marzo de 2019 (BOE de 9 de abril) se resume con la copia textual de unos pocos párrafos de la misma.

EL PROBLEMA

Solicitado el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017 de una sociedad de responsabilidad limitada, la registradora resuelve no llevarlo a cabo por no venir acompañado del informe de auditoría al no resultar resolución firme sobre la procedencia de la designación de auditor. De la documentación aportada y del informe de la registradora resulta: a) Que en fecha 23 de octubre de 2018 se presentó la solicitud de depósito de cuentas. b) Que en fase de calificación y consultada la hoja registral de la sociedad consta iniciado un expediente de designación de auditor a instancia de la minoría, expediente del que resulta resolución de suspensión por litispendencia civil. c) Que notificada la anterior a las partes ninguna de ellas interpuso recurso deviniendo firme. d) Que la registradora conviene con el recurrente que la nota de calificación debe entenderse condicional para el caso de que del expediente de designación de auditor a instancia de la minoría resulte la procedencia de la designación. El interesado recurre en los términos que resultan de los hechos.

PENDIENTES DE LA DECISIÓN DEL REGISTRADOR

En los supuestos normales, pendiente la decisión del registrador sobre la procedencia de designación de un auditor a instancia de la minoría habrá que esperar a que se finalice el oportuno expediente con la resolución estimatoria o desestimatoria. Hasta ese momento la situación registral no resultará definitiva y no podrá el registrador decidir sobre el resto de solicitudes de asiento que estén presentadas en el Registro Mercantil.

Y EN CASO DE LITISPENDENCIA CIVIL …

El mismo razonamiento se produce cuando como consecuencia de la suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría por existencia de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cual haya de ser la situación registral, indeterminación que impide al registrador Mercantil pronunciarse hasta que devenga definitiva (artículo 18 del Código de Comercio).

Esta Dirección General ha reiterado que el registrador debe suspender el ejercicio de su competencia si se le acredita debidamente que la cuestión que constituye el objeto del expediente está siendo objeto de conocimiento por los tribunales de Justicia. Así lo ha afirmado la doctrina elaborada por esta Dirección General en sede de recursos contra la designación de auditor a instancia de la minoría (Resoluciones de 22 de septiembre de 2012, 13 de mayo y 20 de diciembre de 2013 y 31 de enero, 5 de agosto, 1 de octubre y 10 de diciembre de 2014, entre las más recientes), cuando afirma que procede la suspensión del procedimiento cuando se está discutiendo en vía judicial su legitimación en cuanto constituye la base sobre la que se ejercita el derecho (bien porque se discuta su condición de socio, bien porque se discuta el porcentaje de participación en el capital social, bien para discutir si el solicitante es titular de participaciones concretas, bien de un porcentaje sobre un conjunto de ella o bien por cualquier otro motivo relevante). El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida este siendo ejercitada por los tribunales impide que esta Dirección General se pronuncie en tanto no exista una resolución judicial firme al respecto.Así lo entiende hoy expresamente la reciente Ley 15/2015, de 2 julio, de la Jurisdicción Voluntaria, cuando afirma en su artículo 6.3: «Se acordará la suspensión del expediente cuando se acredite la existencia de un proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, debiendo tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».

 

(*) Wild Horses of Shackleford Banks, Brad Styron